
Por: Luciano Revoredo
El destino de las naciones no se edifica sobre la ingenuidad ni sobre la retórica bienpensante del progresismo. La soberanía de una Patria se sostiene, antes que en cualquier expediente administrativo o en criterios ideologizados, en la capacidad real, disuasiva y efectiva de sus Fuerzas Armadas para garantizar la paz, proteger el territorio y hacer respetar sus fronteras. Quien no entienda este principio elemental de la política de Estado no solo desconoce la historia de nuestra República, sino que no está capacitado para dirigir los destinos de la Seguridad Nacional.
Por eso resulta un contrasentido inadmisible y un insulto a la inteligencia que hoy el Ministerio de Defensa esté bajo la conducción de Rafael Belaunde Llosa. Hablamos del mismo personaje que, con una ligereza notable y un tufo abiertamente antimilitarista, descalificó el histórico y necesario proyecto de renovación de la flota de caza de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), tildando de “indolente” la inversión militar frente a la “agenda social”.
La pregunta cae por su propio peso: ¿Cómo puede liderar el sector Defensa alguien que considera que el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas y la custodia de nuestros cielos y fronteras es un gasto prescindible?
El argumento progresista —siempre propenso a desarmar a la Nación bajo el pretexto de la “priorización social”, pretende hacer creer a la opinión pública que comprar aviones de combate es un capricho o un lujo desmedido. Nada más alejado de la realidad.
La renovación de la flota de la FAP no responde a una ocurrencia de momento ni a un impulso político; es el resultado de un minucioso trabajo técnico de años, elaborado por ingenieros y especialistas militares a través de rigurosos Estudios de Requerimiento Operativo. Nuestros Mirage 2000 y MiG-29 han entregado décadas de servicio heroico, pero el ciclo de vida útil no perdona. Mantener aeronaves con 30 o 40 años de antigüedad no solo ahoga el presupuesto en repuestos insostenibles, sino que pone en riesgo la vida de nuestros propios pilotos.
Mientras nuestros vecinos regionales modernizan sus flotas con tecnología de punta y aseguran su espacio aéreo, el discurso débil y claudicante de la izquierda apátrida y el centro bautizado por el ingenio popular como “cojudigno” pretendía condenar al Perú al desamparo operativo. Una aviación sin capacidad disuasiva no solo deja desprotegidas las fronteras, sino que debilita la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en las zonas más agrestes del país.
La designación de Belaunde al frente del MINDEF expone la incoherencia de pretenden gobernar sin convicciones firmes. El Ministerio de Defensa no es un botín ni una mesa de partes para burócratas; es la institución encargada de respaldar la moral, el equipamiento y la doctrina de nuestros institutos armados.
Hoy, el ministro Belaunde se encuentra ante un dilema ético y político del cual no podrá escapar con rodeos:
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O insiste en su postura previa, pisoteando los estudios técnicos de la FAP, paralizando la compra de los activos estratégicos y demostrando que su paso por el ministerio es la consolidación del desarme ideológico del Estado.
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O se ve obligado a rectificar públicamente, tragándose sus propias palabras y admitiendo que la defensa de la Patria exige un compromiso firme con la modernización de sus Fuerzas Armadas.
En ambos casos no merece la confianza y sería mas digno que presente su renuncia reconociendo que no es su tema la defensa nacional. El Perú necesita autoridades con carácter, convicción patriótica y respeto sagrado por el uniforme y la misión de nuestras Fuerzas Armadas. La seguridad y la soberanía del territorio patrio no se negocian con eslóganes caviar ni con tibiezas ideológicas. La historia juzgará si el MINDEF estuvo a la altura de la Patria o si fue utilizado como una trinchera más de la claudicación.





El artículo de Luciano Revoredo parte de una premisa discutible: que quien discrepa de una compra militar en un determinado momento queda automáticamente inhabilitado para dirigir el Ministerio de Defensa. Ese salto lógico no se sostiene.
La primera pregunta que surge es: ¿desde qué experiencia de gobierno o de gestión de la defensa nacional emite conclusiones tan categóricas? Es muy diferente opinar desde una tribuna periodística que asumir la responsabilidad de administrar un Estado, donde las decisiones deben equilibrar seguridad, economía, política exterior, necesidades sociales y sostenibilidad fiscal.
El autor escribe como si solo existiera una respuesta correcta y como si él fuera el único intérprete válido del interés nacional. ¿En qué basa esa certeza? ¿Qué información privilegiada posee para afirmar que cualquier alternativa distinta constituye “claudicación” o “desarme ideológico”? Un analista serio expone evidencias, reconoce matices y admite que pueden existir diferentes estrategias para alcanzar el mismo objetivo: fortalecer la defensa del país.
Además, el artículo está cargado de calificativos (“izquierda apátrida”, “caviar”, “cojudigno”, “claudicación”) que buscan descalificar a quienes piensan distinto más que demostrar con datos la superioridad de sus argumentos. Cuando un texto depende más de los adjetivos que de la evidencia, deja de ser un análisis y se convierte en un manifiesto político.
Nadie discute que las Fuerzas Armadas necesitan equipamiento moderno y capacidad disuasiva. La verdadera discusión es cuándo, cómo, con qué prioridad presupuestal y bajo qué condiciones deben realizarse esas inversiones. Reducir ese debate complejo a una supuesta prueba de patriotismo es simplificar un asunto estratégico que merece mayor seriedad.
Tampoco es razonable sostener que una persona no puede cambiar de opinión frente a nueva información técnica. Los buenos gobernantes precisamente escuchan a los especialistas, evalúan alternativas y toman decisiones con base en la evidencia disponible, no en declaraciones hechas antes de asumir una cartera ministerial.
Por eso, más que aceptar este artículo como un análisis objetivo, corresponde preguntarse si estamos ante una reflexión equilibrada o ante una columna de opinión escrita desde una posición ideológica previamente definida. Un ciudadano crítico no debería dar crédito automático a un texto tan marcadamente parcializado. Las opiniones son respetables, pero no por el solo hecho de expresarse con vehemencia se convierten en verdades incuestionables.
La defensa nacional es demasiado importante para convertirla en un campo de consignas políticas. Lo que el Perú necesita son decisiones sustentadas en estudios técnicos, transparencia, responsabilidad fiscal y visión de Estado, no artículos que presentan como única verdad la opinión de su autor.
Pienso que debemos darle el beneficio de la duda, como muchos políticos van adaptando su discurso de acuerdo a la necesidad pero además debemos tener en cuenta el criterio de Galarreta quien será el coordinador entre la presidente, y los ministros, además de existir otros miembros en el gabinete.