Por: Martín de Aliaga
Madrid, 1935-36, análisis histórico
Pocas páginas de la historia contemporánea española resultan tan reveladoras como las que describen el proceso de descomposición institucional que vivió la Segunda República entre 1935 y 1936. Un fraude electoral de proporciones extraordinarias, denunciado en su momento por múltiples instancias políticas y jurídicas, alumbró un Gobierno cuya legitimidad fue cuestionada desde el primer día y cuya actuación precipitó una de las mayores crisis que ha conocido la nación española.
El contexto: una República bajo tensión
La Segunda República española, proclamada el 14 de abril de 1931, atravesaba en 1935 una crisis institucional profunda. El denominado bienio negro (1933-1935), caracterizado por la parálisis legislativa y los conflictos sociales, había dejado al país en una situación de extrema fragilidad. La Revolución de Octubre de 1934, impulsada principalmente por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus milicias, con el apoyo de sectores anarquistas y separatistas catalanes, había dejado un reguero de muertos, destrucción y una profunda desconfianza mutua entre las principales fuerzas políticas.
En este escenario de tensión máxima, el Presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, tomó en enero de 1936 una decisión que marcaría el rumbo trágico de los acontecimientos: disolvió las Cortes elegidas legítimamente en noviembre de 1933 y convocó nuevas elecciones generales para el 16 de febrero de 1936, una decisión que muchos juristas y políticos de la época consideraron constitucionalmente dudosa, dado que aquellas Cortes no habían agotado su mandato ni habían sido derrotadas en una cuestión de confianza decisiva.
Las elecciones de febrero de 1936: la jornada del fraude
Las elecciones del 16 de febrero de 1936 se desarrollaron en un clima de enorme crispación. Dos grandes coaliciones se disputaban el poder: el Frente Popular, integrado por republicanos de izquierda, socialistas, comunistas y otras fuerzas afines, y el Frente Nacional, que agrupaba a la CEDA, los agrarios, los monárquicos y otras formaciones de centro-derecha.
Los resultados de la jornada electoral presentaron, desde el primer momento, irregularidades de una gravedad inusitada. Según los datos provisionales de aquella misma noche, los resultados eran extraordinariamente ajustados, con diferencias mínimas en el voto popular. Sin embargo, lo que ocurrió en los días siguientes constituyó una de las mayores manipulaciones electorales de la historia republicana española.
El mecanismo del fraude
La clave del fraude no residió tanto en la jornada electoral en sí como en el proceso de escrutinio y, sobre todo, en la actuación de la propia Cámara recién constituida. El sistema electoral de la Segunda República otorgaba a las propias Cortes la facultad de validar o anular actas electorales mediante la Comisión de Actas, un mecanismo que, en manos de una mayoría decidida a consolidar su victoria, se convirtió en un instrumento de manipulación política sin precedentes.
La Comisión de Actas, dominada por diputados del Frente Popular, procedió a anular actas electorales en circunscripciones donde las derechas habían obtenido mayoría o resultados favorables, a sustituir diputados legítimamente elegidos por candidatos derrotados del Frente Popular mediante las denominadas «actas en blanco», a alterar los resultados en provincias clave como Granada, Cuenca y otras circunscripciones disputadas, y a proclamar resultados definitivos que no se correspondían con los recuentos originales certificados por las juntas electorales provinciales.
El historiador Javier Tusell, nada sospechoso de simpatías hacia la derecha española, reconoció en sus trabajos que la manipulación de actas alteró significativamente la composición final del Parlamento. Investigaciones posteriores, entre las que destaca el exhaustivo trabajo del historiador Manuel Álvarez Tardío junto a Roberto Villa García, plasmado en su obra El precio de la exclusión (2010), demostraron mediante el análisis sistemático de los expedientes electorales que el Frente Popular se adjudicó un número sustancial de escaños mediante la anulación fraudulenta de actas y la manipulación del escrutinio, alterando una correlación de fuerzas que en el voto popular real era mucho más equilibrada de lo que los resultados oficiales reflejaron.
Los denunciantes: voces ignoradas
Las denuncias no tardaron en producirse. Fueron numerosas, documentadas y procedentes de fuentes de indudable solvencia, aunque el Gobierno y la mayoría parlamentaria las ignoraron sistemáticamente.
