Por: Luciano Revoredo
El Tribunal Constitucional de Chile decidió el pasado 3 de abril destituir a la senadora Isabel Allende Bussi de su escaño en el Senado. Sí, la hija de Salvador Allende, ese “héroe” socialista que dejó a Chile en la ruina económica y social antes de que el golpe de 1973 lo destituyera, ha sido finalmente desenmascarada. ¿El motivo? Un escándalo de dinero, porque, claro, ¿Qué sería de un comunista sin su amor por la plata ajena y más aún la del estado?
El caso es el siguiente. Isabel Allende, en un arranque de nostalgia y astucia financiera, intentó venderle al Estado chileno la casa de su papá en la calle Guardia Vieja, en Providencia, por la módica suma de 933 millones de pesos (casi un millón de dólares). La idea era que el gobierno de Gabriel Boric, otro “romántico” del socialismo, convirtiera la propiedad en un museo para venerar al gran Salvador Allende, el presidente que llevó a Chile a la inflación desbocada, las colas interminables y el caos generalizado. Pero, oh sorpresa, la Constitución chilena —esa molesta reliquia que los izquierdistas quisieran reescribir— prohíbe tajantemente que los parlamentarios celebren contratos con el Estado. Así lo dice el artículo 60, claro como el agua: si un senador o diputado mete la mano en el bolsillo público, se va a su casa.
Isabel, con más de 30 años viviendo del erario público como parlamentaria, no puede alegar ignorancia. ¿O sí? Porque su defensa fue digna de un Oscar al mejor guion cómico: “No sabía, actué de buena fe, nunca recibimos un peso”. La realidad es que la senadora firmó la escritura de compraventa junto a su sobrina, Maya Fernández —exministra de Defensa que también tuvo que renunciar por este desastre—, y el plan era que el Estado pagara un precio inflado por una casa que, para colmo, seguiría bajo el control de la familia a través de un comodato con la Fundación Allende. Negocio redondo: plata fresca del contribuyente y el legado familiar intacto.
El Tribunal Constitucional, con una votación de 8 a 2, no se tragó el cuento. Hasta las ministras nombradas por Boric, Daniela Marzi y Nancy Yáñez, le dieron la espalda a Isabel, demostrando que ni siquiera los suyos podían defender esta maniobra. Y es que el hedor a codicia era imposible de disimular. La oposición, liderada por el Partido Republicano y Chile Vamos, llevó el caso al TC, y con razón: si alguien sabe de ética y transparencia, son los que han vivido viendo cómo los socialistas convierten el Estado en su caja chica personal.
Lo cierto es que Isabel Allende ha vivido décadas vendiendo la imagen de su padre como un mártir de la democracia, cuando en realidad fue un desastre. Su gobierno (1970-1973) fue una oda al fracaso: inflación que superó el 600%, desabastecimiento masivo, expropiaciones descontroladas y una polarización que dejó al país al borde de la guerra civil. El mito de Allende como “visionario” se sostiene solo en la imaginación de quienes prefieren ignorar los números y las colas para comprar pan. Y ahora, su hija nos demuestra que el legado familiar no era solo ideológico, sino también monetario.
Se sabe bien que los comunistas, esos paladines de la igualdad, siempre terminan enamorados del dinero cuando nadie los ve. Isabel, con su carrera “intachable” de tres décadas en el Congreso, no resistió la tentación de sacarle unos milloncitos al Estado. Y Boric, que impulsó esta genial idea desde La Moneda, ahora se lava las manos. El Partido Socialista, por su parte, llora la “injusticia” y dice que esto mancha el legado de Allende. ¿Cuál legado? ¿El de arruinar un país?
