¿HASTA CUÁNDO EL SILENCIO SOBRE EL CASO JOSÉ MIGUEL CASTRO?
Desde su muerte el 29 de junio de 2025, hallado sin vida en su domicilio en Miraflores con un corte profundo en el cuello, las autoridades no han proporcionado información concluyente, ni siquiera el informe final de la necropsia
El caso de José Miguel Castro sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes en el panorama político y judicial peruano. Desde su muerte el 29 de junio de 2025, hallado sin vida en su domicilio en Miraflores con un corte profundo en el cuello, las autoridades no han proporcionado información concluyente, ni siquiera el informe final de la necropsia.
Como se sabe ampliamente José Miguel Castro, conocido en los círculos de Odebrecht como “Budián”, fue una figura central en las investigaciones del caso Lava Jato en Perú. Como gerente municipal durante la alcaldía de Susana Villarán, Castro fue acusado de coordinar la recepción de aportes ilícitos de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra la revocatoria de Villarán en 2013 y su intento de reelección en 2014. Según declaraciones del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, Castro recibió directamente montos significativos que sumaron millones de dólares para las campañas de Villarán.
Castro, quien buscaba acogerse a la figura de colaborador eficaz, había proporcionado información valiosa al Ministerio Público, incluyendo cuatro declaraciones indagatorias entre 2020 y 2022. Su testimonio era considerado clave para el juicio oral contra Villarán, programado para el 23 de septiembre de 2025. Sin embargo, su muerte repentina, semanas antes del inicio de este proceso, truncó la posibilidad de que ratificara sus declaraciones en el tribunal, dejando un vacío significativo en la investigación.
El domingo 29 de junio de 2025, José Miguel Castro fue encontrado sin vida en el baño de su domicilio en la calle Madrid 436, Miraflores, por su padre, Julio Castro Gómez, un conocido exdiputado de izquierda. Según el parte policial, el cuerpo presentaba un corte de aproximadamente 14 centímetros en el cuello, y se hallaron dos cuchillos en la escena: uno con manchas de sangre y otro de mantequilla. Además, se reportó que la chapa de la puerta del baño mostraba signos de posible manipulación, lo que levantó sospechas inmediatas.
Desde el hallazgo del cuerpo, dos hipótesis principales han dominado el debate: suicidio o asesinato. Inicialmente, algunos medios afines a la caviarada como La República y figuras como la siempre dispuesta a la vileza Rosa María Palacios, sugirieron que Castro pudo haberse quitado la vida debido a problemas personales o económicos. Sin embargo, esta teoría ha sido cuestionada por expertos forenses y autoridades. La profundidad y trayectoria del corte en el cuello —casi horizontal y afectando vasos yugulares— no son consistentes con una lesión autoinfligida, apuntando más hacia un homicidio.
La teoría del homicidio ha ganado fuerza debido al contexto de Castro como colaborador eficaz. Su testimonio amenazaba con exponer detalles comprometedores sobre una red de corrupción que involucraba a múltiples figuras políticas y empresariales
Lo cierto es que, a casi un mes de la muerte de Castro, la ausencia de un informe oficial de la necropsia es uno de los aspectos más frustrantes y sospechosos del caso. Hasta la fecha no se han publicado resultados definitivos que confirmen la causa de la muerte.
La investigación, a cargo del fiscal Richard Rojas Gómez ha incluido diligencias como el levantamiento del cadáver, recolección de testimonios de familiares y análisis de evidencias como manuscritos hallados en el domicilio. Estos documentos sugieren que Castro tenía planes de vida y no mostraba signos de angustia, lo que contradice la hipótesis del suicidio. Sin embargo, la falta de avances públicos en la investigación ha generado críticas sobre la transparencia y eficiencia de las autoridades.
El caso de José Miguel Castro no solo pone en evidencia las complejidades del sistema judicial peruano, sino también los riesgos que enfrentan quienes deciden colaborar con la justicia en casos de corrupción. La falta de información oficial, especialmente el retraso en la entrega del informe de la necropsia, ha generado un vacío que se llena con especulaciones y desconfianza. ¿Fue Castro víctima de un crimen para silenciarlo? ¿Por qué las autoridades no han avanzado en esclarecer los hechos? Mientras la investigación sigue su curso, el silencio oficial mantiene al caso en un limbo que afecta seriamente a la percepción sobre la justicia en el Perú.
La resolución de este misterio no solo es crucial para el caso Villarán, sino para reforzar la confianza en las instituciones y garantizar que la verdad prevalezca.