El Tribunal de Garantías Constitucionales, órgano equivalente a un tribunal constitucional en la arquitectura jurídica de la República, recibió múltiples recursos e impugnaciones relacionadas con el proceso electoral. Sin embargo, su capacidad de actuación fue limitada por la propia dinámica política imperante.
Los partidos de la coalición derrotada, encabezados por la CEDA de José María Gil-Robles y los agrarios, presentaron impugnaciones formales ante la Comisión de Actas, documentando con detalle las irregularidades cometidas en diversas circunscripciones. Gil-Robles, en sus memorias y en sus intervenciones parlamentarias de aquellos meses, denunció con datos concretos cómo escaños ganados legítimamente habían sido arrebatados mediante la manipulación institucional.
El propio Presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, manifestó en privado —y así quedó recogido en sus memorias— sus serias dudas sobre la legitimidad del proceso. Alcalá-Zamora, que había convocado las elecciones con la esperanza de obtener un resultado centrista que permitiera gobernar con estabilidad, contempló con alarma el rumbo que tomaban los acontecimientos, aunque su capacidad de reacción fue nula. Poco después, las propias Cortes fraudulentas lo destituyeron mediante un procedimiento de legalidad más que cuestionable.
Militares, magistrados y personalidades de la sociedad civil elevaron también sus voces de alarma. El general Francisco Franco, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, remitió al Gobierno en funciones durante aquellos días un informe en el que advertía sobre el peligro que las irregularidades electorales suponían para la estabilidad del Estado. La advertencia fue ignorada.
Un Gobierno sin legitimidad: el Frente Popular en el poder
El Gobierno del Frente Popular, presidido inicialmente por Manuel Azaña y posteriormente por Santiago Casares Quiroga, nació, por tanto, bajo el signo de una legitimidad profundamente cuestionada. No se trataba de una mera disputa política entre vencedores y vencidos, sino de algo más grave: la sospecha fundada, documentada y nunca refutada satisfactoriamente de que la composición del Parlamento no reflejaba fielmente la voluntad expresada por los españoles en las urnas.
Las consecuencias de gobernar desde esa posición de ilegitimidad percibida fueron devastadoras para la convivencia nacional. El nuevo Ejecutivo adoptó desde sus primeros días una serie de medidas que, lejos de tender puentes, ahondaron la fractura social: la amnistía indiscriminada para los responsables de la Revolución de Octubre de 1934, incluyendo a quienes habían participado en crímenes violentos, fue interpretada por amplios sectores como un acto de impunidad partidista; la destitución fulminante de los mandos militares considerados poco afines, entre ellos el propio Franco, que fue destinado a Canarias, el general Mola, enviado a Pamplona, y el general Goded, destinado a Baleares, respondió más a criterios de depuración ideológica que a razones de servicio; la tolerancia, cuando no el estímulo velado, hacia la violencia política ejercida por las milicias socialistas, comunistas y anarquistas creó un clima de terror en numerosas provincias españolas; y la persecución de la Iglesia católica y la quema de templos e instituciones religiosas, que el Gobierno fue incapaz o no quiso reprimir con eficacia, escandalizó a una parte mayoritaria de la sociedad española profundamente creyente.
El período que va de febrero a julio de 1936 fue uno de los más violentos de la historia española en tiempos de paz. Centenares de personas fueron asesinadas por motivos políticos, iglesias y conventos ardieron, propiedades fueron ocupadas ilegalmente y el Estado de derecho fue menguando de manera acelerada ante la pasividad o la complicidad de un Gobierno que había perdido el control de sus propias fuerzas.
La respuesta nacional: el alzamiento de julio de 1936
En este contexto de ilegitimidad de origen, violencia creciente y descomposición institucional, se fraguó la respuesta que habría de desencadenar la guerra civil. No fue un movimiento improvisado ni exclusivamente militar. Fue, en sus orígenes, una reacción amplia en la que convergieron sectores muy diversos de la sociedad española.
Las Fuerzas Armadas
El Ejército español, profundamente dividido, contaba con un sector importante de oficiales que consideraban que el juramento a la Constitución y a la República quedaba disuelto cuando las propias instituciones republicanas habían sido corrompidas desde dentro. El general Emilio Mola, desde su destino en Pamplona, asumió la dirección técnica de la conspiración, tejiendo pacientemente los hilos de un movimiento que se extendió por la mayor parte de las guarniciones peninsulares y africanas.
