Iglesia y sociedad

LOS CATOLICOS Y LA POLITICA

A pocos días de las elecciones en el Perú, reproducimos esta Carta Pastoral del Episcopado Peruano del año 1961 sobre la participación de los católicos en la política .

 

CARTA PASTORAL DEL EPISCOPADO DEL PERU A LOS SACERDOTES Y FIELES
Hermanos en el sacerdocio;
Amados hijos :

Iniciada la campaña pre-electoral en nuestro país, y constituidos por las diversas agrupaciones políticas comités de trabajo para señalar los objetivos que pretenden conseguir para el bien y progreso del Perú, y las directivas a  que deben sus partidarios someterse, el Episcopado Nacional cumple solícito el deber de ilustrar las conciencias de los ciudadanos católicos sobre la naturaleza y actividades de la vida política, y se apresura a alentar a todos los fieles el cumplimiento de sus deberes cívicos.

Por encima de los idearios de los partidos, y de la lealtad a los grupos políticos, está la verdad de Cristo, luz de la razón natural; y está también la firmeza de nuestra adhesión a la Iglesia, aliento de nuestro amor al Perú.

Es deber de todo buen católico empeñarse fielmente en el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas, porque si es deber de todo hombre “amar al prójimo como a sí mismo” (1) el fiel católico ve acrecentarse ese amor con los vínculos de su adhesión al Cuerpo Místico de Jesucristo y con los ejemplos del incomparable amor con que Cristo nos amó.

El supremo deber del amor a los demás y la suprema dulzura que del amor brota viste de luz, cariño y alegría la austeridad del mero deber, y lo impulsa a manifestarse exteriormente.
Porque amamos, estamos obligados a ocuparnos del bien temporal de nuestros hermanos: vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, ayudar al desvalido, enseñar al que no sabe.

Y si decimos que amamos, pero nuestras obras no acompañan o manifiestan el amor que decimos sentir, mentimos, y el amor de Dios no mora en nosotros. Escribe el apóstol San Juan: “Si alguno dice: Amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente … El que tiene bienes de este mundo, y viendo a su hermano pasar necesidad, le cierra sus entrañas, ¿Cómo mora en él la caridad de Dios? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad… ” {2).

Pero no sólo se cumple con la obligación de amar al prójimo remediando sus necesidades cuando ellas se presentan, sino que de un modo más eminente se le ayuda cuando se trabaja para que haya bienestar legal y social propicio para el armonioso desarrollo del hombre, impidiendo que el hambre, la desocupación, la ignorancia, la falta de seguridad y tantos otros males
sociales se ensañen con nuestros hermanos.

Entre las formas de amar a los hombres, de trabajar por el bien temporal de los hombres, una de las más excelentes es la actividad política.

En efecto, cuanto es más vasto e importante el campo a que puede extenderse la actividad del hombre y del cristiano, tanto es más imperioso el deber de no sustraerse a ella. Y tal es el ámbito de la política, con la cual se relacionan los intereses más vitales de la sociedad entera.

Bajo este aspecto, la política ofrece, después de la religión, el más amplio campo para el ejercicio del amor al prójimo. Y es bajo este aspecto como deben los católicos encarar la política, como lo hace la Iglesia misma: a la luz de la ley divina, de su orden, de sus valores y de sus normas.

QUE ES LA POLITICA :

En la complejidad de la vida moderna, la actividad política se empeña en cosas muy variadas, que, por razón de brevedad y orden, queremos reducir a tres capítulos principales.
Política es la actividad que los gobernantes, legisladores y miembros del ejecutivo realizan, en ejercicio de su autoridad, en favor del bien común y del bien social.
Política es la actividad de las sociedades intermedias, miembros del Estado, que trabajan para el bien temporal, propio de una sociedad cristiana.
Entre estas sociedades intermedias tienen un lugar principal los que llamamos partidos políticos.
Política es la actividad de cada uno de los ciudadanos, cuando ejercitan sus derechos “políticos”, al votar en las elecciones de autoridades ya municipales, ya nacionales, o aceptando la elección para cargos de gobierno o al inscribirse en un partido de cuya acción participan.
Mas, generalmente hablando, política es la ciencia y el arte de buscar el bien común temporal de las sociedades organizadas, que llamamos naciones o estados.
Postulado básico de nuestra fe es que la actividad política, en cualquiera de las formas en que se desempeñe, debe conformarse con las exigencias de la ley natural y las enseñanzas de la moral cristiana.

