Por: Juan Carlos Eguren
Los sátrapas comunistas y caviares se aprovechan del desconocimiento de la Constitución de los ciudadanos de a pie. El desconocer no es patrimonio solo del pueblo, igual se da en las supuestas “élites”.
Según la constitución (Art. 110) el presidente es el jefe de estado y personifica a la nación, de igual forma el texto constitucional (Art. 167) señala que el presidente es el jefe supremo de las fuerzas armadas y la policía nacional.
Pretender que el mandatario asuma responsabilidades penales por el ejercicio de sus funciones constitucionales es tan absurdo como culparlo por las ilegalidades que cometa cualquier peruano ya que por mandato constitucional (Art. 118 Inc1) tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes, en igual sentido el hecho que dirija la política general de gobierno (Art. 118 Inc 3) no lo hace responsables por los actos delictivos de la burocracia operativa.
Solo en mentes obtusas e ideologizadas se puede pretender acusar a los presidentes por los delitos cometidos por sus subalternos. Con esa óptica el presidente tendría que ser responsable penalmente de los delitos de sus ministros, vice ministros, asesores, etc.
Tan irracional es pensar que el presidente es imputable
por una coima recibida por un ministro como la muerte de una persona en fragancia de vandalismo en medio de un estado de emergencia con suspensión de derechos relativos a la libertad y seguridad personal, libertad de reunión y de tránsito, por todos conocido y donde todos estábamos obligados a cumplir para no exponernos (Art. 137 con acuerdo del consejo de ministros)
El presidente tiene la obligación de restablecer el orden público, velar por el orden interno y disponer el empleo de las fuerzas armadas y policiales (Art. 110) en términos generales en el marco de la constitución y las leyes, el como, cuando, donde y forma corresponde a otras instancias en el marco de sus leyes orgánicas y protocolos operativos para cada circunstancia.
El origen de la retorcida interpretación de la CIDH y sus zurdos seguidores fue la tesis que se esgrimió con la intensión de meter preso a Fujimori “la autoría mediata”, por la cual el jefe de estado tenía que conocer de las supuestas violaciones de derechos humanos perpetrados por las fuerzas del orden y en consecuencia es coautor del delito, esta retorcida interpretación amedrenta al funcionario público y provoca la parálisis del estado así como la auto exclusión de personas capaces y decentes que no quieren exponerse a la cárcel injustamente.
