Por: Luciano Revoredo
La violencia se desata en las calles de Lima y las autoridades parecen impotentes ante el avance de la delincuencia. El ministro del interior vive en un multiverso holográfico y lejano.
El reciente ataque a un grupo de agentes Terna encubiertos de la Policía Nacional del Perú en el barrio de Manzanilla, ubicado en el Cercado de Lima, es solo la punta del iceberg de un problema cada vez más grave.
Un grupo de vecinos, enloquecidos por la presencia policial, arremetió brutalmente contra agentes que intentaban detener a un microcomercializador de drogas. Las imágenes del ataque, ampliamente difundidas en redes sociales, muestran la violencia desmedida y la falta de respeto por la autoridad. Este hecho evidencia la existencia de zonas liberadas, donde la delincuencia opera con total impunidad y desafía abiertamente el Estado de Derecho.
Manzanilla se ha convertido en el Tepito limeño, un barrio donde el crimen organizado se ha enquistado y donde la policía parece temer entrar. La comparación con Tepito, el famoso barrio mexicano no es casual, pues ambos lugares comparten características comunes: alta incidencia delictiva, control territorial por parte de grupos criminales y una sensación de abandono por parte de las autoridades.
Tepito, el barrio más emblemático en que reina el crimen de la Ciudad de México, ha sido durante décadas un microcosmos de la compleja realidad mexicana. Su fama se debe, en gran medida, a su intrincada red de comercio informal, que va desde la venta de productos auténticos hasta actividades ilícitas. Sin embargo, detrás de su colorido exterior se esconde un entramado de poder criminal que ha convertido a este barrio en un bastión de la delincuencia organizada y locación perfecta para películas de acción que muestran la terrible realidad de la corrupción y el crimen.
Cuando se da esta situación de que el crimen controla un barrio las características son las mismas en todas partes. Grupos criminales ejercen un dominio casi absoluto imponiendo sus propias reglas y extorsionando a comerciantes y vecinos. La economía subterránea florece con actividades como la venta de drogas, la falsificación de productos y el robo de vehículos. Lamentablemente muchas veces la colusión entre autoridades y delincuentes es un problema endémico, lo que dificulta la aplicación de la ley y permite que el crimen organizado se fortalezca. Los enfrentamientos entre grupos rivales, así como los ataques a civiles, son frecuentes en estos barrios, generando un clima de inseguridad y miedo, pero lo más lamentable es que muchos de estos barrios se caracterizan por altos niveles de pobreza, desempleo y desigualdad, lo que los convierte en caldo de cultivo para la delincuencia entrando en un círculo vicioso del que es difícil salir.
El problema de los barrios liberados por el crimen es un desafío complejo que requiere de una respuesta integral por parte de las autoridades y de la sociedad en su conjunto. Es necesario fortalecer el Estado de derecho, combatir la corrupción, invertir en programas sociales y promover la participación ciudadana para recuperar estos territorios y garantizar la seguridad de todos. Pero por encima de todo y con urgencia restituir el principio de autoridad.
Lo cierto es que no debemos esperar llegar a los niveles de México, pero la escalada de violencia en nuestra ciudad es alarmante. Recientemente, además de los luctuosos acontecimientos de manzanilla, fuimos testigos del asesinato de un profesor en una escuela de Ate, un hecho que conmocionó a la opinión pública y puso de manifiesto la fragilidad de la vida en nuestras calles.
Ante esta situación, tal vez la salida más rápida sea una intervención de las Fuerzas Armadas como una medida extrema para pacificar zonas como Manzanilla y detener a todos los involucrados. Pero si bien es cierto que una intervención rápida y contundente podría restablecer el orden público a corto plazo, a largo plazo es necesario poner en práctica políticas públicas integrales que aborden las causas profundas de la violencia.
En este sentido urge trabajar en un fortalecimiento institucional que pasa por reformar a la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial y poner en marcha mecanismos para prevenir y sancionar la corrupción en todos los niveles de gobierno. Simultáneamente crear programas de prevención social que aborden situaciones como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Legislar en favor de la familia. Incentivar la familia tradicional formada en valores e invertir en educación de calidad para brindar a los jóvenes herramientas para salir adelante y evitar que se involucren en actividades delictivas.
Pero todo esto será en vano si no se fortalece a las fuerzas del orden mejorando la capacidad de las fuerzas de seguridad para recopilar y analizar información sobre las actividades de los grupos criminales, es decir los trabajos de inteligencia que los últimos gobiernos han desactivado .
La urgencia actual, en que la población se siente desamparada, amerita que las autoridades actúen con firmeza y se garantice que las fuerzas del orden cuentan con el respaldo del estado. Que no van a terminar en prisión por disparar y abatir a un desadaptado como ha venido sucediendo. Una policía desarmada, temerosa de actuar con firmeza no funciona o termina en manos del crimen como ha sucedido en la masacre de Manzanilla
No podemos permitir que la delincuencia gane terreno y que nuestras ciudades se conviertan en campos de batalla. Es necesario recuperar el control de nuestras calles y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Pero, también debemos pensar que las ong de los derechos, a la primera, abren las fauces y ladran sus consignas prodelicuente, antipolicia, y los policías temen usar sus armas de fuego porque jueces corruptos son capaces de hacerles la vida imposible y pueden perder trabajo y terminar en la cárcel. En lo que esto termina por lo general es en escuadrones de la muerte.