(Redacción de La Abeja)
Los golpes de Estado ya no se ejecutan necesariamente con tanques en las calles ni con proclamas militares a la medianoche. Hoy, la soberanía de una nación se puede quebrar silenciosamente, bit a bit, desde la comodidad de un servidor extranjero y bajo el amparo de la flagrante incompetencia o la abierta complicidad de las instituciones llamadas a defenderla. La reciente y alarmante revelación del colectivo de ciberhacktivismo CyberHuntersOp es la radiografía de un colapso institucional que pone en jaque la base misma de nuestra democracia: el sistema electoral.
Los integrantes del colectivo ciberhacktivista #CyberHuntersOp han remitido una denuncia formal desde la cuenta oficial Email: jramosd@onpe.gob.pe dirigida a @FiscaliaPeru y @PoliciaPeru , con copia al responsable del Portal de Transparencia del Ministerio Público, Ing. Jorge Antonio Guzman Salguero (jguzmans@mpfn.gob.pe), exigiendo acción inmediata ante un delito consumado de suplantación de identidad en fraude electoral.
Para el ciudadano de a pie, la jerga informática que inunda la denuncia, servidores SMTP, registros SPF, protocolos DNS, puede sonar a ciencia ficción o a un laberinto indescifrable. Sin embargo, detrás de esos tecnicismos se esconde una realidad tan grotesca como peligrosa. Traducido al lenguaje de la calle, lo que los hacktivistas han expuesto es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dejó abierta la puerta trasera de su casa, y que esa llave terminó en manos de una red criminal transnacional vinculada a los casinos online ilegales.
El núcleo de la infamia radica en el sistema de Voto Electrónico No Presencial (VENP), una herramienta que debería ser un búnker de máxima seguridad y que, en cambio, operaba como una coladera. Según la auditoría forense digital presentada por los hacktivistas, el dominio oficial que utiliza la ONPE para gestionar el voto (venp.pe) figura a nombre de una ciudadana extranjera, Milena Kretova, cuya actividad principal es la operación de un casino online ilícito.
Lo verdaderamente criminal no es solo que una operadora de apuestas tenga acceso al entorno digital del sistema electoral, sino que la propia ONPE incluyó el servidor de este casino (srv-smtp.venp.pe) en su “lista blanca” o registro SPF oficial. En términos sencillos: la ONPE le otorgó credenciales de máxima confianza a un tercero no autorizado. Con este permiso digital, la organización delictiva no solo quedó facultada para enviar correos electrónicos institucionales suplantando la identidad de los funcionarios del Estado, sino algo infinitamente peor: la capacidad de inyectar votos electrónicos falsos generados mediante inteligencia artificial, los cuales el sistema de conteo asimilaba automáticamente como legítimos.
Por si fuera poco, el hilo de la impunidad no termina en nuestras fronteras. La investigación revela que este flujo de manipulación de datos y suplantación de identidades , incluso afectando cuentas de la propia Fiscalía de la Nación. era coordinado a través de redes virtuales privadas (VPN) localizadas en Chile. Es decir, los datos más sensibles de la voluntad popular de los peruanos estaban siendo administrados y controlados fuera del territorio nacional, configurando una violación directa e intolerable a nuestra soberanía.
Frente a un escenario de esta magnitud, las preguntas caen por su propio peso y exigen nombres y apellidos. ¿Quién en la Alta Dirección de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral (GITE) de la ONPE autorizó la inclusión de un servidor de casinos en el registro de seguridad de la institución? ¿Dónde estuvieron los filtros de control del Gerente Roberto Carlos Montenegro Vega, o los protocolos de infraestructura del Subgerente Jesus Alberto Felix Atuncar? El silencio o la respuesta burocrática de estos funcionarios ya no es una opción aceptable. Aquí estamos ante un presunto delito consumado de fraude electoral y suplantación de identidad que la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional deben investigar de manera inmediata y sin miramientos políticos.
La gravedad de lo denunciado por CyberHuntersOp trasciende las simpatías partidarias o las coyunturas electorales del momento. Si el ciudadano pierde la confianza en que su voto digital o físico vale lo que dice el acta, el contrato social se rompe por completo. No podemos permitir que el destino del Perú se decida en la ruleta de un casino clandestino o en los algoritmos manipulados de un servidor fantasma.
Exigimos una auditoría internacional, independiente e implacable a toda la infraestructura tecnológica de la ONPE. La democracia peruana no puede ser la timba de nadie. Las elecciones se ganan en las urnas con votos reales de ciudadanos de carne y hueso, no con trampas informáticas diseñadas para perpetuar el poder de las mafias que operan en las sombras. Es hora de que las autoridades actúen con la firmeza que las circunstancias demandan y limpien la casa antes de que el daño sea irreversible.
Los funcionarios mencionados, ocuparon esos puestos por concurso o a dedo? Y que título universitario tienen? Lo mínimo es ingeniero informático, pero, el título ¿lo obtuvieron en la Vallejo?