Por: Luciano Revoredo
En su tribuna matutina de Radio Exitosa, el periodista Nicolás Lúcar arremetió contra la alianza estratégica del Escudo de las Américas, a la que calificó como un esquema de sometimiento geopolítico impuesto por los Estados Unidos. Según el analista, esta iniciativa no solo impone lineamientos políticos al Perú sin brindar una contraprestación justa en materia comercial o arancelaria, sino que además resulta ineficaz frente a la crisis de inseguridad que vive el país. Como pretendida prueba de ello, cuestionó con dureza la reciente revocación de la visa estadounidense al juez peruano Juan Carlos Núñez Matos, titular del Primer Juzgado Constitucional de Lima, medida adoptada por Washington en el marco de dicho acuerdo regional.
Para rematar su argumento, Lúcar sostuvo que no tiene sentido hablar de una verdadera protección continental si se excluye deliberadamente a potencias regionales como México y Brasil, a las que catalogó como los epicentros del problema de seguridad.
Sin embargo, esta lectura peca de una profunda ingenuidad política, no sabemos si involuntaria, que termina distorsionando el propósito esencial de combatir las redes trasnacionales. En primer lugar, la decisión del Departamento de Estado respecto al juez Núñez Matos, quien otorgó un polémico fallo cautelar que eximió al megapuerto de Chancay de la supervisión del organismo regulador peruano Ositrán, no constituye una afrenta a la soberanía, sino el legítimo derecho de un país socio a cerrar sus fronteras a funcionarios cuyas actuaciones, funcionales a intereses de potencias rivales, terminan debilitando el Estado de derecho en la región.
Y esta medida no debería limitarse únicamente a funcionarios del sistema de justicia. También debería alcanzar, cuando existan elementos objetivos que lo justifiquen, a quienes desde determinadas organizaciones no gubernamentales, plataformas de activismo o estructuras de influencia desarrollan actividades que terminan perjudicando los intereses estratégicos del país o interfiriendo con las políticas regionales de seguridad enmarcadas en el Escudo de las Américas. La cooperación internacional no puede convertirse en una vía para financiar, promover o proteger acciones que, bajo la apariencia de defensa de determinadas causas, terminen favoreciendo directa o indirectamente a redes criminales, intereses extranjeros o agendas incompatibles con los objetivos de seguridad que los países miembros han decidido impulsar conjuntamente.
Retirar un privilegio de ingreso a territorio extranjero a quienes socavan las instituciones no es una coacción. Por el contrario, es un derecho que tiene cada Estado para determinar quiénes pueden y quiénes no pueden cruzar sus fronteras.
Por otro lado, la idea de exigir la presencia de México y Brasil en el Escudo de las Américas resulta sencillamente insostenible. Ignora la realidad institucional de dos naciones donde las estructuras de poder han quedado seriamente comprometidas.
Pretender coordinar inteligencia táctica con el Estado mexicano actual significa desconocer que la infiltración del narcotráfico ha permeado sus estamentos políticos, policiales y judiciales hasta configurar un virtual narcoestado. Compartir información sensible sobre el crimen organizado con un aparato gubernamental cooptado por los carteles no significaría integrar a la región, sino entregar la estrategia a las propias mafias.
Del mismo modo, la inclusión del Brasil conducido por Lula da Silva representaría una contradicción insalvable. No se puede construir un bloque defensivo de las democracias junto a un liderazgo históricamente ligado a algunos de los mayores esquemas de corrupción trasnacional de la historia sudamericana, como el entramado de Odebrecht, y además principal promotor del Foro de São Paulo, plataforma utilizada sistemáticamente para inyectar recursos ilegales en la política regional e imponer agendas ideológicas de corte progresista a expensas de la institucionalidad.
El Escudo de las Américas no es una imposición caprichosa ni una mesa de diálogo ideológico, es un pacto pragmático entre naciones decididas a defender la libertad, la legalidad y la seguridad de sus ciudadanos. Pretender debilitar sus pilares exigiendo la incorporación de regímenes condicionados por el narcotráfico o por la corrupción continental no es una propuesta constructiva, sino una peligrosa distorsión que condena cualquier esfuerzo serio al fracaso.
