Por: Juan Carlos Eguren.
No cabe duda alguna que la inversión es la principal fuente de desarrollo y prosperidad de una nación e igualmente en el caso de las regiones y ciudades. La inversión puede ser nacional o extranjera, grande o pequeña, privada o pública pero la realidad es que el origen de los recursos no hace la diferencia en relación a mejorar el empleo, la recaudación y la calidad de vida.
Es harto conocido que, del total de la inversión nacional, el 80% proviene del sector privado en circunstancias normales e históricas. Sin embargo, bajo el régimen del presidente Castillo se proyecta para este año cero crecimiento en la inversión privada y, peor aún, para el 2023 será decreciente.
El desplome de la inversión privada y sus perversos efectos para la sociedad no pueden ser compensados ni de lejos con la inversión pública (solo 20%) pero “podría” aliviarla en algo si el estado invierte sus recursos con eficiencia, transparencia y sentido de urgencia dadás las difíciles circunstancias que atraviesa el país, lamentablemente ocurre todo lo contrario.
Del total del presupuesto de inversión del país 2022 (PIM) presupuesto de inversión a cinco meses para terminar el ejercicio solo se ha ejecutado aproximadamente un tercio, esto es 19,621 Millones en los cinco meses que faltan en el mejor de los casos se ejecutará el 70% del presupuesto y nos habremos dado el “lujo” de NO invertir al rededor de 20,000 Millones en vías, represamientos, colegios, hospitales, seguridad, transporte o turismo.
La incapacidad para ejecutar proyectos de inversión se evidencia en los tres niveles de gobierno, donde a la fecha el Gobierno Nacional tiene un avance del 33.8% el Regional del 29.9% y el Local de 32.7%
El Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP), hoy llamado Invierte.Pe, exige que los proyectos demuestren rentabilidad económica y social por un lado y por otro que estén alineados con la política pública de reducción de brechas sociales, lo que implica que las autoridades y sus equipos técnicos estén en capacidad de concebir ideas y plasmarlas en expedientes técnicos capaces de ser licitados, lo cual no ocurre. Lamentablemente la administración pública adolece de dichas capacidades y no porque no existan cuadros técnicos sino el problema es que no se convoca a las personas idóneas y con criterio meritocrático.
Finalmente, y no por ello menos importante, se debe señalar que el aporte de la minería equivale a más de la cuarta parte del presupuesto de inversión y que solo poro concepto de canon contribuyó con 7,844 Millones. Si Tía María y varios otros proyectos, cancelados, suspendidos ralentizados estuvieran operando otra sería la historia.
El círculo vicioso de poca inversión y autoridades ineficientes no es irreductible, estamos a dos meses para elegir nuevas autoridades y si lo hacemos bien en pocos años podremos cosechar los frutos de la inversión privada en general y la minera en particular, así como de la inversión pública que por efectos del potencial canon minero podría duplicarse en beneficio de todos los peruanos con énfasis en los que más carencias tienen.
