LA IGLESIA DE CHICAGO DESENMASCARA A FALSOS DENUNCIANTES DE ABUSOS, ¿EL PERÚ PARA CUÁNDO?
Por: Luciano Revoredo
La Archidiócesis de Chicago ha dado un paso sin precedentes al presentar una contrademanda contra siete personas acusadas de orquestar denuncias fraudulentas de abuso sexual clerical, según un artículo publicado el 8 de abril de 2025 en Infovaticana. La demanda alega que al menos 30 individuos, algunos con antecedentes delictivos y vínculos entre sí, habrían conspirado para fabricar acusaciones contra sacerdotes con el objetivo de obtener compensaciones económicas. Este caso pone en el centro del debate un problema delicado: las denuncias falsas, que no solo afectan la credibilidad de las víctimas reales, sino que también erosionan la confianza en las instituciones eclesiásticas. Pero esta situación no es exclusiva de Chicago; en el Perú y otros países de América Latina, casos similares están generando cuestionamientos sobre cómo se manejan las acusaciones de abuso y el impacto de denunciantes anónimos en la justicia y la verdad.
En Chicago, la archidiócesis sostiene que los acusados formaban parte de una red organizada que compartía información, redactaba cartas y conectaba a denunciantes con abogados dispuestos a negociar acuerdos económicos, incluso en casos dudosos. La investigación incluyó el análisis de miles de horas de conversaciones grabadas que revelaron este supuesto esquema. Este caso resalta un dilema ético: las denuncias falsas pueden desviar recursos y atención de quienes verdaderamente han sufrido. Como se menciona en el artículo, pagar indemnizaciones sin un juicio previo en la justicia ordinaria puede incentivar acusaciones oportunistas, un problema que trasciende fronteras.
En el Perú, este fenómeno también ha encontrado eco. La Iglesia Católica peruana enfrenta una crisis de credibilidad agravada por casos de abuso reales y acusaciones cuestionables. Un ejemplo emblemático es el del cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo emérito de Lima, quien fue “sancionado” por el Vaticano en 2019 tras una denuncia anónima presentada en 2018 por presunto abuso sexual en 1983. Según informes de Infobae y Vatican News, Cipriani fue obligado a dejar el Perú, limitar su ministerio y abstenerse de usar insignias cardenalicias, sin que se realizara un proceso canónico formal. Él ha negado categóricamente las acusaciones, afirmando que no tuvo acceso a la documentación completa y que se le pidió guardar silencio. La falta de transparencia en este caso, sumada al anonimato del denunciante, ha generado que muchos veamos las sanciones como una injusticia motivada por intereses internos en la Iglesia peruana y parte de una condena mediática.
Por otro lado, la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana por el Vaticano, ha intensificado el escrutinio sobre cómo se gestionan estas denuncias. El papel de personajes turbios y cuestionados como Jordi Bertomeu echa tierra sobre el proceso. En otros países de la región, como Chile y Argentina, también han surgido casos de acusaciones que, en algunos casos, han resultado falsas o no han prosperado judicialmente, como lo documenta BishopAccountability.org sobre clérigos chilenos.
La pregunta es: ¿para cuándo una respuesta clara en el Perú y la región, similar a la de Chicago? La acción de la Archidiócesis de Chicago busca establecer un precedente al exigir responsabilidad a quienes presentan denuncias fraudulentas, protegiendo tanto a las víctimas reales como a la institución. En el Perú, sin embargo, el panorama es más complejo. La polarización interna en la Iglesia, evidenciada por el odio a Cipriani de su sucesor, el arzobispo Carlos Castillo y parte de la Conferencia Episcopal tomada por marxistas disfrazados de obispos, dificulta un enfoque claro. Castillo ha llamado a aceptar las sanciones contra Cipriani como una “verdad” que libera, y la Conferencia Episcopal ha publicado pronunciamientos deplorables. Por otro lado, la ausencia de un proceso público y transparente alimenta dudas sobre la justicia de estas medidas. Hay que mencionar que existe también en el Perú una red de delincuentes, periodistas y oenegés detrás de muchas denuncias, que hasta han generado libros de dudosa factura y costoso financiamiento. Varios de los más encumbrados denunciantes están investigados en la fiscalía por diversos delitos.
La proliferación de denunciantes anónimos, como en el caso de Cipriani, plantea un desafío adicional. Si bien el anonimato puede proteger a las víctimas, también puede ser explotado para calumnias sin consecuencias, como se teme en Chicago. En el Perú, la falta de un sistema claro para verificar acusaciones antes de imponer sanciones públicas contribuye a la desconfianza. Otros casos regionales, como el informe de Pensilvania (2018) o los acuerdos millonarios en Los Ángeles (2024), muestran que las diócesis han optado a menudo por indemnizar para evitar escándalos, una práctica que, según críticos citados en Infovaticana, incentiva denuncias falsas.
Entonces, ¿Qué falta para que el Perú enfrente este problema como Chicago? Primero, urge un protocolo transparente que equilibre la protección de las víctimas con la presunción de inocencia. Segundo, la Iglesia peruana necesita superar sus divisiones internas para abordar los casos con objetividad, evitando que las acusaciones se utilicen como herramientas de venganza o poder.
Finalmente, la sociedad civil y los medios deben exigir que las denuncias, anónimas o no, pasen por un escrutinio riguroso antes de convertirse en condenas públicas.
El caso de Chicago es un llamado de atención para el Perú y América Latina. La verdad debe prevalecer, pero no a costa de la justicia. Proteger a las víctimas reales y desenmascarar a los oportunistas es un deber que la Iglesia, en el Perú y el resto del mundo, no puede seguir postergando.
Magnífico artículo, clarividente. Hay que proteger y hacer justicia a las víctimas, con el mismo empeño se deben desemascarar los oportunistas, aunque lleven mitra. Por su bien personal. Tendrán que dar cuenta a Dios de sus acciones. Cada vez apesta más el comportamiento de la CEP. DIOS TENGA COMPASIÓN DE TODOS, Y POR SU BIEN, SE ACLARE LA CRUENTA Y ODIOSA PERSECUCIÓN AL RESPETABILISIMO Y FIEL CARDENAL CIPRIANI.
Estoy de acuerdo con lo que Ud ha escrito. La CEP hace verdadero daño a la Iglesia con este asunto. En lugar de buscar y apoyar la VERDAD. Y para la propia CEP es además de algo que no se sostiene, verdadera manipulación con espureos intereses, queda como manipuladora del mal movida por odio y revancha hacia un Cardenal con un servicio a la Iglesia y lógicamente al pueblo peruano, que ya quisieran equipararse sus acusadores. Un dolor que eso ocurra con quienes deberían ser buenos pastores en lugar de manipuladores del odio. Que viva muchos años el peruano Cardenal Cipriani. Y que los eclesiásticos de la CEP sepan estar a la altura de sus responsabilidades sin dejarse manipular por el ángel caído, todos sabemos de quién se trata.