GINEBRA NO MANDA EN EL PERÚ QUE RECHAZA CONTRABANDO IDEOLÓGICO EN RESOLUCIÓN ONU

Por: Carlos Polo

Imagine que alguien le presenta un contrato larguísimo, lleno de párrafos que suenan bonitos, y le pide que lo firme «sin preocuparse, porque no obliga a nada». Usted lo firma. Años después, ese mismo papel reaparece esgrimido por un juez internacional como prueba de que usted «se comprometió». Cualquier peruano prudente desconfiaría. Pues bien, algo muy parecido ocurre cada año a espaldas de los ciudadanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

Allí, ciertos burócratas internacionales negocian resoluciones que luego viajan hasta Perú convertidas en presiones para cambiar nuestras leyes penales o los planes de estudio de nuestros hijos. Y utilizan, para ello, la técnica del caballo de Troya.

El período de sesiones que acaba de terminar en Suiza abordó la prevención del matrimonio infantil. No hay un solo peruano que defienda el abuso contra las niñas; por eso el tema es un envoltorio perfecto. El problema estaba en la letra pequeña. Bajo la noble excusa de proteger a la niñez, la ONU intentó meter de contrabando términos como «salud sexual y reproductiva» (la puerta de entrada para imponer el aborto como derecho humano), «educación sexual integral» y «autonomía corporal». Todos estos no contemplados en nuestras normas y algunos de ellos, como la ESI, positivamente excluidos de las mismas.  En el fondo, el objetivo es apartar a los padres de la educación de sus hijos y someter a las familias a la agenda ideológica de turno.

¿Y qué hizo nuestra diplomacia saliente frente a esta amenaza? Estuvo a punto de entregar las llaves de la casa. Los miembros de la misión de Perú en Ginebra, mostrando una preocupante ignorancia no solo con los valores del país, sino con nuestro propio ordenamiento jurídico, otorgó su co-patrocinio a esta peligrosa resolución. En su análisis no consideraron que la Constitución Política es el muro de contención de nuestra soberanía: reconoce al concebido como sujeto de derecho (art. 2), protege a la familia como fundamento de la sociedad (art. 4) y consagra el derecho y el deber preferente de los padres a educar a sus hijos (art. 13).

Que la delegación peruana haya intervenido al final de la sesión para leer una Explicación de Posición —precisando que los conceptos nuevos que se deslizan en esos textos carecen de valor legal y que el Perú responde únicamente a su Constitución, no a agendas externas— no obedeció a la lucidez ni a la firmeza de nuestros diplomáticos como buscan plasmar a nivel mediático. Obedeció a que un grupo de organizaciones –que nos dedicamos precisamente a salvaguardar la soberanía nacional de interferencias externas— advertimos a tiempo a la Cancillería del error que se estaba cometiendo la misión en Ginebra, quien finalmente lo corrigió.

Esa inaceptable negligencia por parte de algunos de los encargados de representarnos en la ONU no tuvo mayores consecuencias gracias a una pinza estratégica implacable: la vigilancia activa y la capacidad de movilización de la sociedad civil, en este caso representada por el Population Research Institute (PRI) y la asociación Origen Vanguardia y Cambio Cultural, con el soporte de algunos actores políticos clave, como el congresista Alejandro Muñante desde Lima. También fueron clave la inteligencia técnica y jurídica de nuestros aliados estratégicos internacionales, el Global Center for Human Rights (GCHR), quienes trabajan directamente en los pasillos de Ginebra. En un trabajo conjunto, se llegó a tiempo para frenar y levantar un escudo legal de última hora.

Pero debemos precisar algo importante: poner un parche defensivo cuando el partido está por terminar ya no es suficiente para Perú. Parte de la intención de los peruanos que han votado por Keiko Fujimori es buscar un cambio de rumbo profundo en el que la presidente electa recupere la soberanía concedida a la ONU en los último 25 años por parte de gobiernos complacientes con su agenda. Para esto, es importante que limpie la Cancillería peruana de inercias progresistas, al mismo tiempo que ordena a sus diplomáticos con claridad de que no se vuelve a firmar cheques en blanco. Proteger a la infancia y a las mujeres requiere familias fuertes y leyes justas, no agendas foráneas impuestas sin debate democrático.

Desde la sociedad civil ya hemos demostrado que Ginebra ha dejado de ser un punto ciego. Sabemos lo que negocian, entendemos sus trampas legales y, a pesar de ser pocos, nuestro trabajo ha demostrado que con la estrategia correcta a nivel nacional e internacional podemos combatir cualquier intento de rendir soberanía.

Ginebra no manda en el Perú. Y es hora de que nuestros representantes internacionales actúen en consecuencia.