Por: Luciano Revoredo
Resulta difícil imaginar una afrenta mayor a la memoria de los peruanos víctimas del terrorismo que descubrir que personas vinculadas al Movadef puedan trabajar tranquilamente dentro del Congreso de la República. Según ha denunciado el dominical Cuarto Poder, al menos de diez trabajadores de algún congresista, entre asesores, técnicos y auxiliares pagados con dinero de todos los peruanos, figuran en los planillones de esa organización. Esto no puede entenderse como un simple descuido administrativo.
El Movadef no es una organización política cualquiera. Es el organismo que pretendió presentarse como fachada política de Sendero Luminoso, la organización terrorista responsable de uno de los capítulos más sangrientos de nuestra historia. No estamos hablando, por lo tanto, de una discrepancia ideológica menor ni de una posición política más dentro del juego democrático.
Estamos hablando de personas vinculadas a una organización de fachada de un grupo terrorista que, de acuerdo con la denuncia, trabajan en el corazón mismo del Estado.
¿Quién revisó sus antecedentes? ¿Quién los contrató? ¿Quién recomendó sus nombres? ¿Nadie vio nada? ¿Nadie preguntó? ¿Nadie consideró que una vinculación de esta naturaleza debía, cuando menos, encender las alarmas?
La respuesta no puede ser el cómodo “yo no sabía”. Tampoco puede bastar la explicación de que fueron recomendados por un compañero, un amigo o alguien de confianza. Quien ocupa un cargo de responsabilidad pública tiene precisamente la obligación de saber con quién trabaja y a quién coloca dentro de una institución del Estado.
El Congreso no puede convertirse en refugio para quienes buscan destruir la democracia desde dentro. La tolerancia tiene límites, y esos límites son todavía más claros cuando se trata de una institución que representa a todos los peruanos.
Aquí no está en juego solamente la contratación de unos trabajadores. Está en juego la responsabilidad de quienes los llevaron hasta allí, la obligación de revisar los procedimientos de contratación y, sobre todo, la defensa de la propia institucionalidad democrática.
Por eso, la denuncia debe ser investigada hasta sus últimas consecuencias. Si se comprueba que personas vinculadas al Movadef fueron incorporadas deliberadamente a oficinas parlamentarias, corresponde determinar responsabilidades.
No se trata de perseguir ideas. Se trata de impedir que quienes pretenden utilizar las instituciones democráticas para socavarlas encuentren en ellas un lugar desde donde actuar.
El Perú ya pagó un precio demasiado alto por no enfrentar a tiempo a quienes declararon la guerra a la democracia. No podemos permitir que, por indiferencia, negligencia o complicidad, la historia vuelva a abrirse paso por las puertas del Congreso.
Según la investigación periodística difundida por el programa Cuarto Poder, se identificaron las identidades de los trabajadores y asesores contratados en el Congreso cuyo nombre figura en los planillones de firmas del Movadef. La mayoría de estos contratos están asociados a legisladores y bancadas del grupo político Juntos por el Perú:
1. Despacho del diputado César Tito Rojas (JPP – Puno)
- Hilso Cladio Ramos Cosme: Asesor principal.
- Richard Tipo Quispe: Asesor 2.
2. Despacho del diputado Alejandro Manay Pillaca (JPP)
- Edith Mota Palomino: Técnica parlamentaria.
- Renán Quispe Najarro: Técnico parlamentario.
3. Despacho del senador José Chipana (JPP)
- Zaida Yesel Huanca Mamani: Asesora 2.
4. Despacho del senador Hugo Ccahuana (JPP)
- Dick Jefferson Luya Asto: Auxiliar parlamentario.
5. Comisión de Procedimientos Especiales del Senado
- Genebrardo Mariano Arana Bazán: Asesor 2 de esta comisión (vinculada a la evaluación y nombramiento de altos funcionarios).
6. Despacho de la diputada Sadith Pérez Quispe (JPP)
- Angela del Águila Torres: Técnica parlamentaria (registrada durante agosto y parte de septiembre).
