Política

ZAFARRANCHO EN LA PROCURADURÍA

Por Ántero Flores-Aráoz

Acaba de publicarse el Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, lo que nos ha hecho recordar que meses atrás habíamos quedando asombrados al informarnos por la prensa que un Procurador de la República, había denunciado a otro de igual cargo y rango, en el Ministerio de Justicia, quien está a cargo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, lo que se agrava mucho más si el tema tiene que ver con las investigaciones y procesamientos vinculados con el famoso caso Lava Jato, en que están involucradas empresas constructoras originarias de Brasil en complicidad con  otras constructoras peruanas y sus representantes, todo ello relacionado con obras públicas, en que para recibir la adjudicación de los contratos han existido actos de gravísima corrupción.

Lo increíble de lo señalado es que no se conocen precedentes en que un Procurador Público, que no es otra cosa que el defensor del Estado en diversos tipos de procedimientos, denuncie penalmente a otro de sus colegas por acciones u omisiones, asumiendo al pie de la letra una indebida autonomía y sin haber recibido instrucciones ni autorización de su “cliente” o sea del Estado.

En la primera etapa del quinquenio gubernamental en que nos encontramos, la presidida por el doctor Kuczynski, el Congreso de la República le delegó facultades legislativas en varias materias y el Poder Ejecutivo de aquella época expidió diversos Decretos Legislativos, con el mismo rango de leyes, uno de los cuales era el N° 1326 para normar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado que sustituiría al 1068 dictado en el gobierno del presidente García.

Probablemente por obra de la Providencia, el nuevo y más reciente Decreto Legislativo no se encontraba en vigencia en ese entonces pues ella debía iniciarse conjuntamente con la de su Reglamento que recién fue aprobado.

El Decreto Legislativo signado con el número 1068, que es la anterior norma de la Procuraduría, era mucho más exigente con las tareas de los Procuradores Públicos y la supervisión de las mismas.

La autonomía procesal de los Procuradores del Estado no es absoluta sino relativa, pues el ente rector del Sistema, que sigue siendo el Ministerio de Justicia, es quien “supervisa y evalúa el cumplimiento de las políticas, normatividad y especialización de los operadores del Sistema”, encontrándose entre estos últimos al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, el que es presidido por el Ministro de Justicia o su representante.

Muy raro, rarísimo, que un Procurador Público denuncie a otro de igual grado, y más sin conocimiento y menos permiso de su superior jerárquico que era el Ministro de Justicia, quien en el presente caso fue como quien en el argot criollo dice “soy su hermano pero no sé nada”

El anterior Ministro de Justicia, por más limitados que puedan ser sus conocimientos en materia jurídica, no podía soslayar su responsabilidad ni menos rehuirla, y hasta ahora no hizo nada para solucionar el bolondrón que se observaba en su cartera, al que también contribuyó el Congreso al no fiscalizar adecuadamente los Decretos Legislativos.

 

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