Por: Uri Landman
El fin de semana pasado, siete policías fueron asesinados en una emboscada en el VRAEM
por los narco terroristas que operan en la zona. El atentado terrorista se perpetró cerca de
la localidad de Natividad, Cusco, en una zona donde operan los narcotraficantes.
Según la información proporcionada por el Ministerio del Interior, los agentes policiales se
desplazaban en una camioneta 4×4 y se presume que fueron atacados con explosivos.
Aparentemente los terroristas primero dispararon al conductor para que pierda el control
del vehículo, el cual quedó volcado al costado del camino y luego los remataron con armas
automáticas. Un octavo policía quedó gravemente herido y hasta el cierre de esta edición
no se conoce su estado de salud.
Luego de este ataque terrorista, surge una larga lista de interrogantes y algunas
reflexiones que vamos a analizar en esta columna.
La primera de ellas y la más obvia, es que Sendero Luminoso sigue vivo y está tan activo
como en sus más sanguinarios momentos en la década de los ochenta y noventa. Por más
que radicales de izquierda como Verónika Mendoza nos quieran engañar que “Sendero ya
fue”, nosotros sabemos que Sendero no ha desaparecido. En vista de su derrota militar
durante el gobierno de Fujimori, los dirigentes terroristas han cambiado su estrategia para
conseguir tomar el poder, ya no a través de la lucha armada, sino a través de las protestas
violentas del pueblo, exigiendo reivindicaciones políticas y sociales, entre ellas la asamblea
constituyente.
Una conclusión que podemos sacar, es que muchas de estas “marchas de protesta” en
contra de Dina Boluarte, lo que realmente han buscado, ha sido distraer los recursos del
estado para liberar zonas enteras del VRAEM para que los narcotraficantes, con el apoyo
de los terroristas puedan trabajar impunemente produciendo y exportando la cocaína a
Bolivia y Colombia.
Desde esta columna preguntamos: ¿Cómo es posible que un equipo policial se traslade en
una simple camioneta 4×4 en una zona hostil, en lugar de utilizar un vehículo blindado?
Sabemos que por la difícil geografía de la selva, con sus caminos de barro, no se puede
utilizar vehículos pesados; pero estoy seguro que los expertos en material militar de la
PNP podrían haber comprado vehículos acordes a la zona y con el blindaje necesario para
proteger a los agentes de la ley. ¿Estaban los policías suficientemente armados para
transitar por una zona de alto riesgo? ¿Por qué la policía tiene que estar en desventaja
táctica y militar con respecto a los terroristas?
Durante los 18 meses del gobierno del corrupto Castillo se desactivó el plan de
erradicación de coca en el VRAEM. El presidente de DEVIDA, Ricardo Soberón (cercano a
Guillermo Bermejo) anuncio el “pacto social ciudadano” mediante el cual el gobierno no erradicaría la hoja de coca a cambio que los propios cocaleros “autoerradiquen sus
propios cultivos que terminan”. Una idea totalmente absurda por donde se le mire. A esto
hay que añadir el anuncio del ex ministro de Defensa, José Luis Gavidia, quien comunicó el
cierre de las cuarenta bases antisubversivas del VRAEM para el año 2026.
Algunos analistas afirman que esta acción terrorista es en represalia a la Operación
Patriota que las fuerzas armadas llevaron a cabo en agosto del año pasado en la zona. Si
este fuera el caso, debemos mandar un mensaje claro y contundente a los terroristas. En
los próximos días o semanas, las fuerzas armadas tienen que planear y ejecutar una
segunda Operación Patriota que sea mucho más grande y efectiva que la primera, para
terminar de aniquilar de una vez por todas a estos asesinos.
No puedo dejar de preguntar dónde están los paladines de los derechos humanos ¿Acaso
los policías asesinados y sus familias no tienen derechos humanos?
Para escribir este artículo he revisado varias de las redes sociales, entre ellas Twitter, para
saber qué han publicado “ilustres” defensores de los derechos humanos como Verónika
Mendoza, Rocío Silva Santisteban, Indira Huillca, Carlos Rivera Paz (abogado de
terroristas), Lucía Alvites y una larga lista de comunistas. ¿Saben lo que encontré? La
respuesta es ni una sola palabra. Para todos ellos, el asesinato de estos siete valerosos
policías no es digno de mención en sus redes sociales. Su silencio los hace cómplices de los
terroristas.
También estuve buscando lo que la “Misión de Solidaridad Internacional y Derechos
Humanos” proveniente de Argentina y que se encuentra en nuestro país por estos días,
había declarado sobre el tema. Por más que busqué por casi una hora en todas las redes
sociales y periódicos no pude encontrar una sola palabra. Para ellos, los policías
asesinados por los terroristas no tienen derechos humanos.
Esta “Misión de Solidaridad” esta lideraba por el kirchnerista y fundador del grupo de
izquierda socialista Bloque Frente de Todos, Juan Grabois, y por los diputados argentinos
Federico Fagioli y Juan Marino. Está claro que la presencia de esta “misión” es una clara
interferencia de extranjeros en la política peruana y no debe ser permitida. El sujeto
Grabois quien aseguró en una conferencia de prensa que en Perú se estaban cometiendo
“delitos de lesa humanidad”, es un agitador internacional y ya fue deportado de Colombia
en el año 2021 cuando protagonizó un incidente en el aeropuerto de dicho país, al que
llegaba para una misión durante una Paro Nacional en el gobierno de Iván Duque.
El jefe de esta “misión” ya ha estado anteriormente en nuestro país cuando se reunió en
plena campaña electoral de la segunda vuelta con Vladimir Cerrón y Verónika Mendoza.
Pregunto desde esta columna ¿qué está esperando el gobierno para expulsarlos por
injerencia en los asuntos políticos internos?
