LA HORA MÁS OSCURA DE LA DEMOCRACIA PERUANA

Por: Luciano Revoredo

La recta final de una elección debería ser el momento más limpio, más transparente y más incuestionable de todo proceso democrático. Sin embargo, lo que hoy se vive en el Perú dista peligrosamente de ese ideal. La diferencia de unos cuantos miles de votos entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, tiene que ver con que no todos pudieron ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones.

El problema no es menor. Cuando miles de ciudadanos en Lima, principal bastión electoral de López Aliaga, enfrentan obstáculos logísticos que les impiden votar, estamos ante un fraude logístico. No se trata de preferencias ideológicas ni de simpatías personales, sino de la integridad misma del sistema electoral. Una democracia no se quiebra únicamente con fraude directo; también se erosiona cuando el aparato que debe garantizar el voto falla de manera sistemática en determinados sectores para influir en el resultado. Abundar en los detalles de la estrategia de la ONPE para influir en los resultados ya resulta inútil. Todos lo hemos visto ante nuestros ojos, se trata de una situación que nos ha llevado al momento inédito en que el JNE denuncia penalmente al jefe de la ONPE y el Fiscal de la Nación pide a la JNJ que separe al jefe de la ONPE en un proceso administrativo a través de una medida cautelar porque en su opinión ya no está en condiciones de llevar adelante la segunda vuelta.

En ese contexto, la posibilidad de una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez abre un escenario predecible, pero no por ello menos preocupante. La historia reciente ha demostrado que el antifujimorismo, alimentado durante décadas por sectores de las izquierdas, opera como un bloque cohesionado que termina inclinando la balanza electoral. Ignorar ese factor es ceguera política.

Más inquietante aún resulta la actitud de quienes como Miki Torres o Luis Galarreta, frente a denuncias graves, optan por la negación anticipada. Sostener que no existen indicios ni pruebas del fraude sin una investigación exhaustiva no fortalece la democracia; la debilita. Peor todavía cuando esa postura parece responder más a cálculos electorales que a un compromiso real con la transparencia. Apostar por un escenario que consideran favorable, aun cuando esté rodeado de cuestionamientos, no solo es un error de lectura política es una renuncia al deber de defender la legitimidad del proceso y una inmoralidad repugnante.

No se trata de una lucha por cuotas de poder, sino de una batalla por la supervivencia de la nación. Quien no sea capaz de denunciar la podredumbre en el sistema electoral hoy, no tendrá autoridad moral para gobernar mañana.

Hay quienes, con una ingenuidad peligrosa, piden la unidad entre López Aliaga y Keiko Fujimori. Seamos claros, no puede haber unidad con quien respalda a un sistema electoral denunciado penalmente por el propio Jurado Nacional de Elecciones.

Debemos apuntar a manejar el proceso con reglas claras, garantías efectivas y una institucionalidad que esté por encima de cualquier interés coyuntural.

En medio de este panorama, la exigencia de revisar el proceso o incluso de plantear nuevas elecciones no debería ser descartada con ligereza. No es un capricho, sino un mecanismo extremo para restablecer la legitimidad perdida. Porque el verdadero costo no está en repetir una elección, sino en sostener un resultado que una parte significativa del país percibe como viciado lo que nos llevaría a un gobierno sin legitimidad y al caos social.

El Perú se encuentra, una vez más, frente a una encrucijada. No es simplemente una disputa entre candidatos, sino una prueba de resistencia de la democracia. Minimizar las dudas, relativizar las fallas o acomodarse a conveniencias momentáneas puede dar una victoria pasajera, pero deja heridas profundas en el tejido social.

Cuando el voto pierde su carácter, la democracia se oscurece y ese es siempre el inicio del camino al abismo.