ACERTADA PROPUESTA DE RENOVACIÓN POPULAR DE RETIRARNOS DE LA CIDH

Por: Luciano Revoredo

La propuesta de Renovación Popular de retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ganado el apoyo manifiesto de los muchos que consideran que esta institución ha perdido su rumbo original.

La propuesta de Renovación Popular merece ser debatida con seriedad. La Corte Interamericana, lejos de ser un árbitro imparcial, se ha convertido en un actor que, bajo el pretexto de los derechos humanos, promueve una visión sesgada que no siempre respeta la diversidad ni la soberanía de los Estados. Perú tiene el derecho y la capacidad de trazar su propio camino, priorizando su identidad y sus necesidades. Retirarse de la CIDH no es un retroceso, sino un paso hacia adelante en la construcción de una nación más autónoma y fiel a sí misma.

Fundada con el noble propósito de proteger los derechos fundamentales en la región, la CIDH parece haber derivado en un organismo que, lejos de ser neutral, adopta una postura ideológica marcadamente inclinada hacia las posiciones del progresismo globalista, emitiendo fallos que a menudo chocan con la soberanía de los Estados y los valores culturales de las naciones que pretende regular.

Uno de los principales argumentos a favor de esta propuesta es el sesgo ideológico que la Corte ha demostrado en sus resoluciones. En lugar de limitarse a garantizar derechos básicos universalmente aceptados, como la vida, la libertad o la propiedad, la CIDH ha incursionado en agendas políticas progresistas que no siempre reflejan la realidad ni las prioridades de países como Perú. Por ejemplo, sus fallos han tendido a favorecer interpretaciones expansivas de derechos que, aunque suenen bien en teoría, terminan imponiendo políticas que ignoran las tradiciones, la voluntad popular y las capacidades económicas de los Estados miembros. Esta tendencia se percibe como una intromisión en asuntos internos, lo que socava la soberanía nacional, un principio fundamental del derecho internacional.

Además, está su enfoque desproporcionadamente punitivo hacia los Estados, mientras parece pasar por alto las responsabilidades de otros actores, como grupos terroristas o movimientos subversivos. En el caso peruano, esto es particularmente sensible debido a la historia de lucha contra el terrorismo de Sendero Luminoso. Resoluciones como la del caso Barrios Altos o el indulto a Alberto Fujimori han generado controversia, no solo por su contenido, sino porque reflejan una visión desconectada de la complejidad de la realidad peruana. Está claro que estas decisiones no buscan justicia, sino imponer una narrativa histórica alineada con intereses ideológicos foráneos.

Otro punto crítico es la falta de responsabilidad de la CIDH. Al no ser un organismo elegido democráticamente, sus jueces no responden ante los pueblos de los países que juzgan. Esto contrasta con los sistemas judiciales nacionales, como el peruano, donde las decisiones pueden ser cuestionadas o equilibradas por otros poderes del Estado. La Corte, en cambio, actúa como una autoridad supranacional prácticamente intocable.

Retirarse de la Corte IDH no significa renunciar a la defensa de los derechos humanos. El Perú cuenta con una Constitución sólida y un sistema judicial propio que, aunque imperfecto, tiene la legitimidad de emanar de su propio pueblo. La protección de los derechos fundamentales no depende de un organismo externo, sino de la voluntad política y la capacidad institucional de cada nación. Abandonar la Corte sería una reafirmación de la autodeterminación peruana, permitiendo al país diseñar soluciones acordes con su realidad, sin la presión de una entidad de imposición ideológica.