LA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS Y EL CINISMO DE LA IZQUIERDA
Por: Luciano Revoredo
La delegación de facultades legislativas es un mecanismo enmarcado en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, no se trata de un menoscabo de competencias, ni renuncia de autoridad, no es un cheque en blanco, sino una autorización temporal, rigurosamente fiscalizable para dictar decretos legislativos en materias complejas como economía, seguridad ciudadana y modernización del Estado.
Es uso común que los gobiernos inicien sus funciones solicitándolas para dar los primeros paso orientando su gobierno hacia los objetivos trazados y por los que los ciudadanos han votado. Pero la historia política reciente evidencia que este recurso ha sido la prueba de fuego para medir el nivel de madurez o de cinismo en el Congreso. Es una costumbre que la izquierda escudada en una retórica dogmática y trasnochada que tilda de “neoliberal” cualquier intento de atracción de inversiones, simplificación burocrática o ajuste tributario, e invocando un falso celo por los derechos laborales, haya votado sistemáticamente en contra o ha buscado desmantelar los pedidos del Ejecutivo. Sin embargo también es cierto que la narrativa impulsada por los sectores caviares han introducido la especie de que es la derecha la obstruccionista. Un gran promotor de esta idea fue el delincuente hoy en prisión Martín Vizcarra. Si embargo su gobierno gozó de todo el respaldo del congreso en todas sus iniciativas legislativas, sin embargo, lo logró arrinconar con la permanente amenaza del cierre, que finalmente efectivizó en un golpe de estado con el respaldo de la caviarada y una ciudadanía ignorante llevada de las narices por la demagogia del Lagarto y la complicidad de la prensa vendida a la publicidad estatal.
Lo cierto la conducta verdaderamente obstruccionista de las izquierdas no responde a una defensa de la división de poderes ni a la fiscalización democrática, sino a una vocación puramente paralizante. La izquierda peruana entiende la gestión pública desde el chantaje ideológico: prefiere condenar al país al estancamiento económico y a la desprotección frente a la criminalidad antes que conceder un margen de iniciativa a un gobierno que no responda a su agenda estatista, burocrática y mediocre.
El cinismo de este bloque queda al desnudo al repasar su comportamiento durante el régimen de Pedro Castillo. En aquel periodo, los mismos sectores que hoy se declaran en contra, denunciando un presunto “abuso de poder” o la “pérdida de competencias del Congreso”, no dudaron en cerrar filas para exigir facultades tributarias agresivas y respaldar la concentración de decisiones del peor gabinete de la historia. Un gabinete parchado a última hora y conformado por radicales, senderistas y semianalfabetos. Aquello que para un gobierno de izquierda era “gobernar para el pueblo”, frente a gestiones de distinto signo político se transforma de inmediato en “entreguismo” o “autoritarismo”.
En la hora actual la reactivación del empleo y la lucha contra el crimen organizado, la reducción de estado y la emergencia de los probables desastres naturales que se esperan como consecuencia del fenómeno El Niño, exigen respuestas ejecutivas inmediatas y sin dilaciones, la cerrazón de la izquierda ante la delegación de facultades vuelve a poner de manifiesto su verdadera prioridad. No les importa el ciudadano; su único objetivo es erosionar la gobernabilidad, sembrar el caos operativo y utilizar el bloqueo parlamentario como una plataforma de agitación electoral.
La negativa a delegar facultades no es defensa de la Constitución: es el mal uso de la democracia para inmovilizar al Estado.