LA AUTORIDAD Y LA POLITICA :

La existencia de una íntima relación entre el individuo y el Estado en estrecha interdependencia moral es el fundamento inquebrantable de toda la doctrina cristiana sobre la vida política. En un intento de descubrir en qué consiste este vínculo de unión entre el individuo y el Estado vemos que están unidos por la comunidad de legítimos intereses, por la adhesión voluntaria
a ideales comunes, pero sobre todo, por la relación jurídica de poder y obediencia que establece la autoridad.

“La dignidad del hombre es la dignidad de la imagen de Dios; la dignidad del Estado es la dignidad de la comunidad moral querida por Dios; la dignidad de la autoridad política es la dignidad de sus participación en la autoridad de Dios” (3).

Frente al abuso del poder que constituye la tiranía de los estados totalitarios, y frente al abuso del poder que constituye la tiranía de las organizaciones colectivas del capital o del trabajo, la Iglesia mantiene clara y firmemente su doctrina sobre el origen divino de la autoridad, y sobre los límites morales y sociales de la misma.
No puede concebirse un orden político serio, donde el Estado no posee verdadera y efectiva autoridad. “La doctrina católica, -decía Pío XI- reivindica para el Estado toda la dignidad y toda la autoridad necesarias para defender con vigilante solicitud, como frecuentemente lo enseñan la Sagrada Escritura y los Santos Padres, todos los derechos divinos y humanos” {4).

“Gerente del bien común, la autoridad debe, en primer lugar, proteger y garantizar los derechos de los individuos y de las colectividades que comprende. Porque la violación de estos derechos tiene una repercusión profunda y nefasta en el bien común que el Estado tiene a su cargo, mientras que, por el contrario, el respeto a los derechos de cada uno favorece el desenvolvimiento del bien de
todos. Es preciso, pues, un poder capaz de prevenir los abusos, obligar a los recalcitrantes, y castigar a los delincuentes” (5).

Herederos de una tradición venerable recordamos a todos los fieles que una parte importante del mensaje evangélico es la reverencia y la obediencia a las autoridades legítimamente establecidas. Jesús enseñó: “Dad al César lo que es del César” {6), y San Pablo recomendaba, junto con el respeto, la oración por quienes gobiernan {7). Y el primero de los Pontífices en la sucesión del sacerdocio de Jesucristo, San Pedro, recomendaba a los cristianos que ejercitaran la debida sumisión, “al rey como a quien preside, y a sus ministros como a delegados suyos” (8).

TAREAS PARA LA ACTIVIDAD POLITICA

Y al describir cuál debe ser la empresa a la que gobernantes y gobernados, unidos entre sí por una legítima autoridad, han de aplicarse, queremos formularla en términos jubilosos de conquista y de victoria, anunciadores de la esperanza; pero al mismo tiempo anunciadores de que esa conquista no se obtendrá sin esfuerzo.

La actividad política debe esforzarse por vencer el frío egoísmo, corruptor de la mente y de la voluntad de gobernantes y gobernados. Cuando el egoísmo triunfa, hace a los gobernantes déspotas y autoritarios, y a los ciudadanos remisos y negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones o en la tarea del bien común.

La actividad política debe orientarse a vencer y matar los gérmenes de conflicto latentes en las diferencias económicas exageradas entre los ciudadanos las clases sociales. Debe organizarse una acción progresiva, equilibrada, con las correspondientes garantías, que permita asegurar a los ciudadanos, de cualquier clase que sean, un conveniente nivel de vida.

La actividad política debe tratar de superar las barreras de las distancias afectivas, el desconocimiento y la animadversión entre los grupos sociales y étnicos que forman el país.

“Quien quiera verdaderamente el bien del pueblo, quien ansíe contribuir a preservar de incalculables daños las bases espirituales y morales de la futura
colaboración de los ciudadanos, deberá considerar como un sagrado deber y una alta misión no dejar que se pierdan en el pensamiento de los hombres los ideales
naturales de la veracidad, de la justicia, de la cortesía, de la cooperación al bien, y ante todo, el sublime ideal sobrenatural del amor fraternal traído por Cristo al mundo” (9).

LA UNIDAD RELIGIOSA

Para que la autoridad pueda asegurar la colaboración decidida de todos los ciudadanos en la realización de estas tareas, es necesaria la más profunda comunidad de sentimientos e ideas, cual es la que nace de la comunidad en la fe.

Aunque sólo se considere el aspecto temporal y utilitario de la comunidad de fe, no hay político que no reconozca su necesidad; y es tristemente aleccionador contemplar a los partidos y sistemas políticos que hicieron mofa de la religión, buscar después modos de convertirse ellos mismos en credos religiosos, y establecer para sus concentraciones ritos con ceremonias inspiradas en las prácticas de la religión.

