Redacción de La Abeja- El pequeño pueblo inglés de Piddington ha captado la atención internacional por su singular protesta contra la instalación de un gran centro para solicitantes de asilo. Sin embargo, reducir el episodio a una curiosidad local sería un error. Lo ocurrido en Oxfordshire forma parte de un fenómeno mucho más amplio que está transformando el panorama político europeo.
En los últimos años, la inmigración ha dejado de ser un asunto marginal para convertirse en uno de los principales factores que explican el comportamiento electoral, el auge de nuevos partidos y el endurecimiento de las políticas públicas en prácticamente todo el continente.
Paradójicamente, este giro no ha sido impulsado únicamente por gobiernos conservadores. También administraciones socialdemócratas y centristas han comenzado a modificar su discurso y sus políticas ante una realidad que ya no pueden ignorar.
La razón es sencilla: una parte creciente de la población europea percibe que la capacidad de integración de sus países tiene límites y cada vez hay mayor resistencia a las enormes olas de criminalidad impulsadas por la migración.
El caso británico
El Reino Unido abandonó la Unión Europea, entre otras razones, porque una parte importante de su electorado consideraba que había perdido el control sobre sus fronteras.
Sin embargo, el Brexit no resolvió el problema migratorio.
Las cifras de inmigración continuaron siendo elevadas y el Gobierno tuvo que recurrir durante años al alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles, con un enorme costo para el erario público. La decisión de trasladarlos a antiguos cuarteles militares responde precisamente al intento de reducir ese gasto, pero ha generado nuevas tensiones con las comunidades locales.
El caso de Piddington demuestra que la discusión ya no gira únicamente en torno al número de inmigrantes, sino también sobre la distribución territorial de esa carga y el derecho de las comunidades a ser escuchadas.
Irlanda: un cambio impensable hace pocos años
Quizá el caso más sorprendente sea Irlanda. Durante décadas fue un país caracterizado por una notable estabilidad política y una actitud generalmente favorable hacia la inmigración. Sin embargo, la combinación entre crisis de vivienda, presión sobre los servicios públicos y aumento de las solicitudes de protección internacional ha provocado un crecimiento de las protestas contra nuevos centros de acogida.
En numerosas localidades los vecinos han denunciado que los proyectos son anunciados sin consulta previa y que comunidades pequeñas deben absorber contingentes de población para los cuales no disponen de infraestructura suficiente.
El propio Gobierno irlandés ha endurecido en los últimos meses su legislación sobre protección internacional y adaptación al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Alemania: del “Wir schaffen das” a controles fronterizos
Hace apenas una década, Angela Merkel resumía la política alemana con una frase que dio la vuelta al mundo: “Wir schaffen das” (“Podemos hacerlo”).
Hoy el escenario es muy distinto. Alemania ha restablecido controles en varias de sus fronteras y el debate sobre las deportaciones de inmigrantes sin derecho de permanencia ocupa un lugar central en la política nacional. Incluso partidos tradicionales han asumido posiciones que hace pocos años eran consideradas exclusivas de la derecha.
El crecimiento electoral de Alternativa para Alemania (AfD) ha obligado a casi todo el espectro político alemán a replantear su discurso sobre inmigración.
Los Países Bajos y el cambio de rumbo
En los Países Bajos, el éxito electoral de Geert Wilders reflejó un descontento acumulado durante años respecto de la inmigración y el sistema de asilo. Aunque la formación de gobierno ha moderado algunas de sus propuestas iniciales, el debate público se ha desplazado claramente hacia políticas más restrictivas.
Al mismo tiempo, el país ha respaldado la implementación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que busca procedimientos más rápidos, mayor control fronterizo y mecanismos comunes de solidaridad entre los Estados miembros.
Una advertencia para Occidente
Europa afronta un desafío complejo.
Por un lado, tiene obligaciones internacionales de protección hacia quienes huyen de guerras y persecuciones. Por otro, debe preservar la cohesión social, la seguridad y la capacidad de integración de sus propias comunidades. También está claro que cada vez es más evidente que la migración de casi solo hombres en edad militar y casi nada de mujeres, niños ni ancianos, deja de ser un caso de refugio para convertirse en una invasión.Ignorar cualquiera de estas realidades conduce a políticas incompletas.
El caso de Piddington es, en el fondo, una advertencia. Cuando los ciudadanos sienten que ya no participan en las decisiones que transforman profundamente su modo de vida, la reacción no tarda en aparecer.
Y esa reacción no se limita a un pequeño pueblo inglés. Se manifiesta en las urnas, en los parlamentos y, cada vez con mayor frecuencia, en el cambio de rumbo de las políticas migratorias de toda Europa.
40 millones de hombres en edad militar después, reaccionan los europeos, se han tenido que multiplicar varias veces los delitos con arma blanca y las violaciones además de incrementarse las colas en el seguro de salud de cada uno de los países, además de la crisis inmobiliaria y la caída de los salarios, para que tras 10 años abran los ojos y esto, tímidamente. Ya debería haberse deshecho de la Úrsula.