Política

PEOR QUE CHORLITOS

Por: Ántero Flores-Aráoz

Al recurrir Odebrecht al CIADI, para resolver parte de los diferendos que mantiene con el Perú, nos hace sentir a muchísimos compatriotas que nos han agarrado de lornas y, diría, que peor que chorlitos.

Las empresas del Grupo Odebrecht y sus consorciados, no solo cobraron al Estado muchísimo más dinero que el valor de las obras a su cargo, sino que además con el plus, sobornaron a funcionarios peruanos para obtener las contrataciones.

Cuando se descubrieron los ilícitos penales de sus representantes, el Perú trató de resolver la situación, llevando en cuerdas separadas el tema de la investigación penal y la penalización de los responsables, respecto a la prosecución de las obras, habida cuenta que existían de por medio proveedores, acreedores, tributación pendiente e incluso miles de trabajadores que pudieren verse afectados, así como mayores costos originados en paralización de obras y posterior reiniciación.

Con sano propósito las autoridades nacionales trataron de llegar a acuerdos con Odebrecht, para lo cual se utilizaban varios de los sistemas que permite nuestra legislación penal, como entre otros confesión sincera y colaboración eficaz. Sin embargo, hemos podido observar que los supuestos arreglos han sido parciales en lugar de integrales y, en adición, la información que proporcionaron, lo que fue a cuentagotas e incompleta. Además que se ha tomado el pelo a las autoridades nacionales, quienes han viajado muchísimas veces a Brasil, con resultados magros, en que los casos tratados han sido pocos en relación con la cantidad de obras desarrolladas por Odebrecht, las indemnizaciones o reparaciones diminutas y sin que se haya restituido al Perú los mayores costos sufragados. Y, lo que es peor, permitiendo la transferencia de varios de sus importantes bienes sin deducir la integridad de las indemnizaciones y otra serie de obligaciones pendientes.

Si es que lo hubo, no se conoce el contenido de contrato de arreglo final, y por la actitud de Odebrecht se sospecha que no se le exigió renuncia a interponer acciones administrativas, judiciales y arbitrales, tanto en el Perú como en el exterior, lo que ha derivado en que Odebrecht tenga el cuajo de demandar arbitraje internacional.

Cierto es que el Perú no estaba preparado para asumir un tema tan peliagudo como el de Odebrecht, con implicancias económicas, contractuales y penales, sin olvidar consecuencias sociales por el personal laboral que podría ser perjudicado. Y, todo ello, con el agravante que era un tema de carácter internacional, pero no solo bilateral, sino multinacional por existir contrapartes en diversos lugares del Orbe y porque los pagos corruptos se realizaron a través de instituciones bancarias de varios países.

Para colmo, podríamos decir que ha existido en la defensa de los intereses nacionales, grave confusión de roles, no habiéndose distinguido con la precisión deseada lo que era competencia de la Procuraduría, Ministerio Público y Poder Judicial. Mientras a la Procuraduría, que forma parte del Sistema de Defensa del Estado, le corresponde su defensa propiamente dicha, al Ministerio Público (Fiscalía) le compete la investigación del delito y el ejercicio de la acción penal contra los que pudiesen haberse encontrado responsables. Y, por último, al Poder Judicial el procesamiento de los acusados, así como autorizar u homologar las medidas que pudiere haber dispuesto la Fiscalía.

Un tema tan importante, como el actuar corrupto de Odebrecht y sus representantes, debería haber obligado al Estado Peruano a tener un grupo multidisciplinario y multisectorial, que pudiere recomendar las estrategias y tácticas de defensa, Así como prever y de ser el caso impedir, nuevas acciones de Odebrecht contrarias al interés nacional, ya que como hechos dicho el sistema de defensa del Estado no estaba preparado para afrontar situaciones tan complicadas y con ramificaciones internacionales.

Hubo error en concentrar en el Ministerio de Justicia el tratamiento del caso, cuando su expertisse no es el económico vinculado con ejecución de obra pública.

Si bien es tarde para corregir todo lo actuado, no es muy tarde para impedir que nos sigan cogiendo de lornas en el futuro y para que se pueda por la vía de la negociación y conciliación, encontrar el camino correcto que nos lleve a recuperar lo pagado en demasía y poder cobrar reparaciones civiles por los daños ocasionados.

Así como todas las obligaciones de las cuales el Estado es acreedor directo o indirecto y sin que importantes obras queden inconclusas. Si algo puede también ayudar, es mirar como se hizo exitosamente en Colombia

 

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