Por: Alfredo Gildemeister
El próximo 15 de marzo se cumplirán dos años desde que se declarara la situación de pandemia por Covid19 en nuestro país. Mas de doscientos mil fallecidos y miles de personas sobrevivientes que aún sufren las terribles secuelas que dejó esta enfermedad. Las diversas olas de nuevas cepas de este virus han continuado y continúan llegando a nuestra patria causando más víctimas por doquier. De otro lado, desde el punto de vista de la economía, la terrible situación de pandemia ha originado que, desde ese nefasto mes de marzo de 2020, cientos de empresas hayan quebrado, miles de personas se hayan quedado sin trabajo o con el sueldo suspendido o reducido en el mejor de los casos. El desempleo y la pobreza se han incrementado tremendamente y para rematar esta terrible situación, nos encontramos terminando el mes de febrero, con lo que la temida época de pago de tributos que se avecina, comenzando precisamente este próximo 28 de febrero cuando vence el plazo para el pago del impuesto predial y arbitrios, así como el impuesto vehicular o al patrimonio automotriz y, para remate, a finales del mes de marzo vence el plazo para la presentación de la declaración jurada del Impuesto a la renta y el pago del mismo o, en todo caso, pago del saldo de regularización del impuesto.
Adicionalmente, como todos los padres de familia saben, estos meses son desde el punto de vista económico, meses de mucho gasto comenzando con los gastos escolares (útiles, uniformes, matrículas, pensiones, materiales para el nido, etc.) puesto que en los colegios ya se volverá a la presencialidad, así como el pago de matrículas y pensiones universitarias, renovación de seguros vehiculares, SOAT, etc. todo eso considerando que miles de peruanos se encuentran sin trabajo o con remuneraciones muy reducidas u escuetas, con lo cual la situación económica de los ciudadanos es muy crítica. Dicho sea de paso, increíblemente, ninguno de los mencionados gastos, son deducibles para efectos del impuesto a la renta.
Sin embargo, para la Administración Tributaria peruana, ya sea la SUNAT o los municipios, pareciera que en el Perú nunca hubo pandemia por el Covid19 ni quiebra ni cierre de empresas, ni gran incremento del desempleo ni nada parecido. ¡En el Perú no ha pasado nada! Los peruanos continúan viviendo como antes de la pandemia. Aquí no sucedió ni sucede nada. El hecho de haber tenido el país más de doscientos mil muertos por Covid19, sin contar miles de personas que han sobrevivido al Covid19 y han quedado terriblemente endeudadas, muchas por haber pagado por una cama UCI mas de doscientos mil soles en un mes, además de haber gastado miles de soles en tanques de oxígeno, medicinas, pruebas moleculares, honorarios médicos, etc. para la Administración Tributaria pues, lo sucedido es irrelevante.
Miles de personas hoy tienen que romperse la cabeza para ver de dónde diablos obtendrán dinero para pagar a las municipalidades el impuesto predial, los arbitrios o el absurdo impuesto automotriz, así como pagarle a la SUNAT el impuesto a la renta. Si bien es cierto que la SUNAT solo recauda y no puede crear ni exonerar tributos, siendo el Congreso de la República o el Poder Ejecutivo cuando le delegan facultades, los que pueden hacerlo, lamentablemente a los gobiernos de Vizcarra, Sagasti y el actual nefasto gobierno de Castillo, no se les ha pasado por la cabeza que la sociedad civil peruana viene pasando por una gravísima crisis económica que aún no termina ni tiene miras de terminar. El desempleo y el costo de vida aumentan cada día y la desesperación va cundiendo en la ciudadanía. Sin embargo, a los referidos gobiernos, así como al actual, en ningún momento se les ocurrió u ocurre promulgar un régimen temporal de exenciones o exoneraciones tributarias, o en todo caso una amnistía general, a fin de ayudar y darle oxígeno a la ciudadanía para que al menos los que sufren desempleo o quiebra de sus empresas, temporalmente dejen de pagar tributos o al menos se les reduzca su pago. Nada de eso ha ocurrido, salvos unas miserables prórrogas para el pago de tributos, y la Administración Tributaria continúa cobrando tributos como si nada hubiera pasado y el Perú continuara con una economía voyante en crecimiento, como la que teníamos hace diez años, olvidando que el Perú de hoy está económicamente paralizado, sin inversiones de ninguna clase, en un franco retroceso económico en donde las personas hacen literalmente lo indecible por sobrevivir. Pero el Estado ¡ay! Continúa recaudando, repito, como si no pasara nada.
A fines de noviembre de 2021, el Congreso delega facultades al Ejecutivo en materia tributaria, pero al Ejecutivo no se le ocurre siquiera reformar el impuesto a la renta para que las personas naturales deduzcan de la renta bruta anual, sus gastos reales necesarios como luz, agua, teléfono, internet, gastos de salud, vivienda, educación, alimentación, etc. Solo unas miserables siete (7) unidades impositivas tributarias al año y algo más. ¿Pueden imaginar que una persona que pagó o en todo caso se endeudó por mas de doscientos mil soles, pues estuvo enfermo con Covid19 durante mas de un mes en una cama UCI (tuvo suerte, por cierto), hoy no puede deducir dicho gasto para el cálculo del impuesto a la renta? ¿Pueden creer que una familia que perdió a los dos abuelos y a un hijo por el Covid19 no puede considerar como gastos deducibles los gastos del sepelio? Y Sin embargo el Estado ¡Ay! Sigue cobrando.
De allí que solo cabe concluir que tenemos un Estado tributariamente insensible con un sistema tributario aplicable a personas naturales totalmente confiscatorio que solo tiene como objetivo recaudar sobre cualquier otro aspecto, no interesando ni respetando los derechos fundamentales de los contribuyentes para nada. No interesa que una persona por la pandemia o por haber sufrido de Covid19, haya quedado en el desempleo, quebrada, en la miseria más absoluta, por haberse gastado los pocos ahorros, CTS, y fondos de AFP que le quedaban, si es que tenía la suerte de tenerlos. Hoy la consigna de la Administración Tributaria es recaudar a toda costa, cobrar sobre todas las cosas y de no pagarse el tributo requerido, aplicar la fuerza (coactus) mediante el procedimiento de cobranza coactiva y embargar los bienes a los ciudadanos pese a todo, como si viviéramos en la edad media. La sociedad civil agoniza porque el Estado la ahoga con un sistema tributario nefasto de impuesto a la renta esencialmente confiscatorio. Fiscalmente, la persona ni la familia interesan en este país, no se la respeta ni considera. Por tanto, solo quedará lamentarse, recordando a Vallejo, exclamando, pese a la pandemia y a la crisis económica / política que nos ahoga cada vez más: y el Estado ¡ay! siguió cobrando impuestos…
