Por: Alfonso Chunga Ramírez
En medio del despliegue terrorista organizado para demoler el estado de derecho; Rafael López Aliaga resolvió los contratos de peaje suscritos por Susana Villarán. Una decisión trascendente.
La decisión de romper los grilletes de la corrupción es el más importante aporte a nuestro precario régimen constitucional. Manifiesta la voluntad del pueblo de Lima, de resolver los problemas de la comunidad con las herramientas pactadas en la Constitución. Anuncia que el Alcalde de Lima ha resuelto que la decencia es el camino de la eficiencia.
Tiempo atrás, el Tribunal Constitucional, presidido por Marianella Ledezma, sentenció que los contratos del peaje de Villarán son impenetrables porque la corrupta alcaldesa los suscribió como representante de Lima, condición sustantiva del acto jurídico. Fue una sentencia tan diligente como aberrante.
El orden lógico más elemental la refuta. Susana Villarán ha reconocido que recibió un soborno para firmar los contratos del peaje. Cuando la corrupta alcaldesa recibió el soborno, dejó de representar los intereses de los pobladores de Lima, para asumir la representación de los intereses brasileros. El Acto Jurídico fue pervertido en su concepción. Nació por un acuerdo entre la empresa brasilera y su empleada doméstica, Susana Villarán. Que la alcaldesa haya usado los sellos de la ciudad para simular que el contrato era entre dos personas distintas, es cosmético.
Las cosas deben juzgarse por lo que son y no por lo que dicen ser. En el Acto Jurídico que conformó los contratos del peaje nunca existió la voluntad de los pobladores de Lima. El contrato es nulo por falta de manifestación de voluntad del agente.
Confundiendo tubérculo con raíz tuberosa, el Tribunal Constitucional sentenció que la alcaldesa Villarán representó la voluntad del agente. Sentencia deleznable. Susana Villarán ha reconocido ante el Ministerio Público que firmó los contratos luego de ser sobornada por la contraparte brasileña. No hubo representación alguna del pueblo de Lima. Fue y sigue siendo meretricio.
Rafael López Aliaga pone la primera piedra del camino hacia la decencia como mandamiento en la gestión gubernamental. Un hecho inédito, porque cumplir la palabra prometida en campaña, nunca ha sido una opción para los candidatos electos. Una decisión trascendente, porque la integridad en la Administración Pública es la única vacuna contra el terrorismo de los parásitos.