Por eso en el Perú la vigencia del mandato constitucional, que protege la Religión Católica como la religión de la mayoría de los peruanos, tiene no sólo el imperativo de una disposición legal, sino, más aún, la exigencia de un reclamo vital.

Para que la fe de los peruanos permanezca incólume, la educación pública y privada deben ayudar a su afianzamiento y desarrollo, puesto que la educación religiosa es el medio social más eficaz para asegurar la comunidad política de nuestro país.

Cuando los políticos olvidan la valiosa contribución de la educación religiosa a la formación del alma nacional, siembran los gérmenes de la descomposición social, como tan sabiamente amonestaba Pío XI al pueblo alemán en su Carta encíclica sobre el Nacionalsocialismo:

“El dejar, por consiguiente, inutilizadas las energías morales de tan poderosa eficacia, o el obstruirles a sabiendas el camino en el campo de la instrucción popular, es obra de irresponsables, que tiende a producir una depauperación religiosa en el pueblo. . . Por lo tanto, fomentar el abandono de las directrices eternas de una doctrina moral objetiva para la formación de las conciencias y para el ennoblecimiento de la vida en todos sus planos y ordenamientos, es un atentado criminal contra el porvenir del pueblo, cuyos tristes frutos serán muy amargos para las generaciones futuras” (10).

Afirmadas las tareas que la política debe cumplir entre nosotros y repetida nuevamente la enseñanza profunda de la fe, queremos ahora decir a cada uno de los que intervienen en la vida política, cuáles son sus principales deberes.

 

PRIMERA PARTE
ACCIÓN DE LOS GOBERNANTES Y LEGISLADORES

 

Y primero nos dirigimos a quienes tienen la m1s1on más seria y grave en el manejo de la cosa pública. Nos referimos a las autoridades y a los legisladores.

Deseosos de servir a su país y a sus hermanos los hombres, ellos entregan sus vidas a dedicarse al cuidado de los intereses de los demás y a la mejora del orden social.

Conscientes de la seria y grave misión que les incumbe, quienes tienen tienen autoridad deben cumplir con su austero deber. Pío XII, en su mensaje dirigido a todas las naciones en la Navidad de
1945, cuando la segunda guerra mundial acaba de terminar, expuso con gran claridad y firmeza el conjunto de cualidades que reclama el ejercicio de la autoridad:

”Solamente la clara visión de los fines señalados por Dios a toda sociedad humana, unida al sentimiento hondo de los sublimes deberes de la acción social, puede colocar a aquellos a quienes ha sido confiado el poder en situación de cumplir sus propias obligaciones, tanto en el orden legislativo como en el judicial o ejecutivo, con aquella conciencia de la propia responsabilidad, con aquella lealtad, con aquella generosidad, con aquella incorruptibilidad sin las cuales un gobierno democrático difícilmente lograría obtener el respeto, la confianza y la adhesión de la parte mejor del pueblo” (1 1)

Pero no basta con tener las cualidades necesarias. Para que la justicia sea mantenida en el ejercicio del poder, interesa sobremanera que quienes gobiernan los Estados entiendan que el poder político no se da para el provecho de un particular, ni el gobierno de la república para que se ejerza en beneficio de aquellos que han sido investidos de autoridad, sino para
bien y utilidad de todos.

“Tomen los gobernantes ejemplo de Dios óptimo max1mo, de quien les ha venido la autoridad. Propónganse la imagen de Dios en la administración de la república, gobiernen al pueblo con equidad y fidelidad, y mezclen la caridad paterna con la severidad necesaria. Por esta causa, las Sagradas Letras avisan a los que gobiernan que ellos también tienen que dar cuenta algún día al Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Si abandonan su deber, no podrán en modo alguno evitar la severidad de Dios” (12).

DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL

Entre las tareas que legisladores y gobernantes tienen encomendadas queremos referirnos particularmente a una, importante siempre, pues forma como la base de las demás, pero urgente hoy de un modo especial por la coyuntura histórica. El Estado tiene encomendado como fin esencial suyo la defensa de la soberanía nacional. Soberanía es lo mismo que autonomía o independencia, y puede ser interna y externa. La independencia interior significa la fortaleza y la aptitud de los que gobiernan para atender al bien de todos, sin ceder frente a la presión de grupos. la soberanía de la nación reclama una auténtica búsqueda del bien común de todos los ciudadanos.

