Política

CASO EL FRONTON: 33 AÑOS DE INJUSTICIAS

Por: José Romero

Lo que sucedió los días 18 y 19 de junio de 1986 no debería haber sido una sorpresa, pero lo fue, terrible por cierto.

Tras seis años de guerra antiterrorista, el Perú estaba perdiendo la batalla no por incapacidad de las Fuerzas Armadas y las tres instituciones policiales que entonces combatían a ese fragelo sino por qué los dos gobiernos que habían afrontado la lucha no habían tomado, cómo debían, la decisión política de enfrentar a las organizaciones terroristas que habían puesto en jaque al Perú .

Las cárceles estaban llenas de delincuentes terroristas pero la negligencia de los fiscales y jueces para hacer justicia, hacía que muchos salieran por exceso de carcelería sin afrontar un juicio. Incluso a la hora de enfrentar a la justicia, muchos jueces actuaban en complicidad liberando a terroristas.

En aquellos años, ya existía un vocero clandestino de Sendero Luminoso que incluso se vendía abiertamente y desde donde se hacía un llamado para que las cárceles sean “luminosas trincheras de combate”. Los abogados de los terroristas eran “correas de transmisión” de órdenes y planes y un aparato clandestino denominado “Socorro Popular” dotaba de todo lo que necesitaban los terroristas dentro o fuera de las cárceles. Incluso está probado que los comedores de diversas universidades estatales alimentaban a los terroristas en libertad. El Estado cebaba a sus propios verdugos.

Tras el cambio de gobierno en julio de 1985, unilateralmente el MRTA planteó una tregua con el gobierno aprista, la que romperían violentamente meses más tarde, enfrascándose a la vez con Sendero Luminoso en una lucha sin cuartel en determinadas zonas del país para lograr su control.

Las cárceles donde estaban recluidos los terroristas eran el reflejo de la inacción del Estado para enfrentar al terrorismo.  El Estado no imponía la ley sino cedió total iniciativa a los terroristas, quienes tomaron el control de sus lugares de reclusión, teniendo incluso las llaves de los pabellones y con ello impidiendo la entrada de la Policía y de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario para realizar cualquier tipo de control. Es por ello que incluso no se sabía exactamente el número de encarcelados tal como sucedió en la Isla del Frontón el 18 de junio de 1986, a la par de los penales de Lurigancho y Santa Bárbara, días en que se produjo un motín tras cuyo final las autoridades no supieron dar una cifra exacta del número de muertos.

En este artículo nos referiremos al debelamiento que realizó la Marina de Guerra del Perú, el que tras 33 años sigue siendo motivo para que quienes intervinieron para poner orden sean juzgados por supuestos delitos, entre ellos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas e incluso del “uso excesivo de la fuerza”. En suma los que ayer fueron derrotados, hoy intentan “cobrarse la revancha” a la par de lo que hicieron en su momento con el asesinato del Contralmirante Juan Carlos Vega Llona  en 1988. Vega Llona junto con el hoy Almirante en situación de retiro Luis Giampietri Rojas fueron quienes comandaron el debelamiento del motín ocurrido en El Frontón.

Cabe destacar que durante los días del debelamiento se llevaba a cabo una reunión de la Internacional Socialista (que agrupaba a partidos socialdemócratas del mundo) quienes en vez de ponerse al lado de la ley, lanzaron sendas condenas al operativo; motivo por el cual el entonces Presidente Alan García se apuró en tomar distancia de los supuestos “excesos” haciéndole el juego a la izquierda marxista cuyos representantes en el Parlamento Nacional exigían que se “castigara” a quienes habían hecho cumplir la ley.

Es así que hoy en día tras 33 años de ese suceso, al que la organización terrorista Sendero Luminoso conmemora como “el día de la heroicidad”, decenas de marinos siguen siendo juzgados en medio de una  investigación parlamentaria; de dos procesos en el Fuero Militar; de tres procesos que fueron acumulados en uno solo; de dos procesos supranacionales, uno de los cuales ni fue sabido por los procesados durante cuatro años, que concluyeron en que no había razones para acusar a los marinos de delitos de “lesa humanidad”; reaperturas del proceso  e incluso con una cuestionada maniobra del Tribunal Constitucional que fue en contra de un dictamen previo que  determinaba la prescripción de los supuestos delitos imputados. También debemos mencionar dos Habeas Corpus uno de ello sólo surtió efecto para un marino más no para los otros y el segundo que fue “enmendado” por decisión del Tribunal Constitucional, como se mencionó anteriormente.

El debelamiento del motín en El Frontón no fue un paseo ni mucho menos. Por largo tiempo los terroristas detenidos en ese centro de reclusión se prepararon para resistir realizando no solo refuerzos en las estructuras sino una serie de túneles así como almacenando alimentos, armas artesanales y también modernas y otras vituallas lo que les permitió enfrentar la intervención de los efectivos de la Marina de Guerra del Perú, ocasionándoles tres bajas en combate y más de 20 heridos, muchos de ellos de gravedad.

Cabe señalar que era tal el grado de negligencia del Estado que el propio Director del Penal El Frontón así como el fiscal y el juez de turno pusieron una serie de trabas para la intervención de la Marina de Guerra, pese a que el propio Gobierno había ordenado el debelamiento de los motines tras el fracaso de una llamada Comisión de Paz quien intentó “negociar un acuerdo” con los amotinados.

En total murieron aproximadamente 118 terroristas y 34 sobrevivieron, todos ellos identificados con Sendero Luminoso. Este operativo fue señalado como “una matanza” motivo por el cual hasta hoy se comete la tremenda injusticia de seguir procesando a 34 marinos que cumplieron con su deber. Es menester por tanto que pasados 33 años se cierre de una vez por todas este caso y que no haya otro defensor de la Patria que muera sin saber que ha sido absuelto.

Años más tarde, recién en el gobierno del Presidente Alberto Fujimori en el marco de una nueva Estrategia Antiterrorista, el Estado pudo retomar el control de las cárceles con lo que éstas dejaron de ser las mal llamadas “luminosas trincheras de combate”. La derrota militar del terrorismo se logró pero no hay duda que no se logró el triunfo en los campos de la ideología ni de la política.

Ya es hora que el Estado tome cartas en el asunto a fin de evitar que en un futuro cercano tengamos que volver a sufrir un baño de sangre como el que sufrió el Perú por casi 20 años.

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