El programa “Cuarto Poder” destapó un escándalo que sacude los cimientos del Ministerio del Interior y pone en entredicho la integridad de su titular, Juan José Santiváñez. Lo que comenzó como un reportaje sobre presuntos actos de corrupción del ministro —sobornos a jueces y fiscales para favorecer a sus clientes cuando era abogado— escaló a una situación aún más grave: Santiváñez admitió, en vivo, haber tenido acceso al contenido del reportaje antes de su emisión. Este hecho no solo revela una posible filtración o intromisión indebida, sino que evidencia una incapacidad alarmante para manejar la crisis política y ética que lo envuelve. Por el bien del país y la credibilidad de las instituciones, Santiváñez debe renunciar.
El reportaje de “Cuarto Poder” presentó testimonios de testigos protegidos que acusan a Santiváñez de haber recibido cuantiosas sumas de dinero —como los 60,000 dólares mencionados para “arreglar” jueces en un caso relacionado con el Escuadrón de la Muerte— y de haber utilizado contactos como la exjueza Enma Benavides para influir en decisiones judiciales. Estas acusaciones, respaldadas por chats, audios y videos según el programa, pintan un panorama sombrío de un ministro cuya trayectoria como abogado parece estar marcada por la corrupción. Sin embargo, lo que elevó el escándalo a un nivel crítico fue la revelación en directo: Santiváñez afirmó que su directora de Comunicaciones le había proporcionado el texto del reportaje antes de que se emitiera. Minutos después, esta versión fue desmentida por la propia funcionaria, dejando al ministro en una posición insostenible.
La confesión de Santiváñez plantea preguntas inquietantes: ¿cómo obtuvo información privada de un medio de comunicación independiente? ¿Fue una filtración interna, un hackeo o un acto deliberado de espionaje? La conductora Sol Carreño, visiblemente sorprendida, señaló la gravedad del hecho: un ministro del Interior con acceso indebido a material periodístico confidencial no solo pone en riesgo la libertad de prensa, sino que sugiere un abuso de poder que podría extenderse a otras esferas del gobierno. Santiváñez, incómodo y evasivo, se negó a identificar la fuente real de la filtración, limitándose a decir que no tenía por qué dar explicaciones. Esta actitud arrogante y poco transparente agrava aún más su situación.
La gravedad de este episodio trasciende las acusaciones iniciales de corrupción. Que un ministro del Interior, responsable de la seguridad nacional y del orden público, esté envuelto en un escándalo de esta magnitud demuestra una incapacidad flagrante para liderar. Su gestión ya estaba cuestionada por la persistente ola de inseguridad ciudadana y por controversias previas, como los audios que lo vinculan a presiones para desactivar la Diviac. Ahora, con este nuevo capítulo, Santiváñez no solo ha perdido legitimidad, sino que representa un peligro para la confianza en las instituciones democráticas. Si no puede explicar cómo obtuvo información privilegiada ni enfrentar con claridad las acusaciones en su contra, no tiene la autoridad moral ni política para seguir en el cargo.
La renuncia de Santiváñez no es solo una cuestión de justicia frente a las denuncias de corrupción; es una necesidad urgente para restaurar la credibilidad del Ministerio del Interior y proteger la independencia de la prensa. Dina Boluarte, como presidenta, debe actuar con decisión y apartarlo del cargo. Cada día que Santiváñez permanezca al frente del Mininter es un día más de descrédito para un gobierno ya debilitado. La situación es insostenible: por su incapacidad, por su opacidad y por el daño que causa, Juan José Santiváñez debe irse. El país merece algo mejor.
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