Por: Luciano Revoredo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en su informe que las muertes en las protestas contra Dina Boluarte pueden “ser clasificadas como una masacre” y que “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”. Es decir, se habría tratado de asesinatos masivos y deliberados.
Resulta interesante que, por ejemplo, con relación a las 10 muertes ocurridas en Ayacucho el 15 de diciembre, en inmediaciones del Aeropuerto, la CIDH indicó que, tras la información recogida, se pudo concluir que hubo violaciones de derechos humanos graves que deben ser investigados con un enfoque étnico racial y que fueron perpetradas por agentes estatales. Por supuesto en ningún momento se cuestiona la razón por la cual se producen estos actos en el aeropuerto, ni menos aún se fundamenta la idea absurda del supuesto enfoque étnico racial. Sería importante que también se informe que el aeropuerto como punto estratégico se encontraba bajo ataque terrorista y había que defenderlo.
En otra parte del informe se señala que según información que recibieron en Ica, Lima, Arequipa y Cusco “la respuesta del Estado se caracterizó por el uso de la fuerza de manera letal, indiscriminada y desproporcionada”. Sin embargo, no menciona cual es la fuente de esa información sesgada.
El informe también se refiere a Juliaca, donde murieron 19 civiles, en enero de 2023, según la CIDH se observa que, en esa ciudad, “hubo situaciones de uso excesivo indiscriminado de la fuerza de parte de agentes estatales que conllevaron violaciones a los derechos humanos graves contra los participantes de las protestas y contra terceros”. Curiosamente en este caso también los actos de violencia se producen en el perímetro del aeropuerto. Tema importante para comprender la naturaleza del ataque subversivo de los violentistas que las fuerzas del orden debían repeler al tratarse de instalaciones estratégicas.
Si bien el nefasto informe de la CIDH no es vinculante. Si puede y sin duda va a servir como insumo para generar denuncias penales contra las fuerzas armadas y el país. Ante esta situación, en que una institución ideologizada y sesgada políticamente emite un documento lesivo para los intereses nacionales, Dina Boluarte y su gobierno de utilería se mostraron en su real dimensión.
Se hubiera esperado por parte de la señora presidente una actitud de desaprobación al informe y defensa de los intereses nacionales, en síntesis, que adopte una posición digna de una estadista. Lamentablemente el país recibió una traición. Se vio un doble juego. Un tibio rechazo como para gustar a las tribunas y por otro lado la felonía de negar su condición de Jefe Supremo de las fuerzas armadas al afirmar falsamente que carece de comando sobre ellas, insinuando así que los excesos habían existido pero que sobre ellos no había tenido injerencia. . De este modo se lava las manos y deja una vez más a los militares desprotegidos. A esto hay que sumar los malabares verbales del falaz primer ministro y la infamia del advenedizo ministro de justicia puesto al servicio de la CIDH para admitir las supuestas violaciones de los derechos humanos.
Solo era cuestión de tiempo y de oportunidad para que veamos la verdadera entraña del gobierno dinista.
Dejo constancia que jamás confiamos en Dina Boluarte. Están nuestras publicaciones para acreditarlo. Siempre insistimos en recordar su filiación comunista. Siempre pusimos énfasis en su vieja relación con Cerrón. Cuando la derechita cobarde la aplaudía, asumimos el antipático papel de pinchaglobos. Siempre señalamos su desidia para imponer el orden y su condescendencia con los sediciosos. La crisis se ha debido a la labor subversiva del gobierno neosenderista de Castillo y a la debilidad cómplice de Boluarte. Que no se crea que el peligro ha pasado.
