Por: Luciano Revoredo
El reciente nombramiento de un nuevo nuncio del Vaticano en Caracas, que presentó sus cartas credenciales a Nicolás Maduro, es un hecho que no puede pasar desapercibido y merece una firme condena. Este nombramiento, en un contexto de cuestionamientos por fraude electoral y graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro, representa un grave error por parte del Vaticano.
La Iglesia Católica, históricamente defensora de las libertades y los derechos de los más vulnerables, debe estar del lado del respeto a las libertades y del estado de derecho. Sin embargo, este acto simboliza un respaldo implícito a un gobierno espurio, lo cual contradice los valores que la Iglesia debe defender.
Nicolás Maduro es un tirano que ha sido señalado por llevar a cabo elecciones fraudulentas y por una constante represión contra la oposición y la población civil. La mayoría de países de la región no reconocen su legitimidad. Se han documentado repetidamente casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, persecución a la oposición y al periodismo, así como detenciones arbitrarias en Venezuela. En este contexto, la decisión del Vaticano de nombrar un nuncio y reconocer al gobierno de Maduro a través de este acto diplomático se percibe como una legitimación de un régimen que viola los principios más básicos de la democracia y los derechos humanos.
Este acto no solo legitima a un gobierno ilegítimo, sino que también socava los esfuerzos de aquellos que, dentro y fuera de Venezuela, luchan por restaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país. Al recibir al nuevo nuncio, Maduro obtiene una victoria simbólica y política, pues le permite mostrar al mundo que cuenta con el respaldo de una institución tan influyente como la Iglesia Católica, lo cual puede desmoralizar aún más a los que se oponen a su gobierno.
La posición del Vaticano no es nueva. Desde que se agudizó la crisis política en Venezuela, el Papa Francisco ha insistido en la necesidad de diálogo entre las partes en conflicto. Sin embargo, esta insistencia en el diálogo como si ambas partes tuvieran la misma legitimidad y responsabilidad ha sido fuertemente criticada.
La tiranía comunista de Maduro no puede ser equiparada con las fuerzas democráticas que buscan la libertad y el bienestar del pueblo venezolano. Esta falsa equivalencia no solo es injusta, sino que también perpetúa la opresión del pueblo venezolano, al poner en el mismo nivel a quienes luchan por la democracia y a quienes la socavan.
La Iglesia Católica tiene un deber moral y espiritual de estar al lado de los oprimidos y de denunciar la injusticia en todas sus formas. En el caso de Venezuela, donde millones de personas sufren por la falta de alimentos, medicinas y libertad, la Iglesia debe ser una voz clara y contundente en defensa de los derechos humanos. El apoyo o la aparente neutralidad ante un régimen que oprime y viola sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos es incompatible con la misión de la Iglesia de defender la dignidad humana que viene desde siempre como un punto central de la doctrina social de la iglesia que el Papa Francisco parece haber olvidado.
El Vaticano debe revisar su postura y acciones en relación con el gobierno de Maduro. El respeto a las libertades y el Estado de derecho deben ser principios no negociables. No se puede permitir que el peso moral, la tradición y la influencia del Vaticano sean utilizados para avalar regímenes que están en contra de estos principios. La diplomacia vaticana siempre se ha caracterizado por la prudencia.
La historia ha demostrado que la Iglesia siempre ha sido un faro de esperanza para aquellos que sufren, y este es el momento de estar a la altura de ese papel.
El pueblo venezolano necesita el apoyo de todas las instituciones que valoran la libertad y la dignidad humana, y el Vaticano no debe ser una excepción. La esperanza de un futuro mejor para Venezuela depende de la firmeza y la coherencia de quienes defienden estos valores fundamentales.
como siempre, un titulo inexacto…