Por Carlos Polo
Hace tres semanas los medios de comunicación informaron que dos ciudadanas peruanas habían presentado una acción de amparo contra el Estado, exigiendo el reconocimiento de su matrimonio civil celebrado en Argentina. Alegaban discriminación porque ‘las parejas heterosexuales pueden inscribir su matrimonio realizado en el extranjero sin inconvenientes’. Sin embargo, omitían un detalle clave: el matrimonio entre personas del mismo sexo no está reconocido por la Constitución ni por las leyes peruanas. Tampoco mencionaban que tanto el Congreso como el Tribunal Constitucional han rechazado esta pretensión en varias oportunidades. Porque el verdadero objetivo de esta demanda no era la discriminación sino forzar un cambio legislativo sobre el matrimonio a través del litigio estratégico.
El patrocinio de la demanda de esta pareja de la comunidad LGTBI fue asumido por una red de activistas y organizaciones que impulsan litigios similares con financiamiento extranjero incluyendo campañas mediáticas de “sensibilización” a la opinión pública.
En esta ocasión la campaña se llamó “Sí Acepto Perú”, promovida por la ONG “Más Igualdad”. Según su propia descripción, esta acción de amparo es solo una de las diez que han patrocinado. “Más Igualdad” se presenta como defensora de la visibilidad y derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el Perú desde 2017 y ha liderado otras iniciativas como “Unión Civil Ya” y “Matrimonio Civil Igualitario”.
Más allá de la agenda ideológica que oculta esta puesta en escena, lo verdaderamente escandaloso es el origen de su financiamiento. Giuliana Caccia, directora de Origen Vanguardia y Cambio Cultural, explicó en un video que entre los principales donantes de ‘Más Igualdad’ se encuentra USAID.
Esta agencia, en teoría, debería destinar los fondos de los contribuyentes estadounidenses a ayudar a la población más vulnerable de países en desarrollo. La cooperación internacional existe para apoyar a los Estados en la atención de necesidades urgentes y básicas, no para financiar litigios contra ellos. Sin embargo, en este caso, los recursos de USAID están siendo utilizados para promover demandas judiciales contra el Estado peruano, desvirtuando por completo el propósito original de la ayuda internacional.
Mientras que en el Perú abundan la pobreza y las necesidades urgentes en educación, salud e infraestructura, USAID financia ONGs dedicadas a promover “las preferencias sexuales diversas” y a buscar cambios en las leyes peruanas a través de litigios contra el Estado.
¿Puede la ONG “Mas Igualdad” o sus funcionarios considerarse parte de la población que requiere cooperación internacional? En absoluto. En el referido video, Caccia revela con detalle los miles de dólares que recibe “Mas Igualdad”, exponiendo además el claro sesgo ideológico tanto de las ONGs internacionales que financian sus proyectos como de los objetivos que persiguen.
- Los informes de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) muestran que en 2022 “Más Igualdad” manejó $96,722 dólares y en 2023 la cifra ascendió a $169,374.60. Entre sus donantes está USAID. Y aunque aún no se conoce el monto exacto que ha destinado a esta ONG, lo que sí se sabe es que USAID ha financiado, junto con otras organizaciones, el proyecto “Promoción de los valores democráticos y el diálogo político en el Perú”, canalizando recursos a ONGs de sesgo izquierdista como Transparencia y el Instituto de Estudios Peruanos.
- Un documento reciente de la APCI detalla que “Más Igualdad” figura como receptora de financiamiento para este proyecto, cuyo objetivo declarado es la creación de espacios de diálogo democrático y el fortalecimiento de organizaciones LGBTIQ+. En particular, el documento menciona que USAID adjudicó fondos para este programa a través de la Resolución N° 72052723GR00001, con vigencia desde junio de 2023 hasta junio de 2025. La intervención incluye la convocatoria de al menos 10 organizaciones LGBTIQ+ y su formalización.
- Además, “Más Igualdad” ha recibido financiamiento de la Tides Foundation, que, a su vez, es respaldada por la Fundación Bill y Melinda Gates. Según los reportes de APCI, Tides aportó 40 mil dólares para la campaña “Sí Acepto” que incluyen demandas judiciales que desafían la propia Constitución del Perú.
- Otros donantes internacionales de “Más Igualdad” incluyen la Fundación Triángulo de España y la Wellspring Philanthropic Fund de Estados Unidos.
- Por si fuera poco, “Mas Igualdad” también recibe fondos de organismos de la ONU. UNICEF aportó casi 33 mil dólares para un estudio sobre estereotipos de género en adolescentes migrantes y LGBTIQ+. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) financió dos proyectos con un total de $83,662 dólares para atención psicosocial y asesoría a personas refugiadas de la comunidad LGBTIQ+. Además, la Internacional Lesbian and Gay Association (ILGA) de Bélgica aportó $2,700 dólares para actividades de lobby ante la ONU.
Este tipo de financiación extranjera refleja una estrategia que se ha venido consolidando: al no lograr avances en el Poder Legislativo, las ONGs recurren al litigio estratégico para que el Poder Judicial imponga reformas que no han pasado por el debate democrático. Si el litigio interno no prospera, recurren a instancias internacionales. Todo este proceso, además, se realiza con recursos provenientes de la cooperación internacional, sin que haya una fiscalización rigurosa por parte del Estado peruano.
Todas estas ONGs dirán que estas críticas son discriminación y discursos de odio. Sin embargo, ahí están los hechos y los documentos para darse cuenta que reciben miles de dólares para asuntos que no tienen como prioridad aliviar la pobreza de los peruanos.
Si se distorsiona el objetivo de la cooperación internacional con la financiación de litigios que buscan reformar la Constitución por la vía judicial, hace mucho que Giuliana Caccia y muchos ciudadanos venimos pidiendo a las autoridades peruanas que pongan un alto a estas irregularidades y exijan transparencia en el uso de estos recursos.
En Estados Unidos, Donald Trump ha cortado este mal de raíz cerrando USAID. En el Perú se ha iniciado este camino aprobando una ley que pretende reformular la APCI. Vamos a ver qué pasa.
