Por; Hugo Guerra Arteaga
Pese a la extraña demora en la proclamación y entrega de credenciales, lo democrático es saludar la presidencia de Keiko Fujimori y contribuir a que su gobierno tenga éxito.
No se trata de extender un cheque en blanco, sino de respaldar todo aquello que apunte a descaviarizar a la República bicentenaria, liberal y unitaria del Perú. Urge poner fin al Estado embrujado que comenzó con el felón Velasco Alvarado en 1968 y prosigue con José María Balcázar.
El velascato, influido por el expansionismo ideológico de Cuba y la extinta URSS, posicionó el socialismo marxista en toda la estructura nacional. Su gobierno, pese a ser militar, fue cómplice de las amagadas guerrillas del 65 y luego sirvió de simiente del terrorismo senderista y del MRTA.
El segundo gobierno de Belaunde aceleró las tensiones sociales y fue incapaz de cortar los primeros brotes del terrorismo. El primer gobierno aprista fue un caos.
Desde el autoritarismo, Alberto Fujimori recuperó la economía, le dio rumbo a la nación y derrotó militarmente al terrorismo, pero no tuvo tiempo para avanzar en la lucha política e ideológica.
Paniagua no fue ningún santo democrático: les dio las llaves del Estado a los caviares. Estos, basados en la retorcida “justicia transicional”, negociaron con Abimael Guzmán y excarcelaron a cientos de asesinos terroristas.
Toledo fue impuesto por los más oscuros financistas del progresismo mundial y aceleró la infiltración de los caviares en todos los resquicios del Estado. De allí en adelante, solo el segundo Alan frenó a medias a extremistas y gramscianos.
Ollanta, PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo, Boluarte, Jerí y Balcázar fueron títeres del socialismo del siglo XXI.
Hoy el Perú está infectado por enemigos de la patria, y su soberanía ha sido doblegada por el régimen supranacional concentrado en la Comisión y la Corte IDH, además del progresismo de la Agenda 2030 de la ONU y los parásitos caviares.
Para asegurar la gobernabilidad, Keiko ahora debe gobernar con mano firme y con el concurso de las FF. AA. y la PNP para deshacer el hechizo de la república roja y fumigar la administración pública.
Tres pasos iniciales deben ser: recuperar la soberanía en Puno, vía la concertación social o por la fuerza; deshacer el Estado paralelo de las sanguijuelas de izquierda —vía asesorías—, que les cuestan 16 mil millones de soles anuales al país; y exigir que las ONG cumplan con la transparencia sobre sus fondos y actividades, o expulsarlas del Perú.
