EL INDULTO DE FUJIMORI Y LA INTROMISIÓN INACEPTABLE DE LA CIDH
Por: Luciano Revoredo
En el año 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre el indulto del presidente Alberto Fujimori, en esa ocasión dijo que este tema se debía resolver la “jurisdicción constitucional” peruana.
Eso es exactamente lo que ha sucedido recientemente. El Tribunal Constitucional resolvió el tema restituyendo el indulto que de manera inconcebible se había dejado sin efecto. Una vez resuelto el caso por el TC, el día 18 de marzo la CIDH a través de un tuit manifestó su desacuerdo: “CIDH manifiesta profunda preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional que ordena la libertad de Alberto Fujimori. Afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la Corte IDH en los casos Cantuta y Barrios Altos”, y finalmente cuando ya se venía tramitando la excarcelación de Fujimori la CIDH a través de un oficio requiere al Estado peruano que para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta debe abstenerse de ejecutar la decisión del Tribunal Constitucional.
Obviamente todo esto como resultado de un muy bien aceitado lobby de la izquierda política y mediática a nivel continental. Ahora se comprende por ejemplo para qué fin Ledesma, Espinosa Saldaña y Miranda demoraban su firma. Evidentemente buscaban ganar tiempo para que se produzca el infame pronunciamiento desde Costa Rica. El papel que juega en este sentido la CIDH es lamentable y convierte al presidente Fujimori en un preso político.
Para nada es coherente esta situación que hace tabla rasa con los derechos humanos de un anciano de 83 años, paciente de cáncer y otros males que no se pueden atender en prisión y que ya ha cumplido más de la mitad de una injusta y antojadiza condena. Y más aún incurre en falsedad ya que las supuestas víctimas de la Cantuta y Barrios Altos hace tiempo que han sido resarcidas por la justicia peruana e incluso indemnizadas millonariamente. Figura que no se ha dado con las víctimas del terrorismo sin que la CIDH diga jamás ni una palabra en su defensa. Así como tampoco ha dicho nunca nada acerca de los cientos de terroristas indultados en circunstancias muchísimo menos graves que las de Fujimori. Baste recordar el caso del terrorista Gerardo Saravia, que fue indultado por sufrir de diabetes y ahora trabaja en el IDL al lado de Gustavo Gorriti.
Sería el momento para que las víctimas y familiares de víctimas de Sendero Luminoso y el MRTA soliciten a la CIDH un pronunciamiento en el sentido de revisar los indultos de todos los terroristas que liberaron Paniagua, Toledo y García Sayán.
Lo cierto es que estamos en una situación límite y aceptar la imposición de la CIDH es un ultraje y una deshonra a la democracia, la ley y la soberanía nacionales. No es dable que ningún organismo internacional, en las circunstancias descritas, pretenda mediante un simple requerimiento, dejar sin efecto, así sea por un minuto, una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional.
Lamentablemente todo parece indicar que el gobierno peruano, surgido de las entrañas del terrorismo y la corrupción, está dispuesto a ponerse de rodillas ante la CIDH y renunciar a nuestra independencia jurídica. Está claro todo lo que se mueve detrás de este ataque al país.
En este sentido nada más cierto que lo tuiteado por el periodista español y miembro del Parlamento Europeo Hermann Tertsch: “El país iberoamericano que entrega su soberanía o poder juzgador a la Corte o Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH) puede directamente entregar su gobierno y su hacienda, su seguridad, su patrimonio y su futuro al Foro Sao Paulo”.
