Por: Luciano Revoredo
Independientemente de si en la segunda votación se aprueba o no la llamada ley mordaza, lo importante es que ha quedado de manifiesto una fuerte y espontánea tendencia autoritaria en buena parte de las bancadas que representan a los peruanos en el parlamento. Está claro que, en esta materia, si bien la propuesta salió de la representación de Perú Libre, hubo una suerte de consenso que trascendió ideologías y posiciones políticas, para unir a buena parte de las fuerzas democráticas, que debieran estar comprometidas con la libertad de expresión, con aquellos que admiran las tiranías de Cuba y Venezuela.
Nicaragua, Venezuela y Cuba los tres países que se encuentran dentro de la categoría de países “sin libertad de expresión”, según los últimos indicadores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) publicados el año pasado, son los modelos de la gente identificada con Perú Libre, si a esto sumamos que la mayoría de los que impulsaron esta ley afrontan investigaciones por corrupción muchas veces iniciadas por una denuncia de la prensa libre, el panorama se aclara bastante. Lo único que hay que lamentar es la adhesión de sectores democráticos a esta malhadada iniciativa.
La libertad de expresión es un valor y un derecho fundamental de la persona humana que hay que defender sin tregua. Debe ser entendida como la potencialidad del hombre de buscar la verdad y expresarla libremente. Debe ser mantenida inmune de cualquier coacción de individuos, de grupos sociales y gobiernos, además debe tener la protección de un ordenamiento jurídico que la reconozca como derecho inalienable de la persona.
En el Perú ya existe una legislación que protege la honra de las personas de la difamación y la calumnia. La pretensión de modificar esta legislación para endurecerla y así tener en permanente jaque a la libertad es inaceptable.
Un parlamento completamente desacreditado, que comete todos los errores necesarios para que su desaprobación crezca día a día, no tiene la autoridad ni la legitimidad de observar nada de lo relativo al ejercicio de la libertad de expresión. A lo largo de diversos artículos y opiniones emitidas en diversos medios siempre he manifestado una posición de defensa y apoyo a la institucionalidad y un respeto por lo que el Congreso de la República representa. Siempre he sostenido que el congreso cumplió un importante papel al inicio del gobierno del golpista castillo para frenar los embates de la izquierda totalitaria. Poner coto a la idea de la asamblea constituyente o elegir finalmente a un Tribunal Constitucional son dos buenos ejemplos de méritos de este congreso. Pero todo eso se echa por tierra cuando surgen afanes contrarios al ejercicio de las libertades.
Las libertades de información y de opinión deben gozar de una protección permanente e indiscutible. Cualquier exceso ya se encuentra regulado y no se necesita de censuras ni amenazas para ejercer tan fundamental derecho.
Aunque se siguen cometiendo excesos, ¿cuántos sin pruebas son condenados por la “prensa” caviar? Además, propiamente esa libertad de expresión se vuelve opinión dominante, y contra eso, los ciudadanos no tienen protección real. Veamos sino el caso de Paola Ugaz, dónde el espíritu de cuerpo de los que deben su puesto a un tarjetazo caviar, aparece una y otra vez, o acaso, la sra. sale en las primeras planas? Eso rápidamente es silenciado, la libertad de expresión es un supuesto derecho para todos, todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros.