POLITICOS ARRINCONADOS POR MAFIAS PUBLICAS Y PRIVADAS.
Judicialización de la política destruye la democracia.
Por: Juan Carlos Eguren.
Uno de los pilares fundamentales sin el cual no se puede vivir en democracia es la libertad de opinión, la cual debe ser garantizada.
La libertad de opinión indispensable para cualquier ciudadano resulta ser para los políticos consustancial, imprescindible y de especial protección.
El presidente, los ministros, los magistrados supremos y los congresistas en sus roles legislativos, de representación y fiscalización no pueden tener cortapisa alguna, no pueden estar constreñidos, limitados, parametrados y menos amenazados.
Es por ello que universalmente existe la figura de los “aforados”, son dignatarios que por su alta y relevante investidura requieren para el libre ejercicio de sus funciones, determinadas garantías que los protejan de aquellos que por razones políticas o de otra índole, los podrían limitar en su accionar o extorsionar para que no cumplan sus deberes constitucionales o peor aún para que lo hagan a favor de intereses subalternos.
Los sistemas democráticos exitosos con equilibrio de poderes, frenos y contrapesos garantizan y blindan la gestión política de denuncias, acusaciones y presiones que limiten sus funciones. La garantía constitucional de que los congresistas no tienen mandato imperativo, históricamente limitó el posible acoso del sistema judicial.
Es importante distinguir la protección del ante juicio previo ante el parlamento de la impunidad, el primero solo tiene efectos dilatorios mientras se ejerce el cargo pero no libera de denuncias, investigaciones, juicios y eventuales sentencias posteriores, no es un privilegio es una garantía democrática.
La politización de la justicia y/o judicialización de la política sumado a guerras intestinas por controlar política e ideológicamente sus instituciones más relevantes como el Ministerio Público, el Poder Judicial o la Junta Nacional de Justicia que nombra y remueve a todos los magistrados incluidos el sistema electoral (JNE, la ONPE y la RENIC) ha terminado siendo pura y simplemente una guerra sin cuartel por el poder.
El sistema democrático y el estado constitucional de derecho tiene que proteger a los altos funcionarios de la extorsión, las amenazas y el sicariato mediático y/o judicial, es posible que algunos sin vergüenza se beneficien temporalmente, pero bien vale la pena pagar el precio, para que las mafias delincuenciales del sector público y privado no coacten el accionar de aquellos llamados a velar que el sistema democrático perdure. No permitamos que las mafias públicas y privadas anulen el libre accionar de los políticos.
