MADURO Y SOBERANÍA SELECTIVA: LA QUE OCHO MILLONES PERDIERON, LA QUE AFECTÓ A OTROS PAÍSES Y QUE SEIS GOBIERNOS IGNORAN
Por: Luis Saavedra Contreras
El comunicado emitido por los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España refleja una interpretación empobrecida y políticamente disfuncional del principio de soberanía, reduciéndolo a una noción meramente territorial y desprovista de sus consecuencias humanas, económicas y de seguridad regional. Omite que la soberanía no es solo defensa del territorio, sino protección efectiva de los ciudadanos y respeto a la soberanía de otros Estados. El Estado existe para proteger al Soberano: ciudadano, y su primera obligación es garantizar la vida, la libertad, la seguridad y la dignidad humana. La integridad territorial es un medio; la protección de las personas es el fin. Un gobierno que falla sistemáticamente en esta misión pierde legitimidad soberana, aunque conserve control formal sobre instituciones y fronteras. Cuando un Estado no puede o no quiere proteger a su población, y en su lugar la asesina, la expulsa mediante hambre, represión y colapso institucional, ha quebrado el núcleo del pacto soberano. Venezuela es un caso extremo: más de ocho millones de ciudadanos forzados al exilio, el mayor desplazamiento humano del hemisferio occidental. Según la ONG Provea, entre 2013 y 2023 se registraron más de 1.600 víctimas de tortura, más de 7.300 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y más de 10.000 asesinatos cometidos por agentes de seguridad del Estado. El 2017, año marcado por protestas masivas, se produjeron cientos de muertes, miles de heridos, detenciones arbitrarias y uso ilegal de la justicia militar contra civiles. Un Estado que actúa contra su propia población ha violado la soberanía del pueblo que dice representar. Este éxodo masivo no solo constituye una tragedia humanitaria; representa también una violación directa de la soberanía de los Estados receptores. Millones de migrantes llegaron a países que no estaban preparados económica, institucional ni socialmente para absorber ese impacto. La competencia por recursos escasos generó presión fiscal, desajustes presupuestarios, tensiones sociales y afectación de economías nacionales.
Externalizar el colapso interno es una agresión estructural contra la soberanía ajena. A ello se suma la exportación de criminalidad organizada. El Tren de Aragua y otras estructuras surgidas bajo la protección del régimen venezolano se expandieron por América Latina, introduciendo violencia, extorsión, prostitución y homicidios. El régimen Chavista cedió funciones estratégicas de seguridad e inteligencia a Cuba, incluida la custodia directa del jefe del Estado, confirmando una cesión efectiva de soberanía. 32 miembros de élite de las Fuerzas Armadas cubanas fallecieron mientras custodiaban a Nicolás Maduro, hecho reconocido por el régimen. Además, cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos acusan a Maduro y altos funcionarios de conspiración de narcotráfico usando la infraestructura estatal para enviar cocaína en asociación con organizaciones criminales y grupos terroristas como las FARC, confirmando que el régimen actúa como una organización criminal de narcotráfico.
Cada Estado tiene el deber ineludible de proteger a su población frente a amenazas graves y comprobadas. Actuar contra actores criminales transnacionales no constituye violación del derecho internacional, sino una respuesta legítima frente a riesgos que ningún Estado responsable puede ignorar. Invocar la “zona de paz” mientras se tolera un narco – Estado, ocho millones de desplazados y la expansión del crimen organizado no es pacifismo: es renuncia a la soberanía propia.
Es particularmente crítico observar que, ante esta realidad, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España han permanecido prácticamente en silencio sobre la magnitud del drama humanitario, la violencia sistemática, la migración masiva y la exportación de crimen organizado. Su omisión no solo minimiza el sufrimiento de millones de venezolanos y de los países receptores; también revela un enfoque selectivo e ideologizado de la soberanía, incapaz de reconocer que la verdadera soberanía fue violada por el régimen de Nicolás Maduro. Ignoran, convenientemente, los impactos reales y sistemáticos del régimen sobre su propio pueblo y sobre la región
La decisión adoptada por el presidente Donald Trump de actuar contra la cúspide de esta estructura criminal representa un acto histórico de defensa de la soberanía de Estados Unidos, de protección de los pueblos de América Latina y de reivindicación del derecho del pueblo venezolano a vivir sin miedo, sin hambre y sin tiranía. No fue una decisión cómoda ni diplomáticamente fácil, pero sí necesaria, legal y profundamente responsable que lo convierte en Histórica, alineada con los principios del mundo libre: ningún criminal, por poderoso que se crea, puede destruir sociedades enteras y refugiarse impunemente en el lenguaje vacío de la soberanía. Defender la soberanía, en su sentido más profundo, es proteger a los pueblos. Y esa es la medida verdaderamente histórica y firme del presidente Trump. Defender la soberanía es proteger a los pueblos frente a quienes han hecho de la violencia, el miedo y la criminalidad su forma de gobierno.
* Ingeniero Ambiental, Máster en Ingeniería Ambiental de la Empresa, Universidad Ramon Llull, Barcelona, España. Maestro en Inteligencia Estratégica del CAEN, graduado en el 1.er puesto de la VI Maestría en Inteligencia Estratégica. Lima, Perú.