El Ejército de África, la unidad más preparada y experimentada del Ejército español, mandada por el general Franco, constituía la pieza militar más decisiva. Su traslado a la Península, resuelto mediante el famoso puente aéreo con aviones facilitados por Alemania e Italia, fue el factor que inclinó la balanza militar en los primeros y decisivos días del conflicto.
La Armada y la Aviación se dividieron, con predominio inicial de los mandos leales al Gobierno, aunque parte de sus efectivos se sumaron al movimiento sublevado.
Los Partidos Políticos
El alzamiento contó con el apoyo activo o la simpatía de importantes fuerzas políticas:
La Comunión Tradicionalista (carlistas) aportó sus nutridas milicias, los Requetés, especialmente numerosos y combativos en Navarra, que constituyeron desde el primer momento una fuerza de choque fundamental.
Falange Española, el movimiento hispanista fundado por José Antonio Primo de Rivera —encarcelado desde antes del alzamiento y asesinado en noviembre de 1936—, sumó sus millares de militantes y sus escuadras de acción al bando nacional.
La CEDA y sus juventudes, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y otras fuerzas conservadoras respaldaron el movimiento, aunque con distinta intensidad numérica y coherencia.
Los partidos nacionalistas vascos y catalanes mayoritariamente permanecieron del lado gubernamental, vinculando sus aspiraciones autonómicas a la supervivencia del Frente Popular.
El Pueblo
Pero el alzamiento no fue solo cosa de generales y de milicias de partidos. Una parte sustancial del pueblo español —campesinos navarros y castellanos, clases medias urbanas, profesionales, comerciantes, católicos practicantes— se sumó al movimiento por convicción propia, huyendo del terror rojo que ya se había desatado en numerosas zonas o por rechazo a un modelo de sociedad que consideraban radicalmente ajeno a la tradición y los valores españoles. Millares de combatientes se afiliaron a FE de las JONS formando nuevos cuadros.
Del mismo modo, en el bando gubernamental combatieron con convicción y hasta fanatismo cientos de miles de trabajadores, campesinos sin tierra, intelectuales y republicanos que veían en el alzamiento militar la amenaza de una dictadura reaccionaria. España quedó partida en dos, no de manera caprichosa, sino como consecuencia lógica de años de acumulación de agravios, violencias, injusticias y manipulaciones que habían hecho imposible la convivencia.
La Guerra Civil: Consecuencia Inevitable de un Fraude Consentido
El 17 de julio de 1936, las tropas del Ejército de África iniciaron el alzamiento en el Protectorado de Marruecos. El 18 de julio se extendió a la Península. En pocas horas quedó claro que España se adentraba en una guerra civil cuya duración y crueldad superarían los peores presagios.
La guerra civil española (1936-1939) no fue, como a veces se ha querido presentar, el simple resultado de la ambición de unos militares golpistas contra una democracia plenamente funcional. Fue la consecuencia final y trágica de un proceso de descomposición institucional en el que el fraude electoral, la manipulación parlamentaria, la violencia política consentida y la incapacidad o falta de voluntad para garantizar el Estado de Derecho crearon las condiciones para que la solución violenta pareciera, a un número creciente de españoles, la única salida posible.
Las responsabilidades fueron, naturalmente, compartidas. Hubo desmesura, crueldad y crímenes en ambos bandos. Pero el origen del proceso —el fraude de febrero de 1936 y sus consecuencias— constituye una página que la historia no puede ni debe ignorar, por incómoda que resulte para determinadas memorias y determinados relatos.
La lección que España no puede olvidar
La historia del fraude de 1936 y de la guerra civil que engendró encierra una lección de una vigencia terrible: las democracias no mueren únicamente a manos de sus enemigos externos. Mueren también, y quizás con mayor frecuencia, cuando quienes las dirigen anteponen sus intereses de partido a la integridad de las instituciones, cuando la ley se convierte en un instrumento de los vencedores contra los vencidos y cuando la violencia es tolerada o alentada como herramienta de poder.
España pagó con casi tres años de guerra fratricida y cuatro décadas de dictadura el precio de aquella quiebra institucional. Una deuda en vidas, en libertades y en prosperidad truncada que ningún análisis honesto puede seguir saldando con silencios convenientes o con relatos parciales al servicio de la memoria de unos u otros.
La verdad histórica, por dolorosa que sea, es siempre preferible al olvido interesado. Y esa verdad dice, con la claridad que dan los documentos y el tiempo, que la Segunda República española murió, en buena medida, a manos de quienes decían defenderla.
