Por: Luciano Revoredo
Las imágenes que nos llegan de Francia son una dura advertencia para occidente. Las calles convertidas en escenarios de violencia, los comercios destruidos y saqueados, los enfrentamientos con la policía y el miedo de ciudadanos que ven cómo el Estado parece perder el control de sus propias ciudades. Francia, cuna de una tradición política y cultural que marcó la historia de Occidente, se hunde en el caos. Es cierto que hay malestar económico, desgobierno, desconfianza en las instituciones y problemas de diversa índole. Pero sería irresponsable caer en el juego de la corrección política e ignorar el debate de fondo sobre la inmigración, el multiculturalismo y la capacidad de los Estados para preservar la cohesión de sus sociedades ante una subcultura invasora que se resiste a ser parte del país que los acoge y responde con violaciones, violencia y criminalidad.
Esa persistencia en mirar a otro lado ha llevado al Reino Unido a una situación límite con miles de jóvenes violadas, y una cada vez más acelerada islamización cultural y política. A España a la inacción frente a la invasión de Ceuta y a Suecia a tener enclaves donde impera la sharía.
Durante décadas, una parte de las élites políticas y culturales europeas ha defendido una visión ingenua de la integración. Bajo la bandera de la tolerancia, se ha instalado la idea de que cualquier cuestionamiento de las políticas migratorias constituye una expresión de racismo o xenofobia. Se ha confundido la hospitalidad con la ausencia de límites y el respeto a otras culturas con la renuncia a defender la propia.
Una nación, sin embargo, no es un territorio vacío ni una simple suma de individuos. Es una comunidad histórica, construida sobre una lengua, unas instituciones, unas costumbres y unos principios compartidos. Quien llega a ella tiene derecho a ser tratado con dignidad, pero también debe respetar sus leyes y aceptar las reglas fundamentales de la convivencia. La integración no puede convertirse en una exigencia unilateral que recaiga exclusivamente sobre la sociedad que recibe.
Francia lleva años enfrentando tensiones relacionadas con la segregación urbana, las dificultades de integración y el extremismo islamista. Son problemas que merecen una discusión abierta y soluciones firmes. No todos los inmigrantes comparten las mismas creencias, ni todos los musulmanes representan una amenaza, es cierto que hay matices, pero el mínimo común múltiplo que los unifica es igual aterrador. Combatir el islamismo radical no significa perseguir una religión, sino defender la libertad y la igualdad ante la ley.
El problema es que buena parte de la dirigencia europea parece haber perdido la voluntad de establecer límites y exigir responsabilidades. Los gobiernos pueden aprobar leyes, anunciar reformas y multiplicar sus discursos, pero si no garantizan la seguridad, no controlan eficazmente sus fronteras y no consiguen que las decisiones del Estado se cumplan, la confianza ciudadana termina por erosionarse.
Europa debe recuperar la confianza en sí misma. Debe volver a sus raíces cristianas. Defender sus fronteras, preservar su patrimonio cultural, exigir el cumplimiento de la ley y proteger a sus ciudadanos no es extremismo. Es una obligación elemental de cualquier Estado responsable.
Francia todavía puede corregir sus errores. El Reino Unido también. Pero para hacerlo deben abandonar la comodidad del discurso políticamente correcto y afrontar los problemas sin negarlos ni exagerarlos.
Porque una nación no se destruye únicamente cuando un enemigo la derrota. También se debilita cuando sus dirigentes dejan de creer que merece ser defendida.