“En un plano nacional -dice Juan XXIII-, han de considerar exigencias del bien común : el dar ocupación al mayor número de obreros, evitar que se constituyan categorías privilegiadas, incluso entre los obreros; mantener una adecuada proporción entre salarios y precios, y hacer accesibles bienes y servicios al mayor número de ciudadanos; eliminar o contener los desequilibrios entre los sectores de la agricultura, la industria y los servicios; realizar el equilibrio entre expansión económica y adelanto de los servicios públicos esenciales; ajustar, en los límites de lo posible, las estructuras productivas a los progresos de las ciencias y las técnicas; concordar los mejoramientos en el tenor de vida de la generación presente, con el objetivo de preparar un porvenir mejor a las generaciones futuras” (13).

El bien común de todos los peruanos supone una dimensión de verdadero alcance nacional en el trabajo gubernativo, no facilitando los beneficios de la ley y de la administración pública, tan sólo a quienes ya están protegidos por su avanzada organización y alto nivel social, sino, por el contrario, protegiendo más a los menos favorecidos, que nada poseen y aun casi ni tienen posibilidad de poseer, por su rudimentario desarrollo social, económico y cultural.

El bien común en el Perú pide una atención seria, eficaz, organizada para atender a la población indígena, para liberar a la masa campesina del atraso en que hasta hoy ha vivido, y elevar su nivel de vida. El bien común pide en el Perú un serio y sincero esfuerzo para incrementar y repartir equitativamente los beneficios de la producción agrícola industrial, lo mismo que los del comercio, y más generalmente hablando, de toda empresa, entre aquellos que la forman, es decir, entre empresarios y obreros o empleados.

Para ello es necesario que exista una adecuada legislación laboral, y se implante una educación progresiva, pero rápida, de los ciudadanos, que los prepare a responder a sus responsabilidades dentro de los organismos sindicales y asociaciones análogas.

El bien común reclama una seria y eficaz organizac1on de la administración de justicia, que sea capaz de conocer las responsabilidades de obreros y empresarios en los conflictos laborales, y sea eficaz para sancionar a unos y a otros por los perjuicios causados en el caso de huelgas ilegales o paralización injustificada del trabajo.

LA SOBERANIA EXTERIOR

Hay además otro aspecto de la soberanía nacional que es necesario defender y cautelar especialmente, por las circunstancias presentes de América y del mundo. Se trata de la soberanía exterior.
Los Estados modernos cada vez viven más comunicados y más estrechamente dependientes los unos de los otros. Esto constituye una perfección de la solidaridad humana. Hay una dependencia de igualdad, y otra de servidumbre. La mutua relación de las personas libres establece una dependencia de igualdad; quien compra y quien vende quien aprende y quien enseña, quien trabaja y quien contrata sus servicios, son mutuamente dependientes, con dependencia de seres iguales y libres.

La dependencia moderna de los Estados ha creado los bloques o uniones de países. El Perú pertenece al bloque occidental, a la comunidad de naciones americanas. Esta adhesión debe constituir sobre todo una comunidad espiritual, levantada más allá de los meros intereses económicos, evitando por otra parte, la pérdida de nuestra fisonomía y personalidad histórica y celando la
tradición cristiana de nuestra patria, una de las más ricas preseas del patrimonio que nos legaron nuestros mayores.

Por eso, cuando se habla de bloque occidental, es necesario reafirmar constantemente este sentido de comunidad espiritual; hay que levantarse por encima de la mera lucha de intereses económicos, y hay que impedir a toda costa que un falso sentido de comunidad no nos haga perder nuestra propia fisonomía y personalidad histórica ni menoscabe lo mejor del patrimonio que nos legaron nuestros mayores : nuestra tradición cristiana.

Deben los gobernantes del Perú procurar y cuidar celosamente que nuestras relaciones con los países del bloque occidental o de la comunidad americana sean de igualdad, intercambiando servicios, pero jamás cediendo de nuestro derecho a manera de siervos.

“Las comunidades políticas en fase de desarrollo econom1co suelen presentar un sello inconfundible de propia individualidad; ya por los recursos y características especificas del propio ambiente natural, ya por sus tradiciones, a menudo ricas en valores humanos, ya por las cualidades típicas de sus propios miembros.
Las comunidades políticas económicamente desarrolladas, al prestar su cooperación, deben reconocer y respetar esta individualidad y superar la tentación que les empuja a proyectarse, a través de la cooperación, en las comunidades que se están desarrollando económicamente” (14).

Por otra parte, las autoridades y legisladores deben desoír los cantos seductores de sirenas que anuncian no sabemos qué solidaridad americana basada en una falaz interpretación materialista de la vida y de la historia, y expresada en la conjunción de poderes en el Estado socialista y la federación de Repúblicas Socialistas.

La tentación es muy grande, especialmente en estos tiempos en que apremiantes necesidades sobreexcitan la sensibilidad del pueblo y pueden desviarlo más fácilmente.

