Política

AUT CONSILIO AUT ENSE

Por la razón o la fuerza

Por: Fernando Valdivia Correa

En 1998, en entrevista televisiva concedida a Univisión, el entonces candidato presidencial venezolano Hugo Chávez Frías negó que en un eventual gobierno se nacionalizase alguna empresa, agregando que daría mayores facilidades a capitales privados para que invirtiesen en dicho país. Dos décadas después, el extinto ex-presidente y su sucesor Maduro han confiscado más de 1300 empresas, generándose mayor desempleo así como el incremento de la corrupción, delincuencia y migración hacia otros países, incluido el nuestro.

El 24 de junio pasado, a manu militari Martín Vizcarra ordenó a las clínicas privadas reducir los precios a los pacientes ingresados por la peste china en plazo máximo de cuarenta y ocho horas; caso contrario serían expropiadas conforme al artículo 70° de la Constitución Política. Error, o mejor dicho horror, cometido por el señor Vizcarra. De manera previa, entendemos que el pedido de bajar los precios –no solo para pacientes ingresados por Covid-19, sino en varias especialidades médicas– resulta un clamor nacional, pues, la brecha situacional entre un hospital y una clínica (o siquiera un centro médico) no tiene parangón. Sencillamente, los hospitales carecen de todo y los segundos tienen desde lo mínimo indispensable hasta todo aquello que cualquier paciente necesitase. Por ello, es totalmente cuestionable y hasta reprochable el elevar de manera inconmensurable los precios aprovechándose del estado de necesidad de las personas.

Lo que sí no es comprensible es el pretender romper y/o alterar el equilibrio del mercado, que bajo pretexto de cuidar la salud pública (que es de todos y para todos) expropiar propiedad privada para dárselo al alcance de los más necesitados. A punta de pistola, esto es bajo amenaza, sentar a negociar a empresarios. Estos últimos ya lo hicieron, y genera un pésimo precedente, toda vez que en adelante –y como lo hizo en septiembre pasado con el Parlamento que propició su cierre– el gobierno considerará –previa campaña de demolición de sus adláteres– que un determinado rubro o giro está siendo abusivo con la población y decidir su negociación unilateral, interviniendo peligrosamente en la libertad de mercado. Recordemos, y tengámoslo presente, que nuestra Carta Política garantiza una economía social de mercado (Art. 58°) y que la intervención estatal es mínima (Art. 60°). Además, el Artículo 82° de la Ley General de Salud –vigente desde el año 1997– textualmente señala “En la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes”.

Vizcarra no es Chávez y menos Maduro. Eso está claro; sin embargo insiste en demostrar su autoritarismo, imponiendo el eslogan “por la razón o por la fuerza” decisiones que deben ser consensuadas con la población, incluyendo a los empresarios, pasando por encima a un tímido y distraído Congreso, y ocultando con ello su incapacidad de gestión pública ante la incertidumbre vivida durante el confinamiento (más de cien días) y la dura realidad que nos tocará enfrentar en adelante ante la crisis provocada precisamente por este gobierno, donde miles de puestos de trabajo se han perdido y muchos de estos no volverán a recuperarse, aunado al sinfín de acusaciones hacia personajes del entorno palaciego de evidentes conflicto de intereses para contratar con el estado.

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