EL CASO DEL PADRE OMAR: LA VERDAD SE IMPONE

Se sabe que basta una denuncia, una filtración convenientemente difundida y una campaña mediática para que una persona vea su nombre asociado a las acusaciones más graves. Después pueden venir las investigaciones, los documentos, las aclaraciones y hasta el archivo definitivo del caso. Pero nada de eso devuelve automáticamente la tranquilidad, la reputación y la honra que fueron puestas en entredicho. Eso es lo que ha ocurrido con el padre Omar Sánchez Portillo.

Después de seis meses de una exposición pública extraordinariamente dañina, el padre ha anunciado que tanto la investigación preliminar de la Fiscalía peruana como la investigación canónica en la Iglesia han sido archivadas, al no encontrarse sustento alguno. No se trata de una interpretación de sus defensores ni de una operación de relaciones públicas. Es la conclusión que el propio sacerdote ha comunicado, señalando que cuenta con la documentación oficial que acredita lo sucedido.

La noticia, debería obligar a muchos a detenerse y reflexionar. Porque quienes durante meses contribuyeron a instalar una sospecha gravísima tienen ahora una obligación elemental: explicar, rectificar y asumir las consecuencias de lo que hicieron.

El caso comenzó a adquirir notoriedad pública cuando Epicentro TV, a través de la periodista Paola Ugaz, difundió una denuncia que involucraba al padre Omar en un caso de abuso sexual contra una persona que había estado vinculada a la Asociación de las Bienaventuranzas, la obra social que el sacerdote dirige en Lurín.

La acusación fue reproducida ampliamente y presentada en términos que dejaban poco espacio para la cautela. El sacerdote quedó sometido a un juicio público en el que la sospecha terminó ocupando el lugar de la prueba. Su trayectoria sacerdotal, su trabajo con personas abandonadas y su obra social quedaron bajo una sombra que se extendió mucho más allá de su persona.

Sin embargo, el joven mencionado en las informaciones como la supuesta víctima, identificado como Nicolás Arosemena, manifestó públicamente que nunca había denunciado al padre Omar. Si estas circunstancias eran conocidas, ¿por qué no ocuparon el mismo espacio y recibieron la misma atención que la acusación inicial?

El periodismo tiene derecho, y muchas veces el deber, de investigar y publicar denuncias de interés público. Pero ese deber no lo exime de verificar, contrastar, contextualizar y, sobre todo, distinguir entre una denuncia y un hecho probado. Cuando se trata de acusaciones de abuso sexual, la responsabilidad es todavía mayor. La gravedad de una imputación no autoriza a prescindir de las garantías elementales de justicia.

Según informa Infovaticana, el 6 de abril de 2026 el padre Omar cuestionó públicamente la gestión de monseñor Jordi Bertomeu como comisario apostólico para el Sodalicio de Vida Cristiana. Veintidós días después, Paola Ugaz difundió en Epicentro TV la supuesta denuncia.

Bertomeu desempeñaba funciones en el mismo dicasterio al que se presumía que había llegado el expediente sin embargo la denuncia nunca existió. Pero hay una cuestión que trasciende largamente este caso: la presunción de inocencia. Nadie debe ser condenado por la opinión pública antes de que se examinen las pruebas si es que existen, pero Ugaz y compañía nunca aportaron pruebas.

Nadie debe perder su reputación porque una acusación falsa haya encontrado una plataforma mediática dispuesta a amplificarla. Y nadie debería tener que demostrar públicamente su inocencia para recuperar el derecho a ser tratado con dignidad.

El padre Omar guardó silencio durante seis meses. Según ha explicado, lo hizo por razones espirituales, de fe y confianza en Dios. Mientras tanto, las acusaciones circulaban, se reproducían y alimentaban una sospecha que alcanzaba también a la obra social que dirige.

Hoy, después del archivo de las investigaciones, corresponde invertir la carga de las preguntas. Ya no basta con preguntarse qué se denunció. Hay que preguntar qué se comprobó, qué quedó sin sustento, quién difundió la información y quién se hará responsable del daño.

La presunción de inocencia no puede ser una garantía que se invoque solamente cuando conviene. Tampoco puede desaparecer cuando el acusado es un sacerdote cuyas posiciones públicas incomodan a determinados sectores.

Hay una dimensión humana que no debemos perder de vista. El padre Omar no es solamente el protagonista de una controversia periodística. Es un sacerdote que dirige la Asociación de las Bienaventuranzas, una obra que atiende a personas abandonadas y en situación de extrema necesidad.

Una acusación de semejante naturaleza no afecta únicamente al acusado. También alcanza a sus colaboradores, a las personas que dependen de su trabajo, a los benefactores y a quienes encuentran en esa institución un lugar de acogida.

¿Quién repara la confianza perdida? ¿Quién devuelve los meses de tranquilidad arrebatados? ¿Quién se hace responsable por las consecuencias que una acusación de esta naturaleza puede tener sobre una obra social?

Y hay una pregunta especialmente importante para los medios que difundieron el caso: ¿publicarán ahora el archivo de las investigaciones con la misma prominencia con la que difundieron las acusaciones? ¿Ofrecerán una rectificación clara? ¿Reconocerán que la información inicial no terminó siendo respaldada por las investigaciones?

La rectificación no es una concesión. Es una obligación elemental del ejercicio periodístico.

Las denuncias deben investigarse con rigor, protegiendo a las posibles víctimas, pero también respetando los derechos de los denunciados. La defensa de las víctimas y la presunción de inocencia no son principios contradictorios. Ambos forman parte de una misma exigencia de justicia. Si  se permitió que una persona fuera sometida a un escarnio público sin que existiera sustento suficiente para las acusaciones, alguien debe asumir esa responsabilidad.

Lo que está en juego es algo mucho más importante que la reputación de un sacerdote. Está en juego el respeto a la verdad, a la justicia y a la dignidad humana.

A Paola Ugaz, a Epicentro TV y a quienes participaron en la difusión de esta historia les corresponde explicar y rectificar aquello que las investigaciones no pudieron sostener. A monseñor Jordi Bertomeu le corresponde aclarar las interrogantes sobre la circulación del expediente y las circunstancias de su difusión.

El padre Omar ha pasado seis meses bajo una sombra de sospecha. Ahora que las investigaciones han sido archivadas, no basta con dar vuelta a la página, hay que reparar, aunque él en una acto de misericordia cristiana ya ha perdonado a sus victimarios.