Por: Luciano Revoredo
El debate político y económico actual exige claridad conceptual e implacabilidad en las ideas. No se puede pretender encarnar una alternativa de libertad, crecimiento y prosperidad mientras se adoptan, en la práctica, los mismos instrumentos distorsionadores que el estatismo ha utilizado para asfixiar al país. El reciente mensaje político de la presidente Keiko Fujimori exhibió fisuras ideológicas preocupantes: un intento de conciliar la libertad económica con parches populistas que, lejos de dinamizar la producción, reafirman el peso asfixiante del Estado sobre la sociedad. La economía no responde a voluntarismos ni a cálculos electorales; responde a incentivos, productividad y leyes de mercado que no se pueden violar impunemente.
En primer lugar, insistir en aumentar el salario mínimo por decreto es perseverar en una de las falacias más dañinas de la política tradicional. El precio del trabajo lo determinan la productividad real y el libre juego del mercado, no la firma de un funcionario. Cuando la política sube artificialmente los costos laborales por encima de lo que el mercado soporta, el resultado no es mayor bienestar, sino más informalidad para las microempresas que no pueden absorber el costo, y la expulsión directa del mercado de los jóvenes y los trabajadores menos capacitados. Subir sueldos a través de una norma legal es populismo, la verdadera mejora del poder adquisitivo solo se logra atrayendo inversiones, desregulando y generando empleo auténtico.
A esta misma lógica responde la promesa de entregar bonos y subsidios estatales a las pymes, así sea por una vez. El sector privado no necesita dádivas ni asistencialismo gubernamental que lo vuelva dependiente de la ventanilla pública. Las pymes no quieren un cheque financiado con más impuestos, deuda o inflación; lo que exigen es que, ese monstruo elefantiásico que es el Estado, les quite la pata de encima. Necesitan una simplificación tributaria radical, mercados laborales flexibles y una eliminación masiva de trabas burocráticas para operar libremente. Entregar un bono con una mano mientras se le cobra una maraña de regulaciones e impuestos con la otra, o se incrementa la planilla por decreto, es una burla al esfuerzo del emprendedor.
Por otro lado, omitir una reducción drástica del aparato estatal es dar la espalda a la consolidación fiscal. El Estado no produce riqueza, la consume. Mantener intacta la hipertrofia de ministerios e instituciones es seguir financiando con el dinero del contribuyente a una casta burocrática dedicada a crear sobrerregulaciones y gasto corriente inútil. No hay espacio para el gradualismo: se requiere pasar la motosierra sobre las estructuras superfluas para reducir el gasto público a su mínima expresión y devolverle los recursos a quienes realmente producen. Reducirel Estado a los seis ministerios de los que hablaba López Aliaga debiera ser el objetivo.
Finalmente, la política no es solo gestión de números, es también una batalla por las ideas y la institucionalidad. Entregar la conducción de las Fuerzas Armadas a la tutela ideológica de un caviar como Belaunde, o rendir la gestión cultural a manos de un progre como Beingolea, constituye una capitulación incomprensible. La seguridad y el orden deben responder al mandato constitucional de la patria y no a agendas globalistas, mientras que la cultura no puede seguir siendo el botín financiado por el contribuyente para propagar una narrativa woke. Al parecer haber padecido más de dos décadas de persecusión han generado una suerte de sídrome de Estocolmo en nuestra flamante mandataria.
El país no necesita más acuerdos tibios ni recetas estatistas barnizadas de centro. Si se insiste en validar los dogmas de la intervención estatal mediante salarios por decreto, bonos clientelares, un Estado macrocefálico y la entrega del terreno cultural e institucional, solo estará ofreciendo una versión diluida del mismo modelo que nos ha llevado al estancamiento. La verdadera prosperidad exige valentía moral: un Estado mínimo, mercados plenamente libres y el fin definitivo del asistencialismo.
Tenemos optimismo y confiamos en la presidente y su equipo. Queremos lo mejor para el Perú. Esperamos que estos anuncios solo hayan sido gestos vacuos para la tribuna y que en el camino se enmienden estas distorsiones.
Luciano separa el aumento del sueldo mínimo con la dación de bonos y subsidios estatales a las pymes. Estos últimos son para compensar el aumento del sueldo mínimo en las pymes. Keiko no precisó en que momento lo haría. Se entiende que con el crecimiento económico del Perú y con la llegada de la inversión extranjera (se estima que hay una cola de US$100,000 millones de inversión fresca. Frente a ello se debe tender un salvavidas a las pymes. Lo de reducir el tamaño del estado es un aspecto importante y más importante es fumigar a las entidades del estado para botar a tanto rojo y caviar que vive de nuestros impuestos. Es cierto que Keiko ha mostrado una posición tibia para reducir el tamaño del estado, que lo va a tener que realizar si quiere eliminar las trabas y pre requisitos que actualmente se exigen a las empresas, tal como ella ha manifestado en su reciente mensaje.
Sí, pero mejor sería no aumentar el sueldo mínimo por decreto, de ese modo no se tiene que dar ningún bono y sobre todo las personas naturales que no vamos a recibir bono ni se nos incrementa el sueldo pero tenemos personal en trabajo doméstico, no nos vemos perjudicados. Pero confiemos en el buen hacer de Galarreta.