Política

LA CONSTITUCIÓN, EL ÓRDEN Y LA CORRUPCIÓN

Por Juan Carlos Suttor
La renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la asamblea constituyente y la liberación de Pedro Castillo es la cantaleta ya aburrida que repiten los vándalos terroristas, traidores a la patria, pagados, sin saber ni entender lo que dicen. A esta gente ignorante tan solo habría que repreguntarle el porqué de cualquiera de sus cuatro puntos de lucha y no sabrán qué decir. ¡Si ni siquiera los congresistas de izquierda pueden dar un argumento razonable!
Y cuando digo “pagados”, es porque en todo este sabotaje al país, perfectamente organizado, están los millones de Soros, del Foro de São Paulo, del narcotráfico, de la minería ilegal y de la tala ilegal, además de organizaciones comunistas, todos con el objetivo de convertir al Perú en una selva, donde cada uno haga lo que le da gana y donde la ley no exista.
Vamos punto por punto.
La renuncia de Dina Boluarte: Nos guste o no, con fraude o sin fraude, la fórmula del presidiario Pedro Castillo, fue la que según el Jurado Nacional de Elecciones ganó el proceso electoral del 2021 y todos los peruanos la aceptamos. Tras la declaratoria de vacancia del expresidente por los delitos cometidos en flagrancia, correspondió que la vicepresidente asuma el cargo de presidente. Constitucionalmente, entonces, corresponde que la señora Boluarte culmine el período presidencial hasta el 28 de julio de 2026.
El cierre del Congreso: Bajo el mismo concepto que el anterior, 25 millones de electores hábiles elegimos a los 130 congresistas que hoy nos representan y entonces, constitucionalmente, nos guste o no, esos 130 congresistas son “la voz del pueblo”. ¿Está claro o no se entiende cómo funciona la democracia?
La asamblea constituyente: Es la monserga estúpida de siempre de la izquierda. Hacerle creer a gente ignorante que una nueva constitución les va a resolver los problemas, como si eso hubiera sido la solución con las asambleas constituyentes que se hicieron en Venezuela o Bolivia, o el mamarracho que se hizo en Chile y que fue rechazado por la mayoría de los ciudadanos. Para que sepan los ignorantes y para que sepan los cochinos comunistas, desde 1993, la Constitución Política del Perú ha tenido 45 cambios: 34 modificaciones, 9 agregados e incorporados y 2 sustituciones a artículos, incisos, numerales, párrafos, disposiciones finales o transitorias y capítulos, lo cual ya podría ser considerado como una nueva Carta Magna. Y hoy por hoy se siguen viendo nuevos cambios.
La liberación de Pedro Castillo: Este es el pedido más estúpido. El ciudadano Castillo tiene muchas investigaciones por corrupción y está preso por haber cometido un delito en flagrancia, un golpe de estado. El reo está preso por decisión del Poder Judicial, no por decisión de la presidente Boluarte o del Congreso de la República.
Aclarado lo anterior, que, por supuesto es un punto de vista personal, habría que preguntarse, o habría que preguntarles a los desubicados ignorantes, ¿qué solucionaría la renuncia de la señora Dina Boluarte? ¿Qué resolvería un adelanto de elecciones en las mismas condiciones actuales? ¿Qué resolvería una asamblea constituyente? ¿Cómo convocar a elecciones anticipadas en un país inmerso en una crisis de violencia?
El problema está, en parte, en el Poder Ejecutivo y los organismos que dependen de él, plagado de corruptos, caviares e ineptos, puestos desde el gobierno de Alejandro Toledo y que se ha agravado por la catástrofe que nos ha dejado Pedro Castillo en sus caóticos 17 meses de gobierno En parte, también, está el Congreso, conformado en gran medida, por gente sin experiencia en la labor parlamentaria y también por corruptos, gracias al lagarto Martín Vizcarra. Creo, sin embargo, que afortunadamente y a diferencia de otros congresos, esta vez tenemos a un grupo pequeño, pero significante, que está sacando la cara por la democracia y por el Perú.
Un factor muy importante de la grave situación que nos aqueja está dado también por la pobre gestión de los gobiernos regionales y también de las alcaldías provinciales y distritales.
Por razones de espacio solo me referiré a los gobiernos regionales, organismos que reciben millones de soles de parte del gobierno central, pero son incapaces de ejecutarlos por su propia incapacidad. Y lo muy poco que ejecutan, se orienta a obras superfluas que no satisfacen las necesidades básicas de sus poblaciones, como son agua, desagüe y electricidad, y por supuesto, a la corrupción.
¿Cuántos exgobernadores regionales se encuentran hoy presos por corrupción o son investigados y tienen restricciones por actos de corrupción? No menciono a los actuales porque recién hace unas semanas entraron en funciones, pero seguramente será la misma historia.
Para muestra reciente, Vladimir Cerrón, ex gobernador de Junín, líder de Perú Libre, condenado dos veces por corrupción, con varias investigaciones en curso y que pasea libre por las calles. Como él hay muchos, sobre todo en las regiones en que se reciben más recursos por concepto de canon.
Hoy, vemos como cada uno de estos ineptos, sobre todo en la región sur, se lavan las manos ante la arremetida comunista, sin capacidad para resolver nada y simplemente reclamándole al gobierno. ¿Y entonces, para que tenemos gobiernos regionales?
En los últimos días hemos sido testigos de huaicos, deslizamientos y lluvias torrenciales, que ocurren todos los años en esta época y que, lamentablemente, seguirán por la eterna improvisación y la informalidad de las autoridades. ¿Qué hicieron los gobiernos regionales? Pues nada, tan solo reclamarle al gobierno. ¿Y por qué lo hacen? Porque son unos incapaces, corruptos a los que solo les interesa llenarse los bolsillos de plata.
En el Perú tenemos el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud – Serums, un programa de servicio a la comunidad realizado por profesionales de ciencias de la salud titulados y colegiados, prioritariamente en las poblaciones más pobres y alejadas del Perú. El gobierno central podría crear una entidad similar, orientada a otras profesiones como Administración de Negocios, Economía o Ingeniería Industrial, para que los egresados puedan servir a los gobiernos regionales en por lo menos, lo que es generación y gestión de proyectos, por supuesto con la estrecha colaboración de la Contraloría General de la República, para denunciar cualquier atisbo de corrupción.

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