Por: María Durio
Llegan noticias del frente provida. Se está librando una intensa batalla en forma de sonora campaña contra la Ley del Aborto británica que ha dado un cariz distinto al asunto. Sus impulsores se centran en un punto concreto de la norma y han conseguido llegar al Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, que tendrá que decidir, previsiblemente, antes de finales de año. Y, lo más importante, han logrado dar con la técnica para que la vida del concebido vuelva a ser tema de conversación de las sobremesas de los británicos.
Todo comenzó en 2018. Heidi Crowter (1995), una de las protagonistas de esta historia, leyó en alguna noticia que el 90% de los no nacidos con síndrome de Down eran abortados en Reino Unido. De hecho, la Ley del Aborto, aprobada en 1967, permite acabar con la vida de los fetos de hasta 24 semanas en Inglaterra, Escocia y Gales, con una excepción, recogida en el artículo 1(1)(d): dicho límite desaparece si existe “un riesgo sustancial de que, si el niño naciera, sufriera anormalidades físicas o mentales como para quedar seriamente discapacitado”. En estos casos, entre los que está incluida la trisomía 21, una mujer de estos países puede abortar hasta el día anterior del parto.
Crowter sufrió una fuerte impresión al conocer este dato, hasta el punto de no darle mucho crédito, al principio. ¿El motivo? Ella misma tiene síndrome de Down. Ni sus padres ni los médicos lo supieron hasta que la niña nació. Y, a día de hoy, a sus 26 años, ha superado varias enfermedades cardiacas, se ha graduado en el mismo colegio que sus hermanos, se ha independizado, se ha formado en estética y ha encontrado su propio empleo. Ah, y se ha casado con James Carter, que también tiene un cromosoma extra. Por eso, Crowter (su apellido de soltera) pasó de la perplejidad al leer las estadísticas abortivas en su país, a la indignación, primero, y a la acción, después.
“ESTA LEY ME HACE SENTIR NO QUERIDA Y NO DESEADA”
Como es habitual en ella, de carácter resuelto, no se quedó de brazos cruzados y tomó la iniciativa. Desde su casa de Coventry, en el centro de Inglaterra, cerca de Birmingham, Crowter comenzó a invadir las redes sociales con un mensaje: “esta ley me hace sentir no querida y no deseada. Me incluyen en esa definición de ser gravemente discapacitada sólo porque tengo un cromosoma extra. Lo que me dicen es que mi vida no es tan valiosa como otras y no creo que sea correcto. Creo que es francamente discriminación”. Tras varios días publicando estos mensajes, fue a más: anunció su intención de llevar el artículo 1(1)(d) a la Justicia británica por considerarlo una exclusión en toda regla de las personas con discapacidad, especialmente de las que tienen síndrome de Down.
Fue entonces cuando contactaron con ella desde el movimiento Don’t Screen Us Out (“No nos descartes”), impulsado, principalmente, por Lynn Murray, madre de un niño con trisomía 21. La asociación lleva desde 2013 intentando hacer lobby y llevando a cabo campañas de marketing de guerrilla para conseguir dos objetivos: el primero, reformar la Ley del Aborto para limitar la muerte de los fetos con riesgo de sufrir discapacidad, al menos, hasta la semana 24, como en el resto de casos; y, en segundo lugar, implantar técnicas de diagnóstico prenatal no invasivas en las embarazadas para evitar daños en el no nacido. Los profesionales de Don’t Screen Us Out ofrecieron a Crowter tanto asesoramiento legal como económico para la búsqueda de financiación necesaria para sentar la Ley del Aborto en el banquillo, además de los medios necesarios para dar a conocer la campaña por tierra, mar y aire.
LEA-WILSON Y SU HIJO AIDAN
A la causa de Crowter se han unido miles de personas, pero sólo una de ellas se ha atrevido a enfrentarse también legalmente al Gobierno británico, y es Máire Lea-Wilson, una contable londinense de 33 años, madre de dos hijos, que conoció a Heidi en una entrevista en televisión.
Mientras escuchaba a aquella chica de 25 años que defendía en la pantalla el valor de su vida, aun con un cromosoma de más, tanto como la de cualquier otra persona, Máire tenía a su hijo pequeño, Aidan, en brazos. El niño había nacido en 2019 y dos días antes de dar a luz, todavía los médicos y enfermeros que le atendían le animaban a abortarle. Y es que, a las 34 semanas de gestación, a Lea-Wilson y su marido les comunicaron que Aidan tenía síndrome de Down. Y, todavía hoy, son muchos quienes miran con compasión a Máire y le preguntan cómo es que su ginecólogo no fue capaz de advertirle de la discapacidad del bebé, para que pudiera haberlo abortado a tiempo. Una situación que esta madre no entiende: “tengo dos hijos. Ambos son testarudos, decididos, de espíritu independiente y cariñoso. Como su madre, necesitan que les cuide, que les enseñe el mundo, que les quiera y que les valore. Como su madre, puedo decirte que los valoro por igual; pero parece que la ley no lo hace. La razón es que uno de ellos tiene síndrome de Down y el otro no”, ha afirmado en varias ocasiones a los periodistas.
