LA VERGÜENZA DE UN CONGRESO QUE NO ESTUVO A LA ALTURA

Por: Luciano Revoredo

El Congreso de la República perdió una oportunidad histórica —y moral— de dejar  en claro que en el Perú los golpes de estado no quedan impunes. La inhabilitación política de Pedro Castillo, responsable de la más grotesca ruptura constitucional de las últimas décadas, no alcanzó los votos necesarios. Y no los alcanzó no por falta de evidencia, no por debilidad jurídica, no por dudas razonables: falló por cálculo, cobardía y mezquindad política.

Los hechos son públicos y contundentes. Castillo intentó disolver ilegalmente el Congreso, secuestrar al país bajo un estado de excepción y capturar todas las instituciones. Fue un acto burdo, antidemocrático y abiertamente delictivo. A eso se suma la red de corrupción que operó durante su mandato, los negocios oscuros en los que participaron familiares y funcionarios cercanos, y el desastre institucional que dejó como herencia. Era, y es, un caso de libro: un presidente que traicionó al Estado, la Constitución y a los propios ciudadanos que decía representar y que finalmente cayó en su intento de cerrar el mismo congreso que hoy no lo inhabilita.

Un número vergonzoso de congresistas se negó a sancionarlo políticamente. Con su voto en contra o su abstención, decidieron pasar por alto el golpe, la corrupción y el daño infligido al país. Decidieron relativizar lo que no admite relativización: el quiebre del orden constitucional. Esos legisladores deberán cargar con esa responsabilidad ante la historia, y ante sus electores.

Entre los congresistas que declararon su oposición a la inhabilitación se encuentran: Pasión Dávila y Jaime Quito (bancada BS), Germán Tacuri, Roberto Sánchez, Wilson Quispe y Elías Varas (bancadas JP-VP-BM), Paul Gutiérrez (Somos Perú), José María Balcázar y Kelly Portalatino (PL), y Guido Bellido (Podemos Perú). Es decir: un amplio abanico de bancadas y grupos parlamentarios decidió respaldar, tácita o explícitamente, la impunidad.

Ese voto no solo revela un cálculo político individual: delata un pacto tácito de conservación del privilegio, del blindaje mutuo. Estamos ante un Congreso que, lejos de proteger la institucionalidad, la vulnera cuando le conviene.

Los nombres están allí, y deben ser recordados. Fueron quienes optaron por proteger a Castillo, o por jugar a la calculadora electoral cuando el país necesitaba claridad moral. Que lo expliquen de frente a los ciudadanos: ¿qué parte del golpe no entendieron? ¿o qué intereses superiores a la República defendieron?

Este fracaso parlamentario abre una herida profunda. El mensaje que queda es devastador: incluso un intento explícito de quebrar la democracia puede encontrar defensores en el Congreso.

La responsabilidad recae ahora sobre quienes sí votaron en favor de la inhabilitación, pero sobre todo sobre la ciudadanía. Los peruanos debemos tomar nota de lo ocurrido, porque aquí se ha revelado quién está dispuesto a defender la Constitución y quién prefiere sacrificarla por conveniencia. En política, como en la vida, los momentos límite separan a los que sirven al país de los que sirven a sí mismos.

Pedro Castillo ya enfrentará sus procesos penales. Pero lo que el país necesitaba era un acto claro de afirmación democrática. Un acto que el Congreso, una vez más, no fue capaz de realizar.

La historia será severa con él. Pero será más severa aún con quienes, teniendo la oportunidad de marcar un límite, prefirieron mirar para otro lado. Y esos legisladores deben saberlo. La democracia no se destruye solo con tanques, también se derrumba con votos vergonzosos y silencios cómplices. Y ante eso, la única respuesta posible es memoria, presión y castigo político en las urnas. El Perú merece instituciones limpias y el congreso ya no lo es.