Recuerden los gobernantes en este atormentado período de transición, lacerado, y como afiebrado por pasiones desenfrenadas, por discrepancia de opiniones y oposición de programas, que su obligación es -como decía S.S. Pío XII- “infundir el antídoto espiritual de los criterios claros, principios justos y una seria voluntad de lograr la unión nacional dentro de un espíritu de sincera fraternidad” (15).

 

SEGUNDA PARTE
ACCION DE LAS SOCIEDADES INTERMEDIAS

 

La relación del individuo con el Estado no es directa, sino que suele intervenir en ella varias agrupaciones ya naturales, ya voluntarias que matizan y ordenan esa relación.
El Santo Padre Juan XXIII, felizmente reinante, se ha ocupado extensamente de ellas en la segunda parte de su reciente encíclica “Mater et Magistra” donde analiza este proceso tan característico de la vida contemporánea y que los expertos llaman socialización. Dice Su Santidad :

“Uno de los aspectos típicos que caracterizan a nuestra época es la socialización, entendida como un progresivo multiplicarse de las relaciones de convivencia, con diversas formas de vida y de actividad asociada, y como institucionalización jurídica. Entre los múltiples factores históricos que han contribuido a la existencia de este hecho se han de contar los progresos científico técnicos, una mayor eficiencia productiva, y un nivel de vida más alto en los ciudadanos” (16).

El hombre nace en familia, y esa sociedad natural tiene primacía sobre otras sociedades. Las familias agrupándose forman tribus, ayllus, clanes u otras formas sociales, condicionadas históricamente, hasta llegar a constituir esas uniones jurídico-morales que llamamos “municipios”. Los individuos, a su vez, se agrupan para los fines más variados, formando sociedades religiosas, culturales, económicas, etc. La actividad organizada de estos grupos gravita naturalmente en el bien común temporal, propio de la política. Diremos de nuevo con Su Santidad
Juan XXIII :

“Creemos además necesario que los organismos intermedios y las múltiples iniciativas sociales en las cuales tiende ante todo a expresarse y actuarse la socialización, gocen de una autonomía efectiva respecto de los poderes públicos y vayan tras sus intereses específicos con relaciones de leal colaboración mutua y con subordinación a las exigencias del bien común” (17).

Entre estos organismos intermedios tienen especial importancia los sindicatos patronales y obreros, los trusts económicos, las asociaciones profesionales. Cuando describíamos más arriba los fines concretos a que debe orientarse la actividad política, decíamos que era el primero, combatir el frío egoísmo, corruptor de las mentes y voluntades de gobernantes y gobernados.
Fácil es de ver cómo hay un egoísmo colectivo que exige a la propia asociación que sirva sin medida al bien y provecho propio. Las huelgas injustificadas, las subidas de precios arbitrarias, el establecimiento de monopolios econom1cos velados o abiertos, son otras tantas afirmaciones desordenadas del egoísmo que atentan contra el bien común. Como es también
atentatorio contra el bien común cualquier intento de mantener el desnivel económico entre los grupos sociales o los individuos, impidiendo, bien por la fuerza del número, bien por la fuerza del dinero, el avance de una legislación social justa y de una sana reforma económica.

Pío XII llamó a esta presión de grupos contra el bien común “el aspecto más grave de la crisis del civismo” que el mundo hoy contempla.

“¿Osarían tal vez lisonjearse de servir a la causa de la paz interna aquellas  organizaciones que, para tutelar los intereses de sus miembros, no recurriesen ya a las armas del derecho y del bien común, sino que se apoyasen en la fuerza del número organizado y en la debilidad de los demás, que no están igualmente organizados, o que tienden siempre a subordinar el uso de la fuerza a las reglas del derecho y del bien común?” (18).

LOS PARTIDOS POLITICOS

Pocas asociaciones tan vinculadas con esta búsqueda del bien común como las agrupaciones de ciudadanos, que se denominan precisamente “partidos políticos”.

Partido viene de parte. Es, por definición, un grupo de ciudadanos que se unen por razones políticas (19). La parte no es el todo. Ningún partido como tal puede asumir la representación de toda la nación, sino, a lo más, de su mayoría. La actividad de los partidos es fundamental para el progreso político de un país. A ellos les está encomendada la formación de la conciencia cívica
del pueblo, educándolo para que pueda, consciente y responsablemente, intervenir en la vida política de la nación. Cada uno de ellos comparte con los demás grupos o partidos la tarea de administración y ejecución en los asuntos de gobierno. Ellos deben ser los censores vigilantes del orden político-social, cuidando de que esté de acuerdo con las exigencias del bien común.

Para que esta actividad sea constructiva, debe insertarse en las más hondas raíces del alma nacional.

