Por: Alfredo Gildemeister
La semana pasada fui entrevistado por un conocido medio de comunicación en relación al funcionamiento del denominado Impuesto al Patrimonio Vehicular (IPV), también conocido como Impuesto Automotriz. Una vez que le expliqué al amable periodista cual era la tasa del impuesto, quienes lo tenían que pagar, el periodo de pago, así como la base imponible o valor del vehículo sobre el cual se debía tributar, y pensé que todo había quedado claro. Sin embargo, terminada la entrevista y durante el resto del día, comencé a leer en diversos medios de comunicación, noticieros, así como en las redes sociales que, al parecer, el público en general no entendía el funcionamiento del impuesto en cuestión, y prácticamente en todas partes se comentaba que, en adelante, toda persona que fuera propietaria de un vehículo, tendría que pagar el IPV sobre dicho vehículo todos los años. Todo el mundo se quejaba y manifestaba su malestar por ello. Me quedé desconcertado puesto que ello no era verdad, pero luego también comprendí que la ideología se había impuesto al referido tributo, confundiendo a los contribuyentes.
Veamos brevemente en qué consiste el IPV y como la ideología pretendió contaminarlo. El IPV grava la propiedad de vehículos (automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y omnibuses, así como los remolcadores o tracto camiones), con una antigüedad no mayor a tres (3) años. Claramente pues la Ley de Tributación Municipal (Texto Único Ordenado aprobado por D.S.No.156.2004-EF) señala en su artículo 30 y siguientes, que este tributo solo se paga por tres años consecutivos, nada más. El detalle y lo que pienso que ha confundido a los contribuyentes, es que el pago por tres años se computa a partir de la primera inscripción del vehículo en el Registro de Propiedad Vehicular (RPV). Hasta el año 2001, los tres años se computaban a partir del año de fabricación del vehículo. Hoy eso ya no es así. De allí que si una persona es propietaria de una camioneta fabricada en el 2015 pero recién la registra en el RPV en el mes de enero de 2022, dicha persona deberá pagar el IPV por los ejercicios 2023, 2024 y 2025 nada más, esto es, sólo por los siguientes tres ejercicios. De allí que la norma publicada el pasado martes 11 de enero (Resolución Ministerial No. 003-2022-EF/15), haya establecido los valores de los vehículos fabricados en los ejercicios 2019, 2020 y 2021 en una tabla, a fin de pagar el tributo del ejercicio 2022 a los que les corresponda. Así mismo, se ha publicado una pequeña tabla de actualización para los vehículos fabricados del 2018 para atrás. Esta última tabla es la que posiblemente ha llevado a creer a los contribuyentes propietarios de un vehículo de años anteriores, que tienen que seguir pagando el IPV cada año, olvidando que solo es por los tres primeros años a partir del año de inscripción en el RPV. Por lo demás ya sabemos que este tributo puede pagarse a la municipalidad provincial al contado hasta el 28 de febrero de cada año o en cuotas trimestrales, al igual que el impuesto Predial y los arbitrios, que se pagan a la municipalidad distrital.
Lo cómico del caso es que como nos encontramos bajo un gobierno abiertamente comunista en donde la ideología marxista se antepone a toda labor, saber y entender, diversos medios informaban que se trataba de un impuesto a los ricos dando a entender como si el hecho de ser propietario de un vehículo significara que una persona es rica. Muchos protestaron porque tendrían que pagar todos los años el impuesto en cuestión cuando eso no es así, pero se vio claramente como el tema fue manipulado y tergiversado, afectando irónicamente al propio gobierno y al mismo ministro de Economía que tanto había criticado a los propietarios de vehículos de lujo, como si ello fuera un pecado capital.
Estas cosas suceden pues cuando un gobierno marxista como el de Castillo, pretende mezclar ideología con impuestos, como cuando se pretendió crear un “impuesto a los ricos”, pretendiendo resucitar la vieja dicotomía marxista de ricos y pobres, inculcándose la idea de que “los ricos” no pagan tributos o no pagan lo suficiente o no pagan lo que deberían pagar o que “podrían pagar un poco más” como hace poco declarara el propio ministro de economía, sin informar obviamente que en todo sistema tributario en el mundo -incluyendo el peruano- los contribuyentes tributan de acuerdo a su capacidad contributiva, por lo que los contribuyentes que mas rentas obtienen en el año tributan a tasas mas altas pagando mas impuestos; aquellos que no ganan tanto, tributaran menos; e inclusive aquellos que ganen poco, no tributaran por constituir dicha renta su “mínimo no imponible” necesario para vivir dignamente el contribuyente y su familia.
En el caso del Impuesto al Patrimonio Vehicular (IPV), la realidad es que se trata de un tributo medioambiental, lo que en la doctrina tributaria se denomina un “green tax” (impuesto verde), el cual tal como sucede en los países desarrollados del mundo, debiera gravar sólo a los vehículos viejos, usados o anticuados que son los que lógicamente contaminan más, y no gravar a los propietarios que adquieren un vehículo nuevo con un motor limpio y que contamina poco. EL objeto es incentivar a las personas a adquirir vehículos nuevos desechando los viejos que contaminan más. En el Perú dicho IPV funciona al revés, castigando a los peruanos que haciendo un esfuerzo -inclusive con préstamos bancarios- adquieren un vehículo nuevo para transportarse e inclusive para poder trabajar (taxis, movilidad escolar, etc.), y premiando a los propietarios de vehículos viejos, sin mantenimiento alguno, que expulsan humo a granel por toda la ciudad. Ya el nefasto gobierno de Vizcarra había elevado tremendamente el Impuesto Selectivo al Consumo a la importación de vehículos, encareciendo el precio de los vehículos nuevos e incentivando la compra de vehículos viejos o usados que contaminan más.
En el Derecho Medio ambiental, existe un principio universal: “El que contamina paga”, esto es, aquel que, mediante un negocio, fábrica, industria, etc. contamina el medio ambiente, debe pagar más e inclusive, reparar o remediar el daño causado. Increíblemente en el Perú, repito, esto funciona al revés, castigándose al que adquiere un vehículo nuevo a pagar un tributo por tres años, además de pagar el SOAT anual – ese vehículo que posiblemente ya se encuentra cubierto con un seguro privado- lo cual hace que este IPV pierda sentido alguno. Sin embargo, constituye un claro ejemplo de cómo la ideología se impone, castigando al “rico” propietario de un vehículo nuevo. Casos como el que analizamos también se observa en las “propuestas” de modificaciones al impuesto a la renta señaladas por el actual gobierno, al pretender elevar las tasas a las empresas mineras o a los sufridos trabajadores dependientes, por ejemplo, como si el hecho de elevar tasas ya diera como resultado automático una mayor recaudación, siendo el efecto todo lo contrario, menos recaudación, tal como se ha podido ver en otros países con la misma creencia, que en realidad es ignorancia absoluta sobre temas fiscales.
En conclusión, los impuestos y la ideología no van de la mano, no funcionan y la historia así lo demuestra en diversos países, especialmente del orbe socialista o comunista. No antepongamos la ideología a la economía, a la fiscalidad, al Estado de Derecho o a la democracia, puesto que abundan los fracasos en la historia de aquellos gobiernos que han pretendido hacerlo y las verdades sean dichas: en el Perú no estamos ya para experimentar con propuestas fracasadas y desastrosas. De eso ya tuvimos bastante en los 70s.
