Por: Mg. Pbro. Soriano Linares Díaz
La política peruana atraviesa una profunda crisis de representación, legitimidad, institucionalidad y responsabilidad pública. Lo más lamentable no es únicamente la confrontación entre partidos o candidatos, sino constatar que numerosos actores políticos compiten por cargos, escaños, privilegios y espacios de poder, mientras son muy pocos quienes luchan auténticamente por la posibilidad de servir al país.
Se ha confundido la política con la conquista y conservación del poder. Sin embargo, el poder político no constituye un fin en sí mismo: es un instrumento temporal que solo adquiere legitimidad cuando se utiliza para proteger los derechos de las personas, resolver los problemas colectivos, fortalecer las instituciones y mejorar las condiciones de vida de la población.
Quien accede a una función pública no se convierte en propietario del Estado ni en beneficiario privilegiado de sus recursos. Por el contrario, asume el deber jurídico, ético y político de servir a la Nación. La autoridad que no sirve pierde su razón de ser, porque el poder desligado del bien común degenera inevitablemente en abuso, corrupción, arbitrariedad y sometimiento.
Gobernar tampoco significa trabajar exclusivamente para la izquierda, la derecha, el centro o una determinada organización partidaria. Las ideologías son construcciones humanas, históricas y circunstanciales. No constituyen verdades absolutas ni poseen, por sí mismas, un fundamento definitivo sobre la realidad, la dignidad humana o el destino de la sociedad.
Más aún, cuando una ideología pretende explicar la totalidad de la existencia, reemplazar la verdad o imponer una visión cerrada del ser humano, termina convirtiéndose en una falsificación de la realidad. Ninguna etiqueta política puede colocarse por encima de la persona, de su dignidad, de su libertad ni de su vocación trascendente.
Las ideologías dividen cuando se absolutizan; clasifican a las personas entre aliados y enemigos; reducen la complejidad humana a consignas partidarias y sustituyen el razonamiento por el fanatismo. Por eso, no debemos permitir que la izquierda, la derecha o cualquier otra corriente ideológica se conviertan en nuevas formas de dogmatismo político.
Aunque pensemos de manera distinta, existe una verdad superior que nos une. No somos únicamente individuos enfrentados por intereses, partidos o posiciones políticas. Somos seres humanos dotados de dignidad, conciencia, libertad y responsabilidad, creados por Dios.
Nuestra unidad más profunda no depende de una ideología, de una elección o de una mayoría circunstancial. Procede de una verdad anterior al Estado y superior a cualquier gobierno: todos compartimos una misma condición humana y hemos sido creados por un mismo Creador. Ese Creador es Dios.
Reconocer a Dios como fundamento de la dignidad humana no significa imponer una opción partidaria ni utilizar la fe como instrumento de poder. Significa comprender que la persona posee un valor intrínseco que ningún gobierno concede y que, por consiguiente, ningún gobierno tiene derecho a desconocer.
Desde esta perspectiva, la política debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la política. El Estado, los partidos y las instituciones son medios; la dignidad humana, la justicia, la paz y el bien común son los fines.
Una vez alcanzado el gobierno, la autoridad ya no representa únicamente a quienes votaron por ella. Tiene la obligación de gobernar para todos: para quienes la apoyaron, para quienes se opusieron y para quienes no participaron en la elección. El Estado no puede ser utilizado como propiedad de una facción, un partido, un grupo económico o una coalición circunstancial.
Una democracia madura reconoce la pluralidad de opiniones, pero rechaza el sectarismo. Discrepar es legítimo y necesario; deshumanizar al adversario, difundir falsedades o convertir toda diferencia en una enemistad irreconciliable constituye una grave degradación del debate público.
También debemos examinar críticamente el comportamiento de muchos ciudadanos en las redes sociales. Defender una posición política no es incorrecto. Lo preocupante surge cuando la adhesión se vuelve ciega, emocional e incapaz de reconocer evidencias; cuando se insulta a quien piensa diferente; o cuando se difunden acusaciones sin pruebas, consignas sin análisis y opiniones sin fundamento.
Quienes actúan de esa manera no fortalecen la democracia. Por el contrario, fragmentan al país, empobrecen la deliberación pública y convierten la política en una lucha irracional entre identidades enfrentadas. No se trata de estar permanentemente a favor de unos y en contra de otros, sino de analizar con objetividad qué decisiones favorecen realmente al Perú.
La unidad nacional no exige que todos pensemos de la misma manera. Unidad no significa uniformidad, sometimiento ni ausencia de discrepancias. Significa reconocer que, por encima de nuestras diferencias ideológicas, regionales, sociales o partidarias, compartimos una misma patria, una misma dignidad humana y una responsabilidad común frente al futuro.
La verdadera pobreza cultural aparece cuando creemos que la solución consiste en destruir al adversario y no en construir acuerdos; en dividir y no en integrar; en imponer y no en dialogar; en insultar y no en argumentar. Una nación no progresa cuando cada grupo pretende gobernar únicamente para los suyos. Progresa cuando sus instituciones son capaces de transformar las diferencias en diálogo, las demandas en políticas públicas y los conflictos en soluciones justas y democráticas.
Por ello, invito a todos mis compatriotas a reflexionar seriamente sobre la calidad de nuestra cultura política. El Perú necesita ciudadanos preparados, críticos y responsables; personas que estudien, contrasten información, exijan pruebas y analicen las consecuencias de cada propuesta.
El pensamiento crítico no consiste en desconfiar irracionalmente de todo, sino en no aceptar ninguna afirmación sin examinar sus fundamentos. Tampoco consiste en repetir lo que afirma un líder, un partido, un medio de comunicación o una red social. Pensar críticamente significa buscar la verdad, reconocer los hechos y actuar conforme a principios éticos.
No debemos permitir que políticos, grupos económicos, dirigentes, medios de comunicación o plataformas digitales decidan por nosotros qué debemos pensar. Una ciudadanía informada no sigue ciegamente a ningún líder: evalúa sus propuestas, vigila sus actos, exige resultados y demanda responsabilidad cuando se incumplen los deberes públicos.
Personalmente, no me defino por una adhesión incondicional a la izquierda ni a la derecha. Me identifico con quienes aman al Perú, respetan la dignidad humana, buscan la verdad, defienden la justicia y trabajan honestamente por el bien común.
El Perú no necesita más fanatismo, improvisación, corrupción ni enfrentamiento estéril. Necesita educación, integridad pública, instituciones sólidas, pensamiento crítico, diálogo democrático, responsabilidad moral y ciudadanos capaces de colocar los intereses nacionales por encima de las ambiciones personales.
Porque la política, cuando es auténtica, no es un mecanismo para servirse del pueblo.
La política es el deber de servir al pueblo, defender la dignidad de cada persona, procurar el bien común y trabajar por la grandeza del Perú, bajo la verdad y la justicia que proceden de Dios.
