Política

CONVIRTIENDO EL ESTADO EN GARITO

En el Perú, si algún funcionario de la SUNAT, por poner un ejemplo, decide apretarlo, primero le embarga la cuenta y después le pregunta si recuerda algún adeudo pendiente.

En el sentido inverso, si usted es acreedor del Estado, demanda judicialmente al Estado y al cabo de unos diez años de proceso consigue una sentencia, no ha conseguido nada.

En el Perú las sentencias judiciales que ordenan al Estado el pago de obligaciones no sirven para nada.

Es peor que eso.

En el Perú la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes de presupuesto y todo lo que aparece en El Peruano sirve para aparentar que vivimos en un Estado de Derecho, cuando en verdad tenemos un garito en el que la plata se la lleva siempre el mejor postor. Si habla portugués, con el mayor de los gustos.

A la letra nos remitimos:

El artículo 78 de la Constitución garantiza que no puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública.

La Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, artículo 17, dice que la Dirección General del Presupuesto Público, planea, dirige y controla la formulación, ejecución y evaluación del Presupuesto Público; uniforma, centraliza y consolida la contabilidad pública y elabora la Cuenta General de la República.

El artículo 9 de la Ley de Presupuesto 2018 dice que el presupuesto para atender sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada se habilita sin restricción alguna.

Baldes de tinta botamos en imprimir esta poesía jurídica. Los burócratas del MEF no saben leer letra negra impresa en papel. Por alguna variante del daltonismo, sólo leen impresiones verdes en lino y algodón.

Desde el año 2009, la burocracia del MEF fondea sentencias que le ordenan el pago de Bonos de la Deuda Agraria. Son 44 sentencias pendientes de pago por un total de 100 millones de dólares. Una de ellas por 150 mil soles.

No obstante los once años transcurridos, los gobiernos no las pagan y a los jueces les interesa un rábano que sus sentencias sean desacatadas.

Es peor que eso.

Estas sentencias que han pasado en autoridad de Cosa Juzgada no son incluidas en el Presupuesto y han sido excluidas de la Cuenta General de la República.

El argumento de la burocracia del MEF para desacatar las sentencias es invariable. No hay plata para pagar a los peruanos. La ventanilla de pagos en estos once años, ha estado exclusivamente dedicada a pagar a brasileros.

Cuando decidió la repartija de los 60 mil millones de los “REACTIVA PERU”, a Vizcarra no le pasó por la cabeza atender esta obligación. Pagar deudas no reactiva.

El 23 de febrero del 2018, el Director de la Oficina General de Administración del Ministerio de Agricultura cursó el oficio 288 – 2018 a la Dirección General de Presupuesto del MEF, solicitando el crédito suplementario para acatar las sentencias judiciales. El pedido fue reiterado en los oficios 452 y 624 del 2018. Ninguno de los oficios fue atendido.

La Directora General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas responsable administrativa de estas omisiones es María Antonieta Alva Luperdi. Ahora es ministra, o sea lo mismo.

Y si consideramos que el artículo 377 del Código Penal tipifica como delito la Omisión de Actos Funcionales lamentaremos concluir que la Ministra es responsable penal de haber excluido a los acreedores peruanos de la Ley de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

 

 

© Bonos Deuda Agraria

 

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