Lea-Wilson se puso en contacto con Heidi y con miembros de Don’t Screen Us Out a mediados del 2020 y se decidió a presentar una impugnación conjunta con Crowter y su hijo, a quien representa legalmente, para que los Reales Tribunales de Justicia del Reino Unido declaren ilegal el aborto de fetos con riesgo de discapacidad hasta el nacimiento.
Por el momento, su plan se está cumpliendo: Don’t Screen Us Out contrató a Jason Coppel, uno de los abogados estrella de Reino Unido. Su perfil es el perfecto para este litigio: conocido en las Islas por su trabajo para el Gobierno británico durante el proceso del Brexit, conoce perfectamente cómo funciona el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, a donde ha llegado la demanda, y, sobre todo, domina el Derecho comunitario.
Este último dato es clave, porque en él se basa la defensa de la impugnación que han presentado Crowter y Lea-Wilson. Coppel sostiene que el Gobierno británico, con esa disposición legal, está incumpliendo la Convención europea sobre derechos para personas con discapacidad, que exige a los países firmantes la garantía de una vida sin discriminación y plena para estas personas. Así se lo manifestó Coppel a los jueces Singh y Lieven los pasados días 6 y 7 de julio en la vista celebrada en Westminster: “desde el punto de vista ético y moral, es incorrecto destrozar una vida según criterios de discapacidad”. Es más, añadió lo siguiente: “dos de los demandantes pertenecen a la minoría de fetos diagnosticados con esa condición y no fueron abortados. Tienen una vida plena y feliz, como asimismo demuestran la mayoría de las personas con síndrome de Down”.
UN NUEVO ENFOQUE DE LA CAUSA PROVIDA
El resultado del caso todavía es incierto. El Tribunal no se pronunciará hasta pasados unos meses; previsiblemente, a finales de año. Sin embargo, sea cual sea el desenlace, la historia en sí misma es interesante, porque ha dado un vuelco en la manera de presentar a la opinión pública las peticiones de los provida.
Los argumentos de Heidi Crowter y Máire Lea-Wilson se fundamentan en la discriminación que sufren las personas con síndrome de Down o con discapacidad con respecto al resto. Mientras que unas sólo pueden ser abortadas hasta la semana 24 de embarazo, las primeras pueden eliminarse hasta pocas antes del parto. Como consecuencia, la población síndrome de Down en Inglaterra se ha reducido considerablemente, mientras que en países como Dinamarca apenas nacen niños con trisomía 21 (sólo 18 en 2019). En Islandia, por ejemplo, ya no existen.
Con esta Ley del Aborto, sostienen Crowter y Lea-Wilson, se envía un mensaje muy concreto a los británicos, y es que sus vidas son menos valiosas que las de las personas que no tienen ninguna discapacidad. Heidi lo tiene claro: “mi vida es feliz y plena, y merece ser vivida. Si por los legisladores fuera, yo hoy estaría muerta”, asegura, oportuna e inoportunamente, a todo el que se cruce en su camino. Lo mismo opina Máire: “quiero que mi hijo no sea visto como una carga para nadie, porque no lo es. Su vida es preciosa, como la de cualquier otro”.
Bajo el mensaje de la discriminación y de la victimización de las personas con síndrome de Down, estas dos mujeres, valientes, han logrado que se les preste atención con, al menos, parecido interés al que se le presta a otras minorías que se consideran discriminadas en Reino Unido. Las asociaciones de apoyo a personas con trisomía 21 de Reino Unido han apoyado con entusiasmo la campaña bajo este enfoque: no es justo que se dé un trato distinto según el grado de discapacidad que tenga cada uno. Estas personas están siendo discriminadas, y, en una sociedad inclusiva e igualitaria, esta exclusión no tiene sentido. Medicina progre vía intravenosa.
Queda por ver, como decimos, el resultado de este apasionante litigio, que ha mantenido durante unos días a los británicos pendientes, tantos años después, del aborto. Existen muchas posibilidades de que Crowter y Lea-Wilson pierdan, pero, a estas alturas, con 100.00 abortos practicados al año en España, el caso sólo nos puede despertar, al menos, cierta esperanza. Porque aunque la ministra de Igualdad, Irene Montero, anuncie una reforma de la Ley del Aborto para regular la objeción de conciencia de los médicos, eliminar el preceptivo permiso paterno para las niñas de 16 y 17 años y poner fin a los tres días de reflexión para las madres que quieran abortar, de la Gran Bretaña hemos aprendido algo. Es posible presentar la batalla a la posmodernidad progresista y liberal con sus mismas armas.