En un partido político, más que a los hombres que lo dirigen, debe mirarse las ideas que lo informan y a los programas que propugna. Hay cuestiones de técnica u organización de los Estados que son libres y opinables. Un partido puede elegirlas y un católico aceptarlas. Pero hay planteos doctrinales que tocan a la entraña misma de la vida espiritual del hombre; y esos planteos un partido de una nación católica no los puede aceptar, y si los acepta, por el mismo hecho se cierra para aquellos ciudadanos que quieren ser fieles a las enseñanzas de Cristo.

Conviene que lo repitamos, amados fieles: no es la Iglesia quien excluye a los que aceptan semejantes planteas erróneos. Son ellos los que se apartan voluntariamente de su seno al aceptar doctrinas que son contrarias a la verdad enseñada por Jesucristo.

ERRORES DE DOCTRINA POLITICA

 

  1. Es erróneo sostener el laicismo en la vida pública o en la actividad estatal; por ejemplo, en la enseñanza.
  2. La afirmación de que la Iglesia, el poder espiritual, debe estar al margen de todo el ordenamiento jurídico, de las instituciones, de las leyes, de los cargos del Estado, o de la educación de la juventud, es errónea, puesto que esta declaración es una reiteración de la doctrina laicista.
  3. Es erróneo sostener la soberanía absoluta del Estado, haciéndolo independiente de la ley moral y religiosa.
  4. Es erróneo afirmar que el Estado es la fuente y el origen de todos los derechos humanos, o que el Estado puede despojar al hombre de los derechos personales o imposibilitarle prácticamente sin justa causa el ejercicio de esos derechos.
  5. Es igualmente erróneo afirmar la supremacía del Estado atribuyéndole un poder ilimitado sobre hombres, sociedades intermedias o bienes reales.
  6. Es falso afirmar que la autoridad pública no deriva de Dios su primer origen, ni su fuerza imperativa, sino de la multitud popular. Como es igualmente falso decir que la autoridad es la mera suma del número o depende del arbitrio de la muchedumbre.
  7. Cualquiera forma de totalitarismo (y los socialismos fácilmente son totalitarios), es errónea, puesto que reduce al hombre a una simple ficha en el juego político, a un número en los cálculos económicos, y abusa del poder público para dominar las conciencias haciéndose enemigo de la verdadera libertad de opinión de los ciudadanos.

Ningún católico puede pertenecer a un partido que asiente su actividad  sobre alguno de estos falsos enunciados, ni puede votar por él, pues no le es lícito adherirse a doctrinas contrarias a su fe, ni subordinarse a una autorizad que le obligue a acciones ilícitas.

Por otra parte, recordamos a todos los fieles, que ningún partido político, aunque esté formado por católicos, puede asumir la representación de la Iglesia, ni hablar en nombre de ella. Con mayor razón aún por la Nación, la Iglesia no pertenece a ningún partido, sino que los abraza a todos, cuando reconocen su autoridad y su magisterio.

COMPROMISOS POLITICOS

La vida política es, en su ejerc1c1o diario, un “compromiso”, entre diversos puntos de vista y diversas maneras de buscar el bien común. Todo compromiso importa ceder en !as aplicaciones concretas de los principios, pero teniendo juntamente la entereza de afirmarlos.

Entre estos compromisos políticos, el más importante, sin duda, es el de los pactos electorales. Es perfectamente lícito pactar con todo grupo legalmente existente, siempre que las condiciones del pacto no sean lícitas, o la materia, sobre la que se pacte, no sea injusta. Es lícito pactar entre partidos, poniendo como condiciones, por ejemplo, el reparto de las autoridades administrativas
o políticas, pero no es lícito pactar poniendo como condición el reparto de puestos técnicos, por ejemplo, maestros o empleados.

Tampoco es lícito pactar poniendo como condiciones cambios de puntos sustanciales de la organización del Estado, cambios en la Constitución, o nuevas alianzas con otros países, etc., ya que esas cosas pertenecen a la Nación, y no pueden ser materia de convenciones más o menos partidistas.

Es innecesario decir que un compromiso que tuviera como base alguna forma de fraude electoral, es inmoral e injusto. No da derecho ninguno, y es una forma innoble de abuso do poder, forzando a los individuos a aceptar un régimen que legalmente no les corresponde.

 

TERCERA PARTE
LA TAREA DE LOS CIUDADANOS

 

Como indicábamos al comienzo de esta carta pastoral, la actividad política conviene primaria y principalmente a los ciudadanos. Los gobernantes son sus mandatarios, y las asociaciones políticas son escuelas donde se preparan los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos cívicos.

