La columna del Director

PEDRO SALINAS O LA DIFAMACIÓN. UN ESTUDIO INTERNACIONAL

Por: Luciano Revoredo

Recientemente el periodista peruano Pedro Salinas Chacaltana saltó nuevamente a la escena mediática a raíz de que su empresa de relaciones públicas —Chirinos, Salinas y Asociados, CHISAC— se ha visto envuelta en un caso de corrupción relacionado con la corrupta gestión municipal de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

A ello se suma la reciente publicación de un importante texto jurídico en el que se analiza el caso del juicio por difamación que el periodista Salinas enfrentó y por el que fue condenado en 2019. Este estudio:  https://dpicuantico.com/area_diario/libertad-de-expresion-y-periodismo-vs-honor/, fue realizado por el reconocido jurista argentino Daniel R. Pastor, que es reconocido internacionalmente en su oficio. Salinas Chacaltana, quizá hoy más que nunca, parece estar viviendo en carne propia aquello de que “los males vienen juntos”. Imaginamos que su ya mellada imagen pública debe requerir de los buenos servicios que su empresa ofrece, con los que ha intentado lavar la imagen de justos y pecadores.

El lector, si es que lo recuerda, podría preguntarse: ¿no le fue retirada a Salinas la condena por difamación agravada? En realidad, no. El querellante, el obispo Eguren de Piura, se desistió de la querella luego de que la jueza a cargo del proceso dictara sentencia favorable para él. Como se recordará, el dictamen fue adverso a Salinas y por más intentos que ha hecho el periodista por minimizar el fallo y pretender que el desistimiento anula la condena, el hecho jurídico permanece: Pedro Salinas fue condenado por difamación agravada.

Es relevante llevar el asunto al plano de los hechos. Las razones aducidas por el obispo Eguren para desistirse no alteran ni la naturaleza de los hechos que lo llevaron a iniciar la querella, ni la sustancia del veredicto judicial que, luego del debido proceso, encontró culpable a Salinas.

En su sesudo trabajo, Pastor delinea algunas críticas a la manera en la que actualmente se procesan casos en los que se ve enfrentado el derecho a la libre expresión, por un lado, y el derecho a la buena fama, por otro. Para Pastor, “hoy los procesos penales por delitos contra el honor son tan largos como costosos (…) La regulación actual no solo obliga a las personas a ingresar en agobiantes procedimientos en donde se discute un elemento de casi imposible comprobación, sino que acaba por correrse el foco de lo que realmente importa, que es la falsedad de los hechos y el deficiente comportamiento profesional del querellado”. Ante ello, Pastor propone una serie de reformas que harían que este tipo de procesos sean más eficientes y expeditivos.

En un momento de la lectura del estudio, confieso que pensé que tal vez el autor iba a explicar que, bajo su propuesta de reforma, el periodista Salinas hubiese salido bien librado del juicio por difamación. Honestamente contemplé la posibilidad de que su caso —y su condena— se haya debido en parte a una falla del sistema. Pero no, también en el caso de que Salinas hubiese sido juzgado en un sistema configurado según las propuestas de Pastor, el resultado hubiera permanecido inalterado: incurrió en difamación agravada. En ese escenario hipotético, como dice Pastor, “el proceso habría durado mucho menos tiempo” pero “la jueza habría determinado muy rápidamente que no se cumplieron los deberes mínimos de un periodista” obteniéndose el mismo resultado.

Más allá del caso de Pedro Salinas, las observaciones de Pastor son dignas de consideración pues echan luz sobre algunas deficiencias del sistema actual y plantea vías de solución que, al menos, son un punto de partida para una reflexión ulterior.

El estudio del penalista Daniel Pastor, pues, constituye un aporte que debería considerarse en el necesario debate acerca del balance entre la salvaguarda de la libertad de expresión —y sus límites democráticos— y la protección frente a afirmaciones que pudieran agraviar y mermar el bueno nombre del ciudadano. En esta línea, también contribuye a develar las redes de “blindaje fraterno” que se suscita entre los colegas del gremio cuando uno falta a la ética.

Ese “uno para todos, todos para uno”, que alegremente esbozo una periodista peruana en una entrevista precisamente a Pedro Salinas tratando este caso, no hace sino más urgente la reflexión sobre ese fino equilibro entre la libertad de expresión y el derecho a la honra.

 

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