Por: Luciano Revoredo
La farsa de Pedro Castillo está llegando a límites intolerables, el impresentable sujeto que perpetró un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, disolviendo ilegalmente el Congreso y proclamando un “gobierno de excepción” para aferrarse al poder, ahora busca entorpecer a la justicia con una patética huelga de hambre.
Procesado por rebelión y conspiración, este aliado del terrorismo y agente de la izquierda internacional representada por el Foro de Sao Paulo no solo traicionó a la democracia peruana, sino que ahora insulta a la nación al presentarse como víctima de un supuesto “juicio politizado”. La realidad es clara: Castillo es un peligro público, un títere de agendas extranjeras y un criminal que merece enfrentar todo el peso de la ley.
Recordemos los hechos, porque la memoria histórica no puede ser borrada por las lágrimas de cocodrilo de este farsante. En diciembre de 2022, enfrentado a un tercer intento de vacancia por corrupción y desgobierno, Castillo optó por el camino del dictador: anunció en un mensaje televisado, con manos temblorosas y un guion mal leído, la disolución del Congreso, el establecimiento de un toque de queda y una reestructuración del sistema judicial a su medida. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lo abandonaron, el Congreso lo destituyó con una abrumadora mayoría, y horas después fue arrestado mientras huía cobardemente hacia la embajada de México, un refugio que su amigo izquierdista Andrés Manuel López Obrador le tenía preparado.
Este no fue un acto improvisado de un “humilde maestro rural”, como sus defensores quieren pintar. Fue la culminación de una presidencia marcada por la ineptitud, la corrupción y una agenda deliberada para socavar las instituciones democráticas peruanas.
Castillo, desde el inicio, fue un peón del Foro de Sao Paulo, esa red de izquierda radical que ha sembrado caos en América Latina con regímenes como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Su partido, nunca ocultó su intención de imponer un modelo autoritario disfrazado de “revolución popular”. El golpe fallido no fue un error; fue el plan.
No podemos ignorar el trasfondo de Castillo, porque su historial no es el de un inocente maestro de escuela. Antes de llegar al poder, fue un activo participante en las rondas campesinas de Cajamarca, algunas de las cuales han sido vinculadas a actos de violencia y nexos con Sendero Luminoso, el grupo terrorista que desangró al Perú en las décadas de 1980 y 1990. Durante la campaña de 2017, como líder de una huelga magisterial, Castillo mostró su capacidad para movilizar masas con tácticas intimidatorias, un eco de las estrategias senderistas que aún resuenan en las zonas rurales. Una vez en el gobierno, su administración dio señales inquietantes: el nombramiento de ministros con simpatías por el terrorismo, como Iber Maraví, y su renuencia a condenar explícitamente a Sendero Luminoso, dejaron en claro que su lealtad no estaba con la paz ni con las víctimas de la violencia, sino con una ideología que ve en el caos una herramienta de poder.
¿Es casualidad que el Foro de Sao Paulo, con figuras como Nicolás Maduro y Luiz Inácio Lula da Silva, haya cerrado filas en su defensa tras su caída? No. Castillo era su hombre en el Perú, un instrumento para extender su proyecto de desestabilización regional. Su intento de golpe no fue solo contra el Congreso peruano, sino contra la libertad misma de un país que ha luchado décadas para librarse de las garras del terrorismo y el autoritarismo.
Ahora, encerrado en la prisión de Barbadillo, Castillo ha iniciado una huelga de hambre para presionar al sistema judicial que lo procesa por rebelión y conspiración. Alega que el juicio es “politizado”, una excusa tan gastada como ridícula viniendo de alguien que violó la Constitución en vivo y en directo. Esta huelga no es un acto de resistencia heroica; es una maniobra desesperada de un hombre sin argumentos, un intento de manipular la opinión pública y ganar simpatías entre los sectores radicales.
El proceso judicial contra Castillo es impecable: hay pruebas irrefutables de su intento de golpe, desde su propio discurso grabado hasta las órdenes emitidas a sus subordinados. Su detención en flagrancia, mientras intentaba escapar, no deja lugar a dudas. Acusar al Ministerio Público de “forzar el tipo penal de rebelión” es un insulto a la inteligencia de los peruanos, quienes vieron con sus propios ojos cómo este sujeto intentó convertirse en un dictador de pacotilla. Si no levantó un arma, fue solo porque no tuvo tiempo ni apoyo; su arma fue el abuso de poder, y eso es suficiente para condenarlo.
El Foro de Sao Paulo no ha dudado en respaldar a Castillo, con líderes como López Obrador y Gustavo Petro denunciando su destitución como un “golpe de derecha”. Esta narrativa es una burla a la realidad: el verdadero golpe lo dio Castillo, y fue la democracia peruana —encarnada en el Congreso, las Fuerzas Armadas y la ciudadanía— la que lo detuvo. La izquierda internacional lo defiende no por justicia, sino porque ven en él un mártir útil para su causa: deslegitimar las instituciones democráticas y justificar sus propios regímenes opresivos. Castillo no es un héroe del pueblo; es un agente de una agenda extranjera que busca sumir a América Latina en el mismo abismo de miseria que Venezuela.
El Perú no puede permitirse más complacencia con este personaje nefasto. Cada día que Castillo pasa en prisión es un recordatorio de que la democracia, aunque frágil, puede defenderse. Su huelga de hambre no debe ablandar a nadie; al contrario, debe endurecer la determinación de la justicia para castigarlo con todo el rigor de la ley. Este no es un caso de persecución política, sino de rendición de cuentas por traicionar a la nación.
Castillo es un oportunista que usó su origen humilde como máscara para encubrir su ambición y sus vínculos oscuros. Los jueces y fiscales no pueden ceder ante sus chantajes ni ante las presiones del rojerío internacional.
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