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DESIGNAN COMO VICEMINISTRA DE JUSTICIA A CUESTIONADA FUNCIONARIA

El 23 de julio se ha publicado en el diario oficial El Peruano la RESOLUCIÓN SUPREMA N° 188-2020-JUS que designa a la abogada Úrsula Desilú León Chempén, en el cargo de Viceministra de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Al respecto cabe recordar que la mencionada funcionaria tiene una trayectoria en diversos cargos en el sector público, especialmente en este gobierno y en el de Humala.

Ocupó el cargo de Secretaria General del Ministerio de Educación durante todo el gobierno de Ollanta Humala, concluyendo en el año 2016 en la gestión de Jaime Saavedra; luego fue Secretaria General de la Presidencia del Consejo de Ministros durante la gestión de Salvador del Solar y volvió a la secretaría general del MINEDU con Flor Pablo, la recordada “ministra porno”. Es importante mencionar que el MINEDU durante el gobierno de Humala empezó a trazar toda estrategia para introducir la ideología de género en la educación peruana, lo cual continuó en el periodo de PPK y el actual.

Recientemente reapareció como secretaria técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el coronavirus (COVID-19).

Es conveniente recordar que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República halló responsabilidad política en varios exministros de Educación y funcionarios, del Gobierno de Martín Vizcarra, por las irregularidades encontradas en los textos escolares, como los enlaces con controvertido contenido sexual. Entre ellos se encontraba Úrsula Desilú León Chempén a la que se señaló como presunta responsable de los delitos de colusión desleal, aprovechamiento indebido del cargo, contra la fe pública en modalidad de falsedad ideológica, incumplimiento de funciones y abuso de autoridad.

Estos presuntos delitos habrían ocurrido cuando se pagó casi cuatro millones de soles (alrededor de 1,6 millones de dólares) a la OEI “para ejecutar procesos de selección para compras de textos y materiales educativos” sin “sustento alguno más que solo la aprobación de sendas resoluciones ministeriales para efectuar dichos pagos”.

Este informe de la Comisión de Educación del Congreso no llegó a mayores consecuencias luego del golpe de estado de setiembre del año pasado.

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