Por: Hugo Guerra Arteaga
Salvo contadas excepciones, no he visto en la gran prensa nacional ni en las redes sociales la protesta y el espanto frente a la nueva legislación de Massachusetts, EE. UU., que permite la interrupción del embarazo hasta el noveno mes.
El asesinato legalizado de los neonatos (extraídos vivos del vientre de la mujer para matarlos) no es, como dicen las feminazis, un avance en los derechos civiles. Al contrario, constituye un alarmante retroceso ético, científico y cultural. En cualquier etapa del embarazo, el aborto es un crimen, y el extremo del aborto tardío despoja al no nacido de su humanidad elemental, debilitando los cimientos morales de una sociedad civilizada.
Científicamente, la viabilidad fetal a los nueve meses es indiscutible. La embriología y la neonatología demuestran que un feto en el tercer trimestre posee un sistema nervioso completamente desarrollado, siente dolor y cuenta con una individualidad biológica perfecta. Eliminar una vida en esta etapa es infanticidio.
Justificar una agenda política tan brutal revela una grave contradicción en un mundo que afirma guiarse por la ciencia, al subordinar la verdad biológica a la conveniencia ideológica. Esto tiene un impacto cultural devastador, impulsado por el extremismo ideológico.
Bajo la retórica de la supuesta emancipación de la mujer, la cultura woke relativiza el derecho a la vida y privilegia una obsesión por la autonomía absoluta que ignora la existencia y los derechos del otro. Este fenómeno revela un «tanatismo», es decir, una fijación ideológica y cultural con la muerte como solución rápida y legalizada a problemas humanos complejos.
El núcleo ético y moral radica en la perversión del derecho. La principal función del Estado y de las leyes es proteger la vida de los ciudadanos, especialmente la de los indefensos. Al legalizar el asesinato de un ser humano completamente formado, el ordenamiento jurídico pierde su autoridad moral. La justicia se transforma entonces en la imposición del fuerte sobre el débil, disolviendo el principio de dignidad intrínseca de cada persona.
Este tipo de legislación evidencia una profunda decadencia civilizatoria. Una sociedad que fomenta la destrucción de sus propios hijos en el umbral de su nacimiento es una sociedad pérfida, sin sentido del futuro ni de la compasión. Al priorizar el descarte por encima de la responsabilidad y del cuidado solidario, la civilización se deshumaniza. La ley de Massachusetts no es una victoria del progreso, sino un síntoma de una crisis moral profunda que urge revertir para preservar la dignidad humana.
