¿YA PODEMOS TERRUQUEAR A BERMEJO?
La Corte Suprema ratificó los 15 años de prisión por afiliación a Sendero Luminoso.

Por: Luciano Revoredo
Con la decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena de 15 años de prisión contra Guillermo Bermejo Rojas no estamos solamente ante el desenlace de un proceso penal seguido contra un excongresista. Estamos ante una resolución que vuelve a poner sobre la mesa una cuestión fundamental para la democracia peruana: la relación que algunos sectores de la izquierda política han mantenido con el pasado terrorista del país y la responsabilidad que corresponde establecer cuando esos vínculos dejan de ser simples sospechas y se convierten en hechos judicialmente acreditados.
El jueves 19 de noviembre, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió declarar «no haber nulidad» en la sentencia que condenó a Bermejo a quince años de prisión efectiva por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. De esta manera, rechazó el recurso presentado por su defensa y confirmó la pena impuesta en octubre de 2025 por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria.
La resolución constituye un importante revés para quien durante años transitó por la política peruana presentándose como dirigente de izquierda y representante de determinados sectores populares. Bermejo llegó incluso al Congreso de la República en 2021, elegido por Perú Libre, el partido que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia.
Pero la historia que ahora confirma la justicia se remonta mucho antes de su paso por el Parlamento.
La sentencia de primera instancia estableció que, entre 2008 y 2009, Bermejo realizó desplazamientos voluntarios a campamentos de Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Allí habría mantenido encuentros con los hermanos Víctor y Jorge Quispe Palomino, conocidos como los camaradas José y Raúl, cabecillas de los remanentes terroristas que continuaron operando en esa zona del país.
Según los hechos que el tribunal consideró acreditados, Bermejo, identificado con el apelativo de «Che», acudió a los campamentos de Huachinapata y Carrizal, recibió adoctrinamiento ideológico y político y participó en labores de captación de jóvenes para incorporarlos a la organización.
No se trataba, por tanto, de una coincidencia geográfica ni de un encuentro casual. La resolución judicial valoró testimonios de colaboradores eficaces, documentación, videos, informes de inteligencia y registros de desplazamiento. También consideró acreditada su colaboración en el traslado de información de la organización terrorista al extranjero.
Es importante subrayar que estos hechos no son ahora una interpretación periodística ni una acusación lanzada desde una tribuna política. Forman parte de los fundamentos de una sentencia condenatoria que acaba de superar la revisión de la Corte Suprema.
La defensa de Bermejo solicitó su nulidad, cuestionando, entre otros aspectos, la valoración de las pruebas de descargo. Sin embargo, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, mediante el Dictamen N.º 155-2026, sostuvo que la sentencia estaba debidamente fundamentada y que los argumentos de la defensa no justificaban dejarla sin efecto.
La audiencia de revisión se realizó el 2 de octubre de 2026 y el expediente quedó al voto. Finalmente, el 19 de noviembre, la Sala Suprema Penal Transitoria rechazó el recurso de nulidad y mantuvo los quince años de prisión.
La Corte sí modificó una de las penas accesorias: la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que pasó de dos años a seis meses, computables después del cumplimiento de la condena. Asimismo, dispuso que la sentencia y la pena sean inscritas en los registros correspondientes de SUNARP y SERVIR. Se mantienen también los cien mil soles de reparación civil y los 7,800 días-multa.
De acuerdo con el cómputo de la condena, Bermejo deberá permanecer recluido hasta el 18 de mayo de 2040. El dato fundamental, sin embargo, es que los quince años de prisión han sido ratificados. La revisión judicial no encontró razones para anular la condena.
Hay un aspecto que merece una reflexión especial. Guillermo Bermejo no fue un personaje marginal de la política peruana. Fue un dirigente que alcanzó notoriedad pública, participó activamente en la vida política nacional y terminó ocupando un escaño en el Congreso de la República. Fue parte de esa camada de subversivos que la ola de Pedro Castillo arrastro como una resaca inmunda y fue regando por diversas instancias del poder.
La trayectoria de Bermejo nos obliga a preguntarnos cómo fue posible que una persona condenada por afiliación a Sendero Luminoso llegara a ocupar una representación parlamentaria y se convirtiera en una figura política de cierta influencia. La pregunta plantea una cuestión de responsabilidad política: ¿qué filtros, qué criterios y qué escrúpulos se aplicaron para incorporar y respaldar a determinados personajes en la vida pública? Durante décadas, el Perú ha tenido que soportar una persistente operación de relativización de su historia reciente. Se ha pretendido presentar el terrorismo como una respuesta comprensible a las desigualdades sociales, convertir a sus responsables en supuestos luchadores sociales y cuestionar permanentemente a quienes defendieron al país frente a la violencia subversiva.
Se ha intentado, además, desplazar el centro del debate desde los crímenes cometidos por Sendero Luminoso hacia una supuesta responsabilidad exclusiva del Estado, como si la organización terrorista no hubiera tenido voluntad propia, una ideología criminal y un proyecto totalitario que pretendía destruir la República. Se ha sembrado una forma de chantaje moral para que no llamemos terroristas a los terroristas. No hay que terruquear se dice.
La memoria de los peruanos asesinados, de los policías y militares caídos, de las autoridades civiles y de los campesinos que resistieron la barbarie no puede quedar subordinada a esas operaciones de maquillaje histórico. Sendero Luminoso no fue una organización política convencional ni un movimiento de reivindicación social. Fue una organización terrorista que asesinó, torturó, secuestró y sembró el terror en nuestro país. Sus responsables deben responder por sus actos y nadie debería encontrar en la política una vía para blanquear sus antecedentes o relativizar sus vinculaciones. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Los terroristas son terroristas.
La resolución de la Corte Suprema merece ser destacada por lo que representa para el Estado de derecho. La lucha contra el terrorismo no puede depender de simpatías o antipatías políticas, ni de la conveniencia de los gobiernos de turno. Debe sostenerse en la investigación, la prueba, el debido proceso y la aplicación de la ley.
Por eso, también corresponde reconocer la labor del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo, que intervinieron en este proceso defendiendo la posición del Estado.
Guillermo Bermejo tuvo derecho a defenderse, a cuestionar las pruebas y a recurrir la sentencia. Lo hizo. La justicia revisó su caso y la Corte Suprema confirmó la condena. ¿Ya lo podemos terruquear?




