Por: Luciano Revoredo
El Perú debe escoger entre dos modelos irreconciliables. Por un lado, una propuesta que entiende que el bienestar se construye con trabajo, inversión y reglas claras; por el otro, un cúmulo de promesas irresponsables que, de ejecutarse, condenarían al Perú a la miseria que ya hemos visto fracasar en nuestro país y el resto del continente.
Resulta alarmante escuchar propuestas como el incremento arbitrario de sueldos o el control de precios. Estas ideas, que suenan atractivas en una plaza pública para quien busca un voto fácil, son, en la realidad, el pasaporte a la inflación, al desempleo y a la ruina de la pequeña empresa.
Sánchez y su entorno ignoran, o prefieren ocultar, que la economía no se decreta por ley, sino que se nutre de la confianza. Pretender “solucionar” la vida de los peruanos encareciendo el costo de contratar o fijando precios por decreto es una receta que siempre termina igual, anaqueles vacíos y dinero que pierde su valor día tras día.
Lo que plantean los sectores radicales asociados a Juntos por el Perú no es justicia social, es un populismo económico suicida.
La mentira habitual de la izquierda, negando sus raíces y sus verdaderas intenciones, queda al descubierto cuando se analiza la estructura de su agrupación. Recientes denuncias y testimonios de exjefes policiales de la Dircote han señalado vínculos preocupantes de Sánchez y figuras clave de su partido con organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA.
El tema de fondo es si podemos confiar el futuro económico del país a quienes mantienen estas afinidades ideológicas y pretenden, bajo el pretexto de una nueva Constitución, que es el eje de su propuesta, desmantelar las bases de nuestra economía.
La cantaleta de la nueva Constitución no es una búsqueda de reforma democrática, sino un intento de dinamitar el modelo de economía social de mercado que permitió al Perú dejar atrás el terrorismo y la hiperinflación de los años 80 y 90.
Quieren una Constitución a medida para perpetuarse en el poder y retirar los candados que impiden el despilfarro fiscal y la destrucción de la propiedad privada. Es el guion clásico de la izquierda que Rafael López Aliaga definió con propiedad como la izquierda del M.A.L. (Mentirosa, Asesina y Ladrona) y ya sabemos que su habitual costumbre es usar la democracia para destruir la libertad desde adentro.
Como militante de Renovación Popular desde su fundación. He sido coherente en cuestionar y denunciar el fraude de la primera vuelta, y seguiremos en esa denuncia al lado de Rafael López Aliaga, también he lamentado que Keiko Fujimori no se sume a la denuncia del fraude y mire a otro lado. Sin embargo, ante el hecho, hasta el momento consumado, de la segunda vuelta y pese a que el fantasma de un nuevo fraude está presente, hay que ser pragmáticos y votar. Obviamente ese voto no puede ser por la izquierda del M.A.L. ni en blanco, ni viciado.
Keiko Fujimori ha mantenido una postura que, frente al desorden y la incertidumbre, representa ante la segunda vuelta la única garantía de estabilidad. Su enfoque, centrado en el respeto al modelo económico que genera empleo y en el fortalecimiento del Estado de Derecho, es la única opción racional en este momento crucial de definiciones ante las que no se puede ser neutral. El país requiere certeza y ella ofrece un camino donde el sector privado es motor y no enemigo.
El Perú no puede permitirse ser un experimento de laboratorio de ideólogos con pasados sombríos y nebulosos.
La historia nos observa, y el costo de elegir mal será pagado por las próximas generaciones. La defensa de la libertad, del derecho a emprender y de un modelo que sí funciona es, hoy más que nunca un imperativo.
Es hora de defender, con firmeza y sin complejos, el futuro de nuestra nación.