Los católicos son, o deben ser, ciudadanos excelentes. En 1890 decía León XIII que, cuanto más se mira con hondura las exigencias de la sabiduría cristiana, tanto más se ve cómo el deber esencial de todos los cristianos, que viene a ser como la fuente de donde se derivan todos los demás, es amar a las dos patrias, la natural y la eterna (20).

El amor patrio debe impulsar al trabajo constante por el engrandecimiento de la patria, convencidos de que el patriotismo es una perfección de nuestra c011ducta moral, que nos debe alejar de toda exageración, pero también de todo falso menosprecio de lo propio.

Hemos expuesto antes algunas de las maneras cómo puede y debe el cristiano cumplir de modo especial con las exigencias del amor patrio, ya sea asumiendo las graves responsabilidades del gobierno, o del parlamento, ya sea participando activamente en la vida de los partidos políticos. Queremos referirnos ahora de una manera particular a un modo más común a
todos y obligatorio, de cumplir con esos deberes ciudadanos, es a saber, el sufragio.

LOS CATOLICOS Y EL SUFRAGIO

El sufragio es el ejercicio normal ordinario del deber moral que todos los ciudadanos tienen de contribuir a las realizaciones políticas del bien común.

Todos tenemos que votar. Esta obligación nace de varios motivos. Nace del amor patrio, pues esa es una forma de interesarnos por el bien de la patria; nace de la justicia legal y social cumpliendo con las leyes que nos obligan a votar y preocupándonos de ese modo por el desarrollo y eficaz organización de la comunidad nacional.

La negligencia en el cumplimiento de esta obligación puede en algunos casos ser grave; sobre todo cuando esa negligencia contribuye eficazmente a que se establezca en el poder un partido político o un reg1men de ideas contrarias a la verdad cristiana, con las consecuencias dolorosas y nefastas, que de ahí suelen originarse.

Hablando sobre las causas de esta negligencia notan los autores cómo ellas son poco confesables, pues se reducen casi siempre a comodidad, irreflexión, resentimiento, terquedad, indiferencia, egoísmo de clase, o ignorancia religiosa (21 ).

No es concebible que un católico se deje dominar en materia tan delicada por ninguno de estos motivos innobles, antes al contrario, fácil es de ver cómo el amor sincero a los demás debe llevarlo al cumplimiento de tan seria obligación.

Votar es una acción importante que implica responsabilidad moral y por ello ha de hacerse deliberadamente, con conocimiento cierto y libre determinación.

Quienes votan deben elegir, diremos con Pío XII, a “hombres espiritualmente eminentes y de firme carácter, que se consideren como representantes de todo el pueblo y no como mandatarios de muchedumbres, a cuyos particulares intereses se sacrifican, desgraciadamente con frecuencia las verdaderas necesidades y las verdaderas exigencias del bien común” (22).

Deben los católicos no sólo conocer las calidades personales de la persona a quien dan su voto sino, lo que es más importante aún, la ideología que representa y los programas políticos que pretende establecer.

Condición es ésta indispensable para que el voto tenga la certeza o conocimiento cierto que como acción humana reclama.

Ya hemos recordado a nuestros fieles cómo no les es lícito apoyar con su voto a quien pretende fines perjudiciales al Estado, a los ciudadanos o a la Iglesia. Los católicos que militan en las diversas agrupaciones políticas de nuestra patria, deben procurar que los partidos declaren explícitamente la doctrina que propugnan, contribuyendo así a la perfección y claridad, tan
necesarias en la actual confusión de ideas.

Una obligación moral reclama, además, para ser cumplida con dignidad, la libertad en la decisión. No puede un católico comprometerse de tal modo en partidos u organizaciones políticas, que no le sea posible apartarse de ellas libremente, cuando los intereses del bien común o de la Iglesia lo  exijan. Ni debe de tal modo dejarse absorber por los intereses de partido, que pierda la visión más serena y abierta del bien nacional.

La universalidad que un católico por su propio nombre profesa debe manifestarse en esta búsqueda de la verdad y en el sincero deseo del bien de la patria, y no en un endeudamiento egoísta a intereses partidarios.

Nuestra voz pastoral urge también a los ciudadanos capaces, no sólo a elegir, sino a aceptar la elección que se haga de sus personas para las arduas tareas del gobierno, ya sea local o nacional. Y, por consiguiente, a intervenir en lo qua llamamos campañas políticas.

Las mismas razones que antes mencionábamos como otras tantas excusas que suelen aducirse para abstenerse de votar, son también la serie de motivos oscuros que a algunos apartan de la participación activa en las responsabilidades del gobierno.

