Por: Hugo Guerra Arteaga
La izquierda intenta extorsionar a la presidenta Fujimori. Pide la presidencia de la Cámara de Diputados y del Senado; que el gabinete incorpore a opositores; que se ruegue “de rodillas” perdón por la lucha antisubversiva de los años noventa y por la muerte de subversivos en 2022; y el indulto para Castillo. Todo lo empaqueta con la supuesta urgencia de una “reconciliación nacional” basada, entre otras cosas, en convertir en vinculantes los hallazgos de la CVR.
Ridículo e inaceptable. Reconciliarse presupone que el agresor reconoce el crimen, pide perdón y dice la verdad. Sendero y el MRTA nunca lo hicieron. Sus nuevos brazos políticos, como el Movadef y el ML-19, reivindican ahora su accionar como “guerra popular”. Sin reconocimiento del delito, no hay materia para la reconciliación, sino solo impunidad encubierta. El genocidio no se reconcilia: se juzga y se condena.
La justicia no es venganza. SL y el MRTA incurrieron en crímenes de lesa humanidad, pero el Estado solo se allana a liberar a los asesinos y a resarcirlos, mientras ignora a las víctimas. Los subversivos no han abandonado el marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo; solo han cambiado su forma de lucha. Antes era con dinamita y AKM; ahora, mediante la toma del Estado por la vía electoral, la infiltración en sindicatos, universidades y gremios, y el cambio constitucional.
Reconciliarse es abrir la puerta a la destrucción del sistema democrático. La izquierda postula el partido único, la dictadura del proletariado, la economía estatizada, la censura y el fin de la propiedad privada. No se puede reconciliar la Constitución de 1993 ni el Estado de derecho con una ideología cuyo programa explícito es abolirlos. Es una contradicción lógica.
Reconciliarse por decreto rompería el contrato moral de la sociedad con quienes la defendieron. Un país que olvida a sus víctimas y premia a sus verdugos pierde su brújula moral. Defender ideas comunistas no es una opinión inocente: es proponer un modelo criminal. Si el mensaje es que se puede masacrar a miles de peruanos y, treinta años después, ser considerado un interlocutor válido, con ONG, partido y curul, se está incentivando a la siguiente generación a hacer lo mismo. La no reconciliación es disuasión.
“Ni olvido ni perdón” no es odio ni revancha. Es un principio de realidad: no se puede reconciliar a una sociedad con quienes no se arrepienten, reivindican el crimen y mantienen el mismo objetivo final de tomar el poder para imponer un proyecto totalitario. Keiko puede invocar la unidad nacional de demócratas y patriotas. A los asesinos debe combatirlos.
Cómo ya comento Uri Landman, en este mismo sitio, cuando gano castillo dieron una muestra de lo contrario entonces ahora no pueden exigir, que se callen y dejen trabajar.