Por: Luciano Revoredo
La reciente declaración del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre la cancelación definitiva de las elecciones en Nicaragua no hace más que quitarle a la dictadura de Managua la última y raída máscara constitucional con la que pretendía presentarse ante el mundo.
Lo que durante años fue una farsa electoral cuidadosamente orquestada, marcada por el encarcelamiento de candidatos opositores, la cooptación del poder judicial y la clausura de la prensa libre, ha desembocado sin disimulo en la consolidación de un sistema autoritario cerrado. El fin de los comicios no representa una sorpresa ni una ruptura fortuita, sino la culminación lógica de una tiranía de corte familiar que ha transformado a una nación entera en un presidio político a cielo abierto.
La trayectoria de Ortega encarna una de las tragedias más amargas de la historia política latinoamericana. Quien en su juventud enarboló las banderas de la Revolución Sandinista para derrocar a a Somoza terminó siendo una patraña más de las que montan las izquierdas para esquilmar, asesinar y esclavizar a los pueblos.
Escondido tras una retórica revolucionaria, su régimen desmanteló de manera metódica todas las instituciones democráticas, canceló miles de organizaciones civiles, intervino universidades y convirtió al Estado en un feudo privado donde la lealtad ciega al dictador y a su vicepresidenta es la única ley vigente. La narrativa del antiimperialismo ha dejado de ser un argumento para revelar lo que verdaderamente es: un burdo pretexto para perpetuarse en el poder a costa de la miseria y el sometimiento de su población.
En este vertiginoso descenso hacia el totalitarismo, la total impunidad en medio de la corrupción y el asedio a la libertad religiosa, ha mostrado el rostro más despiadado de la cúpula gobernante.
La persecución encarnizada contra la Iglesia Católica, desatada tras su papel de mediadora y refugio ciudadano durante las protestas de 2018, ha dejado una estela de obispos y sacerdotes encarcelados, expulsados y despojados de su nacionalidad. El régimen no solo prohibió las procesiones y confiscó los bienes de las parroquias, sino que intentó extirpar la fe de un pueblo con el único fin de erradicar el último reducto de reserva moral y resistencia pacífica que quedaba en la sociedad. Cuando la tiranía le teme al culto y a la palabra de un sacerdote, demuestra la inmensa fragilidad de su propia legitimidad.
El costo humano de este modelo ha sido devastador. Cientos de vidas se perdieron en las calles bajo la represión de fuerzas estatales y paramilitares, cientos de líderes políticos y sociales conocieron la tortura en los calabozos de El Chipote, y millones de nicaragüenses se han visto forzados a tomar el camino del exilio. Como un acto definitivo de crueldad jurídica, la dictadura llegó al extremo infame de despojar de su patria y de sus derechos civiles a más de trescientos ciudadanos por el simple delito de pensar diferente, sentando un precedente funesto para los derechos humanos en la región.
El anuncio de que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones sitúa al país en un punto de no retorno que exige una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional. Las proclamas de preocupación ya no bastan ante un régimen que ha cerrado todas las vías pacíficas e institucionales de cambio.
Normalizar la presencia de esta tiranía es condenar al pueblo nicaragüense al olvido. Frente al silencio impuesto por la fuerza de las armas, la denuncia firme de los atropellos cometidos por Ortega y Murillo sigue siendo un deber moral ineludible hasta que la libertad, la justicia y la democracia vuelvan a florecer.
Solo queda pedir que acorte estos días. ¿Quedan católicos en Nicaragua? Podrían hacer una novena de Rosarios a la Inmaculada Concepción en su advocacion de la Virgen del Trono, pidiendo que se acorten esos días.