Cuanto nace de un egoísmo reprobable, no puede ser cubierto con la excusa de otros intereses o el pretexto de más serias ocupaciones. Piensen quienes se sientan capaces de contribuir al bien de los demás mediante la labor de gobierno, o en la difícil tarea de legislar, que su trabajo, sin dejar de contribuir a su utilidad personal, ayudará sobre todo a extender y difundir entre sus hermanos los hombres, sus conciudadanos, los beneficios de la auténtica civilización cristiana.

Una vez más se aplica aquí el antiguo dicho de los filósofos de que el bien cuanto más universal es más divino. El bien que los hombres públicos pueden hacer cuando trabajan con sólida competencia, honradez inmaculada y un vivo sentido de responsabilidad para con el país, es de una calidad tan alta que se asemeja a los dones de Dios.

RECOMENDACION FINAL

La actividad política, lo hemos dicho muchas veces, es la ordenada búsqueda del bien temporal do los hombres, referido a su bien espiritual y eterno. La actividad política tiene una nobleza especial, pues está ordenada al bien de la sociedad, de la colectividad.

Queremos exhortar encarecidamente a todos nuestros amados fieles a que, cobrando plena conciencia de sus deberes cívicos, se dediquen con desinterés y con verdadero amor a esta actividad. Lo reclama el bien de nuestra patria. Por falta de ella o por su desarrollo incompleto, se ha impedido hasta ahora que los beneficios de la civilización y de la cultura lleguen a todos
nuestros hermanos los peruanos.

Hay una desigualdad impresionante entre nuestras ciudades, entre nuestras regiones, y entre las familias que forman la gran patria peruana. Es urgente que los católicos, poseídos de un intenso y sincero amor a Dios y a sus hermanos los hombres, continúen gozosos y confiados la hermosa e impostergable tarea de establecer en el Perú el orden social cristiano.

En el Prefacio de la Misa de hoy, festividad de Cristo Rey, día en que firmamos esta carta, describe la Iglesia ese orden social, que Cristo instauró, y nosotros debemos completar: es un “reino de verdad y de vida, es un reino de santidad y de gracia, es un reino de justicia, da amor y de paz”.

Quiera el Señor, Príncipe de la Paz, inspirar a todos su amor a la justicia, y su eficaz devoción a ella.

 

En la Festividad de Cristo Rey, 29 de octubre del año del Señor de 1961.

+ Juan Landázuri Ricketts,
Arzobispo de Lima y Primado del Perú

 

 

N O T A S
(1) Cfr. Lucas, 10, 27.
(2) I Juan, 4, 20; 3, 17-19.
(3) Pío XII, Radiomensaje de Navidad, 24 de diciembre de 1944, Doctrina Pontificia II, Biblioteca de
Autores Cristianos, Madrid 1958, pág. 877. Cfr. ibid, pág. 1020.
(4) Encíclica “Divini Redemptoris”, 32, Doctrina Pontificia II, Documentos políticos, pág. 689.
(5) Código Social de Malinas, 63. Códigos de Malinas, Santander 1954, pág. 86.
(6) Mateo, 22, 21.
(7) Cfr. Timoteo, 2, 2.
(8) I Pedro, 2, 13-14.
(9) Pío XII, sermón pronunciado el 24 de diciembre de 1940, Doctrina Pontificia, II, pág. 822.
(10) Encíclica “Mit Brenhender Sorge”, Doctrina Pontificia Il, pág. 658.
(11) Doctrina Pontificia ll, págs. 877-878.
(12) León XXlll, encíclica “Diuturnum illud”, Doctrina Pontificia Il, pág. 117.
(13) Encíclica “Mater et Magistra”, Tipografía Políglota Vaticana 1961, pág. 22.
(14) Juan XXIII, “Mater et Magistra”, o.c. pág. 46.
(15) Cfr. radiomensaje de Navidad, 24 de diciembre de 1944, Doctrina Pontificia II, pág. 878.
(16) “Mater et Magistra”, o.c. pág. 16.
(17) “Mater et Magistra”, o.c. pág. 18.
(18) Pío XII, radiomensaje de Navidad, 23 de diciembre de 1950, “Ecclesia”, Madrid, 10 (1950) pig.
753. Cfr. Doctrina Pontificia II, pág. 1021.
(19) E. Welthy, O.P., Catecismo Social, Barcelona 1957, II, pág. 103.
(20) Cfr. encíclica “Sapicntiae christianae”, Doctrina Pontificia II, págs. 267-271.
(21) Cfr. Welthy, o.c. II, pág. 102, nota 12.
(22) Radiomensaje de Navidad, 24 de diciembre de 1944, Doctrina Pontificia II, pág. 878